Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– Desde aquel febrero de 2006, cuando ocurrió la explosión de Pasta de Conchos, donde quedaron sepultadas 65 personas, a la fecha han muerto otros 105 mineros en la región carbonífera de Coahuila, denunció Cristina Auerbach Benavides, asesora de la organización Familia Pasta de Conchos.
La activista aseguró que se trata de una “muerte hormiga”, en la que pocos se interesan y documentan, pero que cobró durante los últimos siete años la vida de decenas de mineros, debido a que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y el gobierno de esa entidad no vigilan adecuadamente que las minas de carbón cumplan con las reglas de operación establecidas en los manuales y normas oficiales.
“Son 105 para ser exactos, por lo que ya superamos a los que murieron en Pasta de Conchos por mucho en diferentes minas; se trata de una muerte hormiga. Con Pasta de Conchos todos se rasgaron las vestiduras, pero no hicieron nada, y de 2006 a la fecha van 170 en total contando los de aquella tragedia”, dijo.
Refirió que entre las muertes de esos 105 mineros hay ex funcionarios municipales involucrados, como en el caso de 10 obreros que murieron de 2011 a la fecha en pocitos propiedad del del ex Presidente Municipal de Progreso, Federico Quintanilla, sin que ninguna autoridad emita sentencia en contra de ese patrón.
El último accidente que cobró la vida de un minero en Coahuila ocurrió el 7 de julio de este año, cuando Armando Cantú Degollado falleció en un pocito de carbón de la empresa Mitrosa, la cual operaba sin permiso de acuerdo con el Acta de Inspección Extraordinaria a la que tuvo acceso la organización Pasta de Conchos.
La compañía tiene contrato con la “Promotora para el Desarrollo Minero” (Prodemi) del Gobierno del Estado de Coahuila desde 2009, por 20 mil toneladas de carbón para el último año y opera a pesar de que la Secretaría de Economía le canceló el título de concesión.
Algunas de la violaciones graves en las que incurrió Mitrosa fue la falta de capacitación al trabajador muerto, así como la falta de transparencia sobre otros accidentes en el centro de trabajo, no cumplía con las especificaciones técnicas en el tamaño de los marcos, ni con los registros de concentraciones de gas metano al inicio, durante y al finalizar cada turno.
“La culpa es del gobierno de Coahuila. A la Prodemi se le asigna el contrato de las tres millones y medio de toneladas de carbón para la CFE [Comisión Federal de Electricidad] y ésta le entrega contratos a unas 72 empresas que tiene registradas, de las cuales la mayoría no cumple con las reglas, al menos una trabaja con el permiso cancelado. Creo que hay un entramado de corrupción porque la Prodemi representa la caja chica del gobierno, no hay transparencia de cómo entregan los contratos, se buscan los centros de trabajo y no existen, entregan contratos a coyotes, a empresas que no tienen los trabajadores y cuando se muere un minero no se abren averiguaciones previas”, detalló.
Auerbach Benavides indicó que desde el accidente de Pasta de Conchos a la fecha no existe una sentencia que condene a un patrón por la muerte de mineros.
“Nosotros como organización peinamos toda la zona carbonífera y constatamos que los centros de trabajo no cumplen. Uno de los patrones me dijo una vez: ‘tu me podrás decir que cierre, y lo que quieras, pero no lo voy hacer. Si se me muere un pelado pago 180 mil pesos por reparación del daño y yo sigo trabajando’, con eso se lavan las manos”, narró.
NO HAY IMSS, NI SEGURIDAD EN LAS MINAS
La organización Familia Pasta de Conchos documentó que ocho de las empresas que tienen contrato asignado por el gobierno del estado, tienen cero trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y alrededor de 15 compañías tienen de uno a 10 trabajadores.
En total hay un registro oficial de mil 200 trabajadores para la región carbonífera. De acuerdo con Cristina, los patrones sólo registran el 26 por ciento de su plantilla laboral ante el seguro social. El resto trabaja en la total indefensión.
En el caso del último obrero muerto en la empresa Mitrosa, la compañía no entregaba a los trabajadores botas con puntera ni ficha metálica de identificación para trabajar, no había un ventilador principal y secundario en el pocito.
Entre las irregularidades que encontró la asociación destaca que 23 del total de las empresas a las que les asignaron contratos para la extracción de carbón, presentaron título de concesión cancelado, inexistente o de extracción de otros minerales en otras entidades de la república.
De acuerdo la NOM-032-STPS-2008, el equipo mínimo de un trabajador de minas de carbón debe ser: cascos de protección, lámpara minera con batería recargable de duración mínima de 1.25 veces el turno del trabajador, cinturón porta lámpara, calzado de protección con puntera, conchas auditivas, lentes de seguridad, guantes, respiradores contra partículas, materiales que no generen electricidad estática, autorrescatador, y ficha metálica de identificación.
Los mineros ganan entre 90 y 100 pesos diarios y si alguna máquina, ventilador o cualquier implemento de trabajo se descompone, ellos deben de pagar el costo de la descompostura.
Si un trabajador muere y si la familia demanda a la empresa una pensión, recibe tres mil pesos mensuales, becas para los niños y una reparación del daño que oscila entre los 150 y 180 mil pesos.
De acuerdo con Familia Pasta de Cochos existen tres tipo de patrones en la zona carbonífera: los que permiten el acceso a sus instalaciones a la Secretaría de Trabajo y a organizaciones acreditas de derechos humanos, los que simulan y hasta piden prestados los implementos de seguridad a otras minas cuando hay una inspección, pero a los 10 días ya están desmanteladas, y las que desafían por completo a las autoridades y trabajan aunque tengan suspendido su lote minero.
“Hay una imposibilidad de la Secretaria del Trabajo de controlarlos si las demás instancias no lo hacen. La Secretaria de Economía tiene un lote que suspendió y sigue sacando carbón, pero la autoridad dice que no tiene facultades para hacer algo. No hay manera de controlarlos”, explicó Auerbach Benavides.
