Durante 45 días hemos visto al país hundido en un estercolero. En este turbulento 2016 la corrupción ha sido tal vez como nunca antes el personaje central de las campañas políticas en las 14 entidades en que se celebran procesos comiciales, en 12 de ellas para elegir Gobernador del Estado. Si era ya lugar común la queja de que en las campañas proselitistas los candidatos hace tiempo que no ofrecen soluciones y propuestas concretas, esta vez en la mayoría de los casos los aspirantes y sus partidos han optado por la acusación, la diatriba, el ataque descalificador contra sus oponentes.

Las acusaciones sobre negocios turbios, complicidades, enriquecimiento ilícito, complicidades con el crimen organizado, uso ilegal y derroche de recursos públicos y hasta pederastia han sido la constante en las campañas que iniciaron apenas el pasado 18 de mayo y desembocarán en la jornada comicial del domingo 5 de junio. Todavía habremos de conocer más marranadas antes de que abran las casillas.

El panorama que se ofrece al elector común en la mayoría de esas 14 entidades, en las que se elegirán un total de mil 819 cargos públicos, es francamente desalentador. Y ofensivo. En términos de probidad, rectitud, honestidad, salvo notables excepciones, no hay a quién irle. Ocurre tristemente que ése, no otro, es el rostro del México actual. A esos niveles ha descendido la política, hoy sinónimo de rebatiña desenfrenada por los privilegios y la opulencia.

La corrupción cabalga a sus anchas… del brazo de la impunidad. Esto es lo más grave. Gobernantes y candidatos de todos los niveles, por igual, se han acusado mutuamente de prácticas ilícitas para acumular riquezas y poder. Se han filtrado documentos, videos, grabaciones, como ha ocurrido particularmente en Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca y Puebla. ¡Y no pasa nada!

Por eso no nos sorprende que esa sea, ni más ni menos, la percepción de los mexicanos sobre la clase política, según la reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El sondeo publicado apenas este jueves 26 de mayo, entre 87.2 y 90.4 por ciento de los mexicanos considera que la corrupción es una práctica muy frecuente o frecuente; un promedio de 88.8 por ciento, frente al 88.3 por ciento que se registró en 2013. Va en aumento.

La Policía, nos dice el Inegi, lidera la percepción de corrupción, ya que el 89.8 por ciento de los encuestados considera que es una práctica frecuente o muy frecuente en las corporaciones policiacas. Para los partidos políticos la medición no es mejor: 88.6 por ciento. Y para el Gobierno federal alcanza 81.8 por ciento. En el caso de los gobiernos estatales la percepción de corrupción es de 81.6 y para diputados y senadores de 80.8 por ciento. En suma, para nueve de cada 10 mexicanos la corrupción es el segundo mayor problema nacional, sólo después de la inseguridad. De ese tamaño. En tercer lugar está el desempleo y en cuarto la pobreza.

De cara a las elecciones que se avecinan, el resultado de esa encuesta demuestra además, obvio, que al lado de la corrupción y la impunidad, inseparables ambas, está la complicidad. Lo constatamos de manera cotidiana. Nada más elocuente que las resistencias de los diputados y senadores para aprobar las leyes que den sustento a un Sistema Nacional Anticorrupción. Llegan al cinismo. Legisladores de todos los partidos, que por cierto se reparten más de cuatro mil millones de pesos en prerrogativas electorales para este año, se han hecho guajes ante el tema, que los afecta por igual. Se solapan unos a otros. Por eso han “afeitado” la iniciativa original y han postergado su aprobación, que ahora posponen hasta un periodo extraordinario a celebrarse a mediados del mes de junio… una vez salvada la prueba electoral.

Da grima pensar en las consecuencias que esta guerra de lodo puede tener. Por supuesto que –salvo en el caso de Chihuahua, donde existe una clara posibilidad de rescatar la dignidad política– no serán en el sentido de corregir esas prácticas inmorales e ilícitas, como sería deseable. Tampoco un “voto de castigo” contra los delincuentes de todos los colores. Por el contrario se tratará de aprobar, apechugar, solapar y asumir la corrupción como una forma de vida. Y legitimarla. Ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni Morena, ni el Verde –como han demostrado en casos de corrupción registrados en sus propias filas– dan muestra alguna de buscar un camino diferente. La lucha por el poder no se detiene ni ante las evidencias más flagrantes, como ha ocurrido con el caso del panista, expriista, Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz. Resulta que todos son infundios, guerra sucia, difamaciones.

La Ciudad de México, donde se efectuará ante la indiferencia de los capitalinos una elección única para la conformación de la Asamblea Constituyente, cuyos procedimientos resultan un galimatías, tampoco escapa a esa cloaca generalizada. Unos y otros partidos se acusan de compra de votos, reparto de despensas o tinacos, utilización de programas sociales, acarreos y artimañas mil para hacerse a como dé lugar de los 60 curules en disputa. El jefe de Gobierno mismo, Miguel Ángel Mancera Espinosa, ha sido formalmente denunciado por implementar un programa de empleo temporal abiertamente a favor del PRD. Una chulada.

Lo más preocupante es que, en una u otra forma, quienes entre los 34 millones de electores potenciales decidan acudir a las urnas el próximo 5 de junio emitirán su voto no a favor de una plataforma, de un programa de gobierno, de unos principios. Ni siquiera a favor de un determinado partido político o un candidato sin propuesta. Serán sin remedio, otra vez, sufragios a favor de la corrupción y la impunidad. Válgame.

Twitter: @fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

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Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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