Organizaciones denunciaron que la propuesta de Peña Nieto para una nueva Ley General contra la Tortura “no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”, pues no incluyó el establecimiento del Protocolo de Estambul y tampoco remite un estándar de prueba para identificar estas violaciones a derechos humanos.
Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Organizaciones de la sociedad civil denunciaron hoy que, pese a que el Poder Ejecutivo convocó a consultas para una nueva Ley General contra la Tortura, la iniciativa presentada el pasado 10 de diciembre dejó fuera mecanismos necesarios para prevenir esta práctica considerada sistemática entre las fuerzas armadas del país.
De acuerdo con lo que se informó hoy en rueda de prensa, el proyecto del Presidente de la República no incluyó, por ejemplo, ni aun el establecimiento del Protocolo de Estambul –que es un manual internacional para la investigación y documentación de la tortura– como estándar de prueba para identificar estas violaciones a los derechos humanos.
“El Presidente de la República, sin aviso a las organizaciones [en las] que pusimos la confianza en la construcción de una propuesta, envió al Senado su iniciativa de ley, la cual además de desconocer varios de los contenidos mínimos que esta debe tener, incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz.
La propuesta presentada por el Presidente de la República no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”, se indicó en un posicionamiento.
Otras carencias del proyecto, agrega la información, es la prohibición del uso de pruebas ilícitas u obtenidas bajo tortura, así como la imposición de consecuencias procesales similares a las que se aplican a la tortura para los casos en los que la práctica sea de tratos crueles, humanos o degradantes. Y tampoco, mencionaron los ponentes, se incluyó alguna “formulación” sobre la responsabilidad de los superiores jerárquicos en las prácticas de tortura y se limitó a la investigación de superiores inmediatos.
Las deficiencias del proyecto de ley del Ejecutivo fueron presentadas en una conferencia de prensa en la que participaron representantes de organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CTI), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Instituto para la Seguridad y la Democracia (ISD), entre otros.
En su participación, el investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Miguel Sarre Iguíniz acusó directamente a la Secretaría de Gobernación (Segob) de estar socavando los derechos humanos que, dijo, tiene asignado garantizar.
“Es una calamidad política”, dijo Sarre. “El embate viene del enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, y señalo que la responsabilidad es del Secretario [Miguel Ángel Osorio Chong], porque no puedo concebir que, en una relación interinstitucional, el enlace hable por cuenta propia sin consultar en una cuestión tan importante”, agregó.
La marginación de propuestas de la sociedad civil en el contenido del proyecto de Ley General contra la Tortura presentada por el Ejecutivo es similar a la denunciada por organizaciones que participaron en la consulta para la generación de una ley contra la desaparición forzada.
Cuestionado con respecto a las cifras, José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, informó que, entre 2006 y 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió alrededor de 100 quejas por tortura y al menos cuatro mil por tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que en comisiones estatales existen otras cuatro mil 500 expedientes.
