En México, los más grandes casos de corrupción– principalmente de políticos priistas– no son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), y eso fue lo que reclamó este día el Gobernador de Chihuahua, quien pidió a Peña Nieto y la PGR que actúen ya contra César Duarte.
ADEMÁS
Chihuahua/Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, exigió este día al Gobierno federal dar trámite a la extradición del aún priista César Duarte Jáquez, acusado de corrupción y presuntamente instalado en Texas, EU.
En conferencia de prensa, Javier Corral destacó la labor de su administración para detener y juzgar a los ex funcionarios implicados en el desfalco al erario del estado cometido durante el Gobierno de Duarte Jáquez.
“El Gobierno de Chihuahua ha hecho su trabajo de una manera rigurosa. Ahora corresponde al Presidente Peña Nieto y su Procurador demostrar que no protegen a Duarte, especialmente cuando se ha revelado el desvío de dinero al PRI nacional”, dijo.
“Hoy tenemos a uno de los principales orquestadores y manipuladores de los recursos de Chihuahua en evidencia”, resaltó Corral, mientras que el Gobierno federal no ha metido las manos en la investigación, agregó.
César Duarte, quien todavía pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), está acusado de uno de los desvíos más escandalosos de dinero público en México y es parte, junto con otros ex gobernadores priistas, de la llamada “generación podrida”. Muchos de esos desvíos, de acuerdo con la Fiscalía, fueron para alimentar de recursos al partido del Presidente.
Pero, además, Duarte Jáquez está acusado de robar literalmente todo lo que tuvo a su alcance: desde cuadros colgados en pareces de edificios públicos hasta ganado. Las últimas audiencias ante un juez revelaron que durante su administración salió dinero en efectivo en cajas, llevadas en “diablitos”. Uno de los principales involucrados de ese saqueo es Manlio Fabio Beltrones, ex presidente nacional del PRI, icono dentro de su partido.
El Gobernador panista recordó que desde septiembre pasado se le solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) emitir una orden de extradición contra César Duarte, quien ha sido visto en la ciudad de El Paso, Texas, desde que dejó su cargo.
En México, los más grandes casos de corrupción– principalmente de políticos priistas– no son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR). El ex Gobernador Eugenio Hernández fue detenido por autoridades de Tamaulipas. Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), en Guatemala; Roberto Borge (Quintana Roo), en Panamá; y Tomás Yarrington (Tamaulipas), en Italia.
ADEMÁS
La última persona detenida por los desvíos millonarios del erario de Chihuahua es Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– cuando Manlio Fabio Beltrones era su líder nacional–.
Alejandro Gutiérrez pasará un año y medio en prisión como medida cautelar por al menos tres desvíos millonarios del erario público de Chihuahua para las campañas estatales del tricolor en 2016.
Su constata el nivel de corrupción con el que se operó en el estado de Chihuahua durante el mandato del hoy prófugo César Duarte.
Gutiérrez Gutiérrez habría operado directamente con Duarte Jáquez para llevar a las campañas del PRI en 2016 dinero del erario chihuahuense. Las empresas implicadas en el caso son Samex, Sinax, Sisas, Sinas y Despacho de Profesionistas Futura. Además, el político coahuilense habría usado a Jet Combustibles para simular un contrato de prestación de servicios al Gobierno del estado.
El diario New York Times señaló hace unos días, en un extenso reportaje, que Gutiérrez Gutiérrez “es uno de los aliados del Presidente mexicano que están bajo sospecha de participar en un esquema de malversación para impulsar las posibilidades de su partido en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno”.
Citando a ex funcionarios vinculados a la triangulación de recursos, el Times refirió que Manlio Fabio Beltrones fue la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a campañas del PRI.
