El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que la falta de capacitación de los servidores públicos del sistema de justicia penal propicia la impunidad y violación a los derechos humanos. El 25 por ciento de los 282 ciudadanos consultados por la organización dijo no haber recibido asesoría; un 17 por ciento sintió intimidación o amenaza; 43 por ciento aceptó haber hecho un pago extra a un agente del Ministerio Público y un 73 por ciento aseguró que no regresaría porque pierde el tiempo y no arregla nada. La mayor desconfianza de la ciudadanía se enfoca en la procuración de justicia empezando por los policías.
Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- Los servidores públicos del sistema de justicia penal tienen «poco conocimiento» de los requisitos «básicos, claves y esenciales» que deben atender durante el procedimiento. La falta de capacitación «vicia» el proceso de justicia y propicia que continúe la impunidad y violación a los derechos humanos, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Mediante un estudio de caso en Morelos, uno de los primeros estados en implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal y que refleja un problema nacional, cinco abogados de la organización acudieron a fiscalías de Cuernavaca, Jojutla y Cuautla para evaluar la calidad del funcionamiento del sistema jurídico a partir de evidencia documentada y aplicando un examen a los funcionarios públicos, así como entrevistando a los ciudadanos víctimas de un delito, expuso el director Juan Pardinas.
Ricardo Corona, abogado de IMCO, aseguró que el 25 por ciento de los 282 ciudadanos (víctima, testigo o probable responsable) consultados dijo no haber recibido asesoría; un 17 por ciento sintió intimidación o amenaza; 43 por ciento aceptó haber hecho un pago extra a un agente del Ministerio Público y un 73 por ciento aseguró que no regresaría porque pierde el tiempo y no arregla nada.
Pardinas y Corona destacaron que la mayor desconfianza de la ciudadanía se enfoca en la procuración de justicia empezando por los policías.
De los 50 defensores públicos entrevistados por IMCO, el 76 por ciento mencionó que la mayor causa de rezago en el Ministerio Público es la falta de agentes; el 72 por ciento no mencionó la «prueba de cajón» psicológica; el 76 por ciento no considera entrevistar testigos y 28 por ciento dijo no emitir acciones exitosas para atender la violación de derechos humanos.
«Desde aquí se vicia el proceso. No saben cuestiones básicas y eso impide una defensa adecuada», determinó Ricardo Corona.
El 18 por ciento de los defensores públicos, de hecho, consideró que el ajuste más importante que requiere el Nuevo Sistema de Justicia Penal es la capacitación a los servidores públicos que intervienen.
En cuanto a los 103 policías evaluados, el 87 por ciento declaró que su salario no corresponde a su carga de trabajo; 29 por ciento dijo que nunca se reúne con el Ministerio Público para investigar y el 42 por ciento no ha recibido capacitación en derechos humanos, aunque el 11 por ciento dijo que la violación de derechos humanos afecta en la procuración de justicia.
Finalmente, de los 63 empleados de ministerio público y 10 peritos examinados, el 93 por ciento consideró que su salario no es adecuado respecto al trabajo que hace; 19 por ciento dijo recibir capacitación cada seis meses; pero el 38 por ciento afirmó que el mayor obstáculo para combatir la violación de derechos humanos es la falta de capacitación; y el 84 por ciento no mencionó que debe registrar la causa de detención.
Los mismos empleados de la fiscalía recomendaron que el NSJP necesita mejor calidad en la actuación de los jueces y mejorar los salarios.
Aunque la calidad de la justicia penal con el Nuevo Sistema «ha mejorado», no se han obtenido «los resultados esperados» después de nueve años de su implementación, concluyó IMCO.
Ante ello, propuso mejorar la operación del sistema de procuración de justicia mediante mayor capacitación, salarios y recursos humanos y materiales.
También es necesario un Comité de Auditoría y Seguimiento cuya función sea dar seguimiento a la calidad e impartición de justicia, así como una Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo y Homicidio en donde se tramiten las denuncias.
