Críticas a la pasividad con la que las autoridades de Baja California y Baja California Sur afrontan el narcotráfico han recaído sobre el Presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores estatales. Políticos y especialistas en seguridad coincidieron con las alertas previas del sector empresarial: el turismo en la región corre el riesgo de perder su atractivo. Las tensiones al interior del Cártel de Sinaloa han tocado las puertas de los estados de la península californiana ahora que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera se encuentra preso en Nueva York. ¿Cómo afrontan estos estados la ola de crímenes?
Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– A los problemas económicos del país se le suma una posible disminución del atractivo turístico derivada de la guerra entre cárteles del narcotráfico. Frente al alza de violencia en Baja California y Baja California Sur, legisladores pidieron la intervención de las autoridades.
Ambas entidades sumaron alrededor de 28 millones de turistas nacionales y extranjeros en 2016, de acuerdo con las autoridades estatales. Sin embargo, este sector económico se podría ver afectado por las disputas entre cárteles que se libran en la zona.
“A lo mejor es un efecto colateral del conflicto que se está viviendo. Y de querer amarrar lo que ya se tiene y evitar que los grupos antagónicos les ganen la plaza”, dijo Tomás Guevara Martínez, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El 16 de febrero, el Secretario General del Gobierno de Baja California Sur, Álvaro de la Peña Angulo, reconoció que los reacomodos del Cártel de Sinaloa estaban impactando en la entidad y resaltó el caso de Los Cabos, de acuerdo con un reporte del diario BCSnoticias.
Apenas el 19 de enero, un día antes de la asunción de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos, fue extraditado el líder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Después de la salida del capo del país, una serie de disputas internas en el Cártel de Sinaloa y de ataques provenientes entre otros grupos delictivos han tenido lugar en diferentes zonas, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Antes de la extradición del considerado máximo líder del narcotráfico en los últimos 20 años en México, la Procuraduría General de la República (PGR) ya registraba la presencia del Cártel Arellano Félix en Baja California. Al tiempo que en Baja California Sur se habla de la presencia del nuevo Cártel de Tijuana Nueva Generación.
Apenas en octubre, el diario Los Angeles Times reportó que el Cártel de Jalisco Nueva Generación estaría uniendo fuerzas con un diezmado Cártel de los Arellano Félix para formar un tercer cártel.
El académico Tomás Guevara se manifestó preocupado por que la situación en Los Cabos se torne similar a la vivida en Mazatlán, Sinaloa.
“El caso de Mazatlán es atroz. Antes había posibilidad de irse a otro lado, pero ahora con la migración y el bloqueo de la frontera, prácticamente ya no. Aquí en Sinaloa el nuevo Secretario de Economía […] planteó claramente que si los índices de violencia no bajan es muy probable que se impacte en las posibilidades de inversión de grupos de empresarios hacia otro lugar”, detalló.
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Los daños a la economía no son menores. En el caso de Baja California Sur el turismo es la fuente del 75 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), según dijo, en el reciente XV edición del Foro Nacional de Turismo, el Secretario estatal en el rubro Luis Genaro Ruíz Hernández.
Mientras, la violencia se ha disparado en la entidad. En enero se registraron 42 carpetas por homicidios dolosos, un aumento del 100 por ciento con relación a diciembre y una cifra superior a las mensuales de 2016, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP).
En tanto que en Baja California, las incidencia de homicidios dolosos parecen haberse estancado. En enero hubo 129 carpetas de investigación iniciadas; cuando en diciembre fueron 134.
Legisladores acusaron que esta situación impactará en el turismo. Jorge Ramos Hernández, Diputado Federal del Partido Acción Nacional (PAN) por Baja California, señaló la necesidad de realizar acciones contundentes e integrales.
“Particularmente en Los Cabos, San José y La Paz, o sino la península de California va a sufrir estragos. Tenemos que honrar este estado con una estrategia particular. No podemos estar accionando como en otros estados, porque el impacto no es sólo en la economía local sino del país”, dijo Ramos, quien funge como presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
Datos de la Secretaría de Turismo registraron que en 2015 un total de 3 millones 404 mil 632 cuartos de hotel fueron ocupados en Baja California y la ocupación anual fue del 44 por ciento.
Por su parte, Baja California Sur registró 3 millones 791 mil 824 cuartos ocupados en el mismo año y un porcentaje de ocupación anual del 62 por ciento.
¿QUIÉN SE HACE RESPONSABLE?
El Senador del Partido del Trabajo Marco Antonio Blázquez Salinas resaltó la omisión del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en la ola de violencia que asaltó a Baja California.
“Por supuesto que hay una omisión, porque no están tomando en cuenta la tarea. Muchas veces le he dicho al Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong] que si el Gobierno estatal no se quiere coordinar, busquemos otros esquemas de participación. Pero no se puede permitir que Tijuana haya superado a Acapulco”, dijo Blásquez.
Datos del SESNSP mostraron que en enero hubo 97 carpetas por homicidios dolosos en Tijuana. Cuando en Acapulco en el mismo periodo hubo 46.
El Senador por Baja California crítico la indiferencia del Gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid para afrontar al narcotráfico: “El Gobernador trae una distracción importante en el tema de la seguridad. No es un hombre que se pueda concentrar en una tarea tan complicada, que demanda tiempo, disciplina, y sobre todo de alguna forma pone en riesgo su integridad también”.
De la misma manera que la seguridad pública se ha descuidado, acusó, hay otros rubros en materia de política de desarrollo social desatendidos por Vega, cuya gestión inició en noviembre de 2013.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el estado la pobreza bajó entre 2012 y 2014, de abarcar el 30.2 pasó al 28.6 por ciento de la población, de manera respectiva.
Por el otro lado, la población vulnerable por carencias sociales del estado aumentó en esos años del 37.6 por ciento al 38.3.
Baja California Sur sigue un patrón similar. La pobreza pasó del 2012 al 2014 a abarcar del 30.1 al 30.3 de la población. Una inmovilidad que contrasta con el porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales que pasó del 30 al 34.4 por ciento.
El Diputado federal panista Jorge Ramos expuso que la situación de violencia, al ser causada por el crimen organizado, rebasa a las capacidades del Gobernador. Y las estrategias de retención de daños por parte de la Secretaría de Gobernación no han sido correctas.
Los 5 mil elementos de la Gendarmería Nacional, que tienen por misión proteger las áreas productivas económicas del país, no se han dado abasto para responder a la solicitud de 24 estados, recordó Ramos.
En tanto los empresarios temen la pérdida de sus negocios.
“El impacto generalmente es a mediano y largo plazo. En esta lucha entre cárteles, los afectados no son los turistas, pero aunque no lo sean, sí tienen un impacto particularmente con aquellos visitantes que son muy repetitivos, que han hecho inversiones en bienes raíces”, dijo al diario Reforma Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, en días recientes.
Ramos señaló que a diferencia de otros estados, en la península de Baja California no se ha incluido al sector turístico a consejos de participación de seguridad pública. Una deficiencia importante para atender las demandas que requiere el sector.
