Por Denisse Hernández
Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo/Zona Franca).- Tres de los ejecutores de la agresión a la reportera del Heraldo de León, Karla Silva, han sido liberados. Sólo un presunto responsable permanece en la cárcel. Pero podría salir próximamente gracias a un error cometido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG).
Luis Gerardo Hernández Valdenegro, Joaquín Oswaldo Valero Garnica y José Samuel Ornelas Martínez fueron quienes entraron a las oficinas de El Heraldo de León en Silao el 4 de septiembre de 2014 para golpear y amenazar a la reportera. Del mismo modo, los hombres agredieron a la auxiliar del periódico, Adriana Elizabeth Palacios y robaron pertenencias de ambas jóvenes, así como del medio informativo.
El 11 de septiembre de 2014 fueron detenidos Luis Gerardo y Joaquín Oswaldo. De acuerdo con los trabajos realizados por la PGJEG, Hernández Valdenegro fue el contacto entre los autores intelectuales del delito y los otros dos ejecutores.
El hermano de Luis Gerardo, Guillermo Eusebio, fue llamado a declarar. A través de su testimonio él reveló que no sólo hubo un servidor público involucrado en el caso, sino que el coordinador operativo de la policía silaoense, Jorge Alejandro Fonseca Durán, apodado “el pelón”, también participó. Él habría transportado a los tres jóvenes hasta las oficinas del periódico. Fue detenido el 20 de septiembre.
Cuatro días después el procurador, Carlos Zamarripa Aguirre, anunció la captura de José Samuel, quien fue el encargado de propinar la golpiza a Karla Silva.
Asimismo, el servidor público estatal informó que -de acuerdo con las investigaciones- el secretario de Seguridad Pública de Silao, Nicasio Aguirre Guerrero, habría sido uno de los autores intelectuales del delito.
Hasta este momento se desconoce el paradero de Aguirre Guerrero, quien anteriormente se desempeñó como policía ministerial, además de haber sido chofer y guardaespaldas de la esposa del Alcalde priista de aquel municipio, Enrique Benjamín Solís Arzola.
Este último ha sido señalado desde el primer momento como el mayor interesado en silenciar el trabajo periodístico de la comunicadora, quien criticaba las fallas de su gestión.
AGRESORES QUEDAN LIBRES
Los cuatro detenidos fueron vinculados a proceso penal bajo la causa 1P3714-132; todos acusados por los delitos de robo, amenazas y lesiones. El caso ha sido tratado como cualquier otro debido a que en Guanajuato no están tipificados los delitos en contra de la libertad de expresión.
Pasaron poco más de cuatro meses para que tres de ellos fueran puestos en libertad.
Luis Gerardo Hernández Valdenegro solicitó ser juzgado a través de un procedimiento abreviado; con éste aceptó su culpabilidad. Inicialmente, las lesiones de las que fue objeto Karla Silva fueron calificadas como graves; habrían puesto en peligro la vida de la periodista.
Sin embargo, la Fiscalía –encabezada por la agente del Ministerio Público, Yolanda Ramírez Domínguez – solicitó que la gravedad del delito se aminorara; esto porque un segundo peritaje médico evidenció que las heridas no arriesgaron a la reportera y sólo dejarán una cicatriz “permanente y notoria”.
Con ello, la condena de Hernández Valdenegro se redujo y –sin importar que contaba con antecedentes penales- el 23 de enero de 2015 alcanzó la libertad después de pagar una multa de 1 mil 466 pesos.
Además, el culpable confeso entregó un pagaré a las ofendidas; con él se comprometía a dar 61 mil pesos a Karla y 50 mil a Adriana Elizabeth por concepto de reparación del daño.
Se desconoce si el dinero llegó a manos de ambas.
Trascendió que la libertad de Luis Gerardo tuvo lugar gracias a un acuerdo entre la PGJEG y el agresor, quien de inmediato se convirtió en testigo del caso.
Karla Silva aseguró que estaba conforme con los resultados y se dijo satisfecha porque el responsable aceptó su responsabilidad.
No diría lo mismo el día 30 de abril, cuando un juez determinó liberar también a Joaquín Oswaldo y José Samuel, quienes guiados por el ejemplo de su cómplice solicitaron el procedimiento abreviado.
En aquel momento, la Fiscal intentó mantener a los responsables en prisión al contradecir sus propios argumentos y señalar que la reportera pudo haber perdido la vida debido a los golpes que recibió.
Esto no fue aceptado por el juzgador y les permitió abandonar el Centro de Readaptación Social (Cereso).
Inicialmente se les impuso el pago de 2 mil 550 pesos de fianza y la prestación de trabajo comunitario.
En esta ocasión, Karla Silva se inconformó.
A partir de ello, en junio un magistrado resolvió que ambos volvieran a prisión de manera parcial.
Desde entonces Ornelas Martínez y Valero Garnica han regresado a la cárcel, durante los fines de semana, y así continuarán haciéndolo durante los próximos cuatro años siete meses.
Ellos no debieron pagar por la reparación del daño; ésta se supuso cubierta por Luis Gerardo.
EL ÚNICO IMPLICADO PODRÍA SER ABSUELTO
Debido a un error de procedimiento cometido por la PGJEG, el único de los implicados que aún se encuentra preso, Jorge Alejandro Fonseca Durán, podría quedar en libertad.
El 4 de febrero su defensa acusó al Ministerio Público de violentar los derechos del ex servidor público al quebrantar la Ley del proceso penal para el estado de Guanajuato.
Esto, debido a que la dependencia estatal omitió informarles que la investigación respecto al caso había sido cerrada.
Asimismo, los abogados de Fonseca Durán aseguraron que el documento que da cuenta del cierre no obraba en la carpeta correspondiente.
El juez aceptó que la falta denunciada podría conducir a la extinción de la causa penal, y por tanto al sobreseimiento de la misma.
No obstante, declaró que era necesario ponderar los derechos fundamentales de las víctimas por sobre el error del Ministerio Público, dado que éste no ocasiona una grave afectación a los inculpados ni a su derecho a ser defendidos.
La defensa se inconformó y acudió ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Éste decidió dar la razón al juez y continuar con el caso.
Ante ambas determinaciones, los abogados de Fonseca Durán optaron por interponer una demanda de amparo.
Con ella, el juez décimo de distrito, J. Guadalupe Bustamante Guerrero, concedió la suspensión provisional del caso en lo que respecta al expolicía, éste será retomado una vez que se resuelva si se le otorga o no el amparo.
El 30 de abril de 2015, por el juez de oralidad penal, José Argüello Uribe, concedió también la suspensión.
Éste aclaró que la resolución sobre el amparo deberá llegar antes de que Fonseca Durán haya cumplido dos años en prisión preventiva, dado que, de acuerdo con la norma, quienes permanecen más de dos años en la cárcel sin que se les dicte sentencia deben ser liberados.
Exactamente un mes después se hizo público que al exfuncionario también se le acusa de tortura en contra de la reportera.
“Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada”. -Artículo 264 del Código penal para el estado de Guanajuato
JUEZ TIENE BUENA RELACIÓN CON EDIL
El juez federal J. Guadalupe Bustamante Guerrero, quien es el encargado de resolver el amparo antes mencionado, guarda una relación de “camaradería y buen trato” con el Presidente Municipal de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola.
El señalamiento fue expuesto también ante un juez por Luis Gerardo Hernández Valdenegro.
El 25 de mayo, éste fue baleado mientras se encontraba en la carretera que conduce a la comunidad de Santa Ana del Conde.
Las heridas que le produjeron los impactos del arma de fuego fueron graves.
Por ello, se solicitó que rindiera su testimonio inmediatamente después de que abandonó el hospital.
En su declaración, Luis Gerardo aseguró que la instrucción de agredir a Karla Silva vino del “señor Alcalde” de Silao.
A pesar de la acusación, la PGJEG no ha logrado hacer que el servidor público hable ante el Ministerio Público.
Solís Arzola terminará su gestión en octubre próximo.
Es así como un claro atentado en contra de la información, la libertad de expresión y la labor periodística podría quedarse sin castigo alguno.
Y es que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), determinó no atender el caso, dado que ya lo atiende la Procuraduría local.
