Estamos ya casi a la mitad de la campaña presidencial y el tema educativo apenas si se ha asomado al debate. A diferencia de hace seis años, cuando un vigoroso movimiento social, diverso en lo ideológico y en sus propuestas, construyó una confluencia notable para poner en el centro de la discusión de entonces el tema de la baja calidad de la educación mexicana y logró un diagnóstico compartido del que se derivó un proyecto en torno al cual se le pidió a los candidatos de entonces definirse, ahora buena parte de las organizaciones civiles que entonces impulsaron el cambio parecen atrincheradas en la defensa de lo conquistado con la reforma de 2013 y no han sido capaces de hacer un análisis crítico de sus resultados.

La actitud de defensa acrítica de la reforma que parece prevalecer entre las organizaciones civiles enfocadas al tema educativo ha sido alimentada, en buena medida, por los dichos reiterados de Andrés Manuel López Obrador sobre su intención de “cancelar la mal llamada reforma educativa”, clamor radical destinado a ganarse el favor de buena parte del magisterio inconforme con el sistema de evaluación derivado de la Ley General del Servicio Profesional Docente, inconformidad que no se reduce a la mostrada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino que está presente en buena parte del personal docente del país, por más que la dirigencia domesticada del sindicato oficial la haya enmascarado.

La manera en la que López Obrador ha planteado su rechazo genérico a la reforma hace necesario preguntarle si con cancelar quiere decir que se volverá al sistema de compra venta de plazas, a los nombramientos de directores y supervisores como premios a la lealtad sindical o a la pertenencia a redes de clientelas de la burocracia educativa; si por revertir la reforma entiende regresarle el control de la carrera de los maestros a los líderes sindicales para que estos los usen como redes de apoyo a sus intereses políticos. Pero la defensa de la reforma constitucional –incluido el mandato de someter a todo el sistema educativo a evaluación permanente– no debe ser un pretexto para dejar de criticar lo que se hizo mal o muy mal tanto en las leyes reglamentarias como en la puesta en marcha de la reforma.

Y es que la reforma nació contrahecha. Como he escrito en diferentes ocasiones, todo el proceso ha sido tacaño con los maestros y la ley del servicio profesional docente se diseño solo en torno a un sistema de incentivos negativos, fundado en la evaluación que no sin razón ha sido llamada punitiva.

Los que pergeñaron la ley no pensaron en la creación de un auténtico sistema de promoción en la función, donde los buenos resultados de desempeño se reflejaran en ascensos de categoría y nivel; la ley es prolija en la descripción de las consecuencias negativas de la evaluación, pero cuando se trata de promoción en la función lo manda todo a un programa que no es otra cosa que la sustitución de la vieja “carrera magisterial”, derivada de la fallida reforma de 1992, un mero un paquete de estímulos económicos. La ley resultó omisa a la hora de crear un  auténtico escalafón de ascensos que lleve a los profesores a tener no solo mejores salarios en la medida en la que suban de nivel, sino a construir una jerarquía profesional que impulse los liderazgos basados en el mérito y la dedicación.

Solo López Obrador ha puesto, aunque sea de manera negativa, el tema de la reforma educativa en el centro de su agenda. Meade y Anaya han sido más bien reactivos: el priísta no ha hecho sino defender sin crítica alguna lo hecho en este gobierno, mientras el panista ha dicho que mejorará la “implementación” de la reforma. Desde las organizaciones civiles tampoco han surgido propuestas encaminadas a revisar lo hecho y a plantear cambios que lleven a que la reforma cuente con el apoyo de los profesores, quienes necesariamente tienen que concretarla.

Ya veremos si el próximo 8 de mayo la nueva edición de 10 por la Educación resulta un foro donde se lleve a los candidatos a hacer explícitas sus ideas no solo sobre la reforma sino sobre el futuro educativo o si se convierte meramente en una plataforma para defender sin crítica la legislación actual frente a las amenazas que advierten al modelo de evaluación tomado del movimiento surgido hace treinta años en los Estados Unidos y que no ha dado tan buenos resultados como muchos de los personeros de la sociedad civil creen.

Esta semana el tema educativo logró abrirse un resquicio en la discusión electoral como consecuencia de la transmisión de un spot de la organización Mexicanos Primero. El reclamo propagandístico desató la polémica por la utilización de niños y por hacer un llamado a votar por “el candidato que apoye la transformación educativa”, esto último, desde mi perspectiva, en flagrante violación de la legislación electoral, aunque finalmente la comisión correspondiente del INE lo dejó pasar.

Si bien me parece que la ley es en extremo restrictiva, creo que esta se debe acatar, por lo que no estoy de acuerdo con la difusión del anuncio. Empero, tuvo un resultado positivo: la campaña de Andrés Manuel López Obrador respondió con un spot en el que, por primera vez, acota los términos de la reversión de la reforma que propone y los centra en la ley del Servicio Profesional Docente y en la del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

No se trata ya de una cancelación absoluta, sino de una reforma que no trastoca los términos constitucionales. Ahí es donde debería centrarse hoy la discusión, pues de lo que se trata es de transformar las capacidades de los maestros realmente existentes. Una carrera docente que premie el esfuerzo, acompañada de un sólido sistema de capacitación permanente y por la transformación del caduco sistema de formación de profesores en las Escuelas Normales, incapaz ya de producir los maestros con las competencias que un sistema educativo eficaz requiere.

Una reforma que haga de los profesores unos profesionales bien capacitados, con buenas remuneraciones y con la consideración social que merecen, no una que los siga considerando los villanos culpables del desastre. Esperemos que en el último debate entre los candidatos, el 12 de junio, cuando se aborde este tema crucial, se les hagan las preguntas pertinentes y que entre los contendientes se abra una auténtica discusión sobre lo que debe permanecer y lo que debe cambiar de lo hecho en este gobierno.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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