Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- El relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, hizo un llamado hoy al Gobierno mexicano a tomar en consideración las nuevas evidencias dadas a conocer ayer que refieren que el 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, a los militares se les dio la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Según el experto, “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.
Antes del relator, Amnistía Internacional y Human Right Watch demandaron al gobierno mexicano, también, investigar a los militares.
El relator recriminó además que no haya avances significativos en las investigaciones del caso a un año de los hechos, “aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones posibilitaron el ocultamiento de graves violaciones a los derechos humanos también deben ser investigados”, sostuvo.
El Centro Prodh logró documentar en un informe presentado el día de ayer que los militares del 102 Batallón de Infantería San Antonio del Rosario, responsable del municipio de Tlatlaya, recibieron la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad, y reducir su actividad durante el día, con el fin de acabar con los criminales, mientras que es de noche, ya que la mayoría de los crímenes son cometidos en ese momento “”.
Hoy mismo, la organización Amnistía Internacional pidió a las autoridades mexicanas “investigar con urgencia” la Orden de Relevo y Designación de Mando con la cual el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) documentó que el pasado 30 de junio de 2014 se ordenó a elementos del Ejército mexicano abatir a 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.
“Esta orden militar ha salido a la luz en medio de la crisis más grave de los derechos humanos en la historia reciente de México, que ha dado lugar a miles de muertes y desapariciones”, manifestó por medio de un posicionamiento dado a conocer este día Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En tanto, Christof Heyns, relator de la ONU, destacó en un comunicado emitido desde Ginebra, que la nueva información dada a conocer consiste en documentos militares que revelan las órdenes de operaciones dadas al oficial a cargo de la operación, incluyendo la directiva de que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes”.
Recordó, que de acuerdo con las autoridades mexicanas, todas las muertes del caso Tlatlaya, sucedieron como consecuencia del tiroteo que se produjo durante el enfrentamiento, pero informaciones periodísticas y el testimonio de una de las tres sobrevivientes señalaron que la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento.
“Las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida”, instó el relator.
“La perspectiva de derechos humanos debe ser incluida en todas las órdenes de operaciones, con instrucciones precisas sobre la protección del derecho a la vida y el uso legítimo de la fuerza”, agregó.
El especialista de Naciones Unidas expresó además su preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones.
“A un año de los hechos, los avances en la investigación para establecer lo sucedido en Tlatlaya resultan insuficientes, negándose el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias”, recriminó.
“Las autoridades mexicanas también tienen la responsabilidad de garantizar la protección de las testigos y las familias de todas las víctimas de Tlatlaya […] Esta responsabilidad incluye también la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos relacionados con el caso”, recordó.
Christof Heyns emitió un informe en 2014, tras una misión a México, en donde dijo que los riesgos que para el derecho a la vida supone utilizar el “paradigma militar” en tareas de seguridad y recordó la obligación del Estado de asegurar que las acciones de sus fuerzas de seguridad, incluyendo aquellas realizadas por las Fuerzas Armadas, respeten los estándares internacionales.
SEGOB: ABATIR NO ES PRIVAR DE LA VIDA
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dijo que el término abatir no significa privar de la vida, como fue interpretado en el informe dado a conocer por el Centro Agustín Pro.
“Me parece que lo que si es indispensable revisar completamente la instrucción a la que se ha venido haciendo referencia […] el término ‘abatir’ tiene muchas acepciones y ninguna es privar de la vida, pero un documento como éste, y lo entienden los abogados, tiene que ser interpretado de manera sistemática”, dijo Campa en entrevista para Radio Formula.
El funcionario federal confirmó la autenticidad del texto y aseguró que ya tuvo acercamiento con el Ejército para tratar este tema y que le solicitó “que la interpretación debe de hacerse a la luz del documento completo y que la instrucción tiene referencia constantes y suficientes sobre el respeto a los derechos humanos”.
