“La militarización del país significa que el Estado ha fallado, que no tiene la capacidad de proteger a la población en los tres niveles de Gobierno, que existe un grave problema interno que no está en posibilidades de solucionar si no es mediante el uso excesivo de la fuerza”, consideraron los familiares de las personas desaparecidas.
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Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Los familiares de personas desaparecidas manifestaron este día que la Ley de Seguridad Interior sólo traerá más violencia a las calles de México.
En un comunicado, señalaron que esta ley, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre, facilitará la violación de los derechos humanos de la población, debido a su opacidad.
Para los familiares de los desaparecidos, añade el comunicado, la Ley de Seguridad Interior es un grave retroceso en materia de derechos humanos porque desatará la “violencia en el país, así como graves violaciones a los derechos humanos como; tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas en contra de la población civil”.
La militarización de México “significa que el Estado ha fallado, que no tiene la capacidad de proteger a la población en los tres niveles de Gobierno, que existe un grave problema interno que no está en posibilidades de solucionar si no es mediante el uso excesivo de la fuerza.”
Recordaron que pasado 16 de noviembre el Ejecutivo se firmó la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, lo que fue para ellos “un gran avance luego de dos años de impulso y negociación”, porque en ella “las familias [expresaron sus] exigencias para que se implemente correcta y eficazmente”.
Sin embargo, “a diferencia de la Ley de Desaparición, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada de manera rápida y expedita, con presupuesto necesario y suficiente, en donde el Ejecutivo y el Legislativo únicamente asignaron el 10 por ciento del presupuesto que se requería para operar y donde fue asignada a la Secretaría de la Defensa Nacional la cantidad de 81 mil millones de pesos.”
Finalmente, hicieron un llamado a los senadores para que no aprueben la ley: “es contraria a las recomendaciones de la ONU y CIDH de retirar a las Fuerzas armadas en tareas de seguridad”, consideraron.
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El 30 de noviembre pasado, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Tras ser avalada, el Senado de la República deberá aprobarla. De ser así, el Ejecutivo federal tendría más atribuciones legales para disponer, a discreción y sin controles legislativos, de la totalidad de la fuerzas armadas [Ejército, Armada y Fuerza Aérea] y de las instituciones de seguridad pública para preservar el orden y prevenir “el surgimiento de amenazas”. El riesgo, señalan analistas consultados, es la violación de derechos humanos a partir de una estrategia autoritaria.
Con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones, los diputados aprobaron el dictamen, y desecharon las reservas interpuestas.
La Ley de Seguridad Interior busca limitar la participación de las fuerzas armadas en tiempos de paz, así como definir sus atribuciones cuando realicen labores que corresponden a las fuerzas de seguridad pública. La justificación para impulsarla es que las policías han sido rebasadas por la violencia. En contraparte, sus detractores señalan que las disposiciones de la iniciativa son ambiguas y que, por tanto, podrían militarizar aún mas al país e incrementar las violaciones a los derechos humanos. Para ellos, existe la posibilidad de que la norma sea utilizada con fines políticos y represivos.
