De acuerdo con un tribunal, la PGJ capitalina violó una orden judicial al dar carpetazo y consumar la investigación por extorsión en contra de Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga, quien presuntamente, en 2015, pidió 5 millones de dólares para no frenar el desarrollo inmobiliario de Rubén Darío 225, en la colonia Polanco, desarrollo a cargo de la inmobiliaria Abilia, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala.
Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México violó una resolución judicial al dar carpetazo y consumar la investigación por extorsión en contra de Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga, informó el día de hoy el periódico Reforma.
En agosto de 2015, la inmobiliaria Abilia, misma que pertenece a la empresaria María Asunción Aramburuzabala, levantó una denuncia en contra de Pérez Romo por el intento de extorsión por 5 millones de dólares para no frenar el desarrollo inmobiliario de Rubén Darío 225, en la colonia Polanco.
De acuerdo con el medio de circulación nacional, el pasado 2 de marzo la PGJ propuso el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08, determinación que contravino una disposición judicial que impedía a la dependencia proponer el carpetazo y consumar el caso.
Luego de la interposición de un recurso de amparo interpuesto el 28 de octubre de 2015 por parte de la defensa de Aramburuzabala para evitar que la Procuraduría diera por concluido el caso, el 3 de junio de este año el Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, José Díaz de León, determinó que la sola propuesta de archivar la denuncia de la empresaria era violatoria de la ley, menciona Reforma.
El recurso fue presentado con la intención de contrariar la negativa de la PGJ de llamar a declarar como testigos, en contra de Pérez Romo, a los condóminos de Rubén Darío 223 -donde también vive la esposa del periodista- y de requerir diversos documentos.
El 8 de julio de este año, el titular de la Procuraduría, Rodolfo Ríos, ignorando los reclamos de la empresaria mexicana y la resolución judicial, notificó a las partes la determinación de no ejercer acción penal en contra de la esposa de López-Dóriga por lo que el caso habría quedado varado.
Sin embargo, la dependencia mencionada terminó por desechar el amparo bajo el alegato de que la PGJ ya había admitido que los condóminos se presentaran a declarar como prueba en favor de la parte demandante, por lo que estaría cumplimentando uno de los objetivos principales de la demanda.
Empero, detalla Reforma, el Ministerio público (MP) nunca llamó a interrogar a los condóminos por lo que la defensa de Aramburuzabala presentó un recurso de revisión en contra del desechamiento del amparo y de la suspensión definitiva que continuaba vigente.
El 15 de junio pasado, la PGJ presentó una queja ante el Octavo Tribunal Colegiado Penal con el fin de desechar el resolutivo con el que el juez Díaz de León le atribuyó el desacato. No obstante, el enjuiciador determinó que hubo un desacato pero no impuso sanción o denuncia contra la dependencia, debido a que la Procuraduría capitalina admitió las pruebas ofrecidas por Abilia a pesar de no haber hecho el interrogatorio a los condóminos.
Por dicha omisión, Reforma explica que la inmobiliaria de Aramburuzabala presentó un nuevo recurso de amparo pidiendo se ordene citar a declarar a los testigos, entre ellos al propio Joaquín López-Dóriga.
El 21 de agosto de 2015, la inmobiliaria Abilia encargada del desarrollo del proyecto de 122 departamentos en Rubén Darío 225, en la colonia Polanco, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, denunció a Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López Dóriga, por extorsión.
Por ello, presentó una denuncia ante la fiscalía de Miguel Hidalgo bajo el número CI-FMH/MH-5/UI- 3 S/D/00427/08-2015,en contra de Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, vecinas de Pérez Romo, e incluye a sus abogados Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans.
Ese mismo día el periódico Reforma también difundió un video que forma parte de la denuncia y que fue grabado el pasado 16 de junio de 2015 en las instalaciones de inmobilaria, en el que se observa al abogado Becerra, solicitar el dinero a nombre de Adriana Pérez Romo.
“En pocas palabras, quieren dinero, cabrón […] A eso se resume, aunque se oiga así de brusco. No hubiera querido yo venir a decírtelo nunca, y a eso se redujo: quieren dinero. ¿Cuánto quieren? Quieren 5 millones de dólares”, se escucha decir a Becerra Pocoroba.
La denuncia realizada por la inmobilaria de Aramburuzabala acusa, además, a Paloma Cerrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, vecinas de Pérez Romo y los abogados de esta última, Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans.
El 26 de julio de 2015, María Asunción Aramburuzabala, considerada por Forbes como la mujer más rica de México, dijo al diario Reforma que Joaquín López-Dóriga la amenazó con destruirla luego de que la empresaria denunciara a la esposa del periodista por extorsionarla.
“Que el señor López-Dóriga no se equivoque, yo no estoy litigando este asunto en medios, estoy litigando este asunto penalmente, con denuncias penales […] Lo que estoy haciendo es exponer públicamente su mugrero. Él me amenazó de que si yo hablaba, sabría lo que es tener el rigor de todos los medios sobre mí y me iban a destrozar, cosa que me causó un gusto infinito porque mientras más lo publique y más lo hablen, más gente sabrá lo que ellos están haciendo”, dijo Aramburuzabala al diario capitalino.
El 6 de octubre del año pasado, Joaquín López-Dóriga aseguró que no existió extorsión alguna de su parte hacia la empresaria María Asunción Aramburuzabala, tal cómo ella lo afirmó. Sin embargo, no desmintió que su esposa, Teresa Adriana Pérez Romo, hubiera extorsionado a la ex vicepresidente ejecutiva del Grupo Corona.
“En lo de la extorsión es totalmente falso, jamás he hablado con ella [con Aramburuzabala], y sí en realidad hubiera existido, hubiera procedido penalmente”, afirmó el también conductor de un noticiario en Radio Fórmula.
En una comunicación difundida en su portal web el 22 de agosto pasado, Noticieros Televisa respaldó al periodista en el litigio inmobiliario que ha llegado al ámbito penal después que la inmobiliaria Abilia denunció un intento de extorsión por 5 millones de dólares.
