A partir de este mes, un representante de Coca Cola –y un integrante más de la industria de alimentos y bebidas que puede incidir en el tema de las políticas públicas de salud a nivel nacional–, formará parte del Consejo Consultivo de Consumo de la Profeco. Para los activistas se trata de un ardid o de una broma de un gobierno que apoya a la industria de las bebidas azucaradas y de la comida chatarra, y cuya estrategia para luchar en contra de la epidemia de obesidad y diabetes por la que atraviesa el país no funciona. En México, según cifras oficiales, estas enfermedades afectan a 7 de cada 10 adultos mexicanos, y a pesar de las advertencias de la sociedad civil, las autoridades parecieran continuar haciendo caso omiso.
Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– En medio de la crisis de salud por el aumento de la obesidad y la diabetes en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) le dio a Luis Toussaint Elosúa, director de Asuntos Públicos de Arca Continental –la segunda embotelladora de Coca Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo– un asiento en el Consejo Consultivo de Consumo, lo que es calificado por activistas como algo “absurdo”, una burla que muestra un “grave conflicto de interés”.
El nombramiento del ejecutivo de la refresquera se da luego de que el propio Gobierno de Enrique Peña Nieto anunciara en noviembre una medida de emergencia nacional por el repunte de la obesidad y la diabetes, dos enfermedades en las que México es ya líder a nivel mundial.
“Se conforma un Consejo Consultivo con un grave conflicto de interés […]. Un Consejo Consultivo de defensa de los consumidores debería estar representado por consumidores, no por las empresas que van en contra de los derechos de los consumidores […] Para mí es una forma de cooptar de dominar un órgano y es un muy mal mensaje”, dijo Alejandro Calvillo Unna, director de la organización civil El Poder del Consumidor, en entrevista con SinEmbargo.
El activista mencionó que la decisión del Gobierno federal de incluir a un ejecutivo de Coca Cola en el Consejo de la Profeco muestra que su supuesta estrategia de emergencia para combatir la obesidad y la diabetes “se está quedando en el papel”.
“Hasta que la política no se diseñe directamente por expertos libres de conflicto de interés y que la política no se evalúe por expertos y representantes de la sociedad civil libres de conflicto de interés, no va a haber nada”, explicó.
El pasado 14 de noviembre, la Secretaría de Salud federal emitió, por primera vez en la historia del país, dos declaratorias de emergencia sanitaria por diabetes y obesidad, debido al grave problema de salud pública que representan estos padecimientos en México.
En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la dependencia, Pablo Kuri Morales, dijo que esta determinación se hizo debido al alto repunte que ha tenido principalmente la diabetes en México, pues la padecen siete millones de personas y sólo la cuarta parte tiene un control metabólico.
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De acuerdo con Calvillo Unna, la política del Gobierno federal no funciona debido a que no especifica las medidas que habrán de tomarse para resolver la epidemia de salud.
Además de asegurar que en México la regulación en publicidad es “pobre” y que el etiquetado no sirve, el activista explicó que la normatividad para alimentos y bebidas en las escuelas, “que es más o menos buena”, no se está cumpliendo “porque ni en el las escuelas la conocen ni hay vigilancia para que se cumpla”.
Este viernes, Toussaint Elosúa, representante de Coca Cola, se integró al Consejo Consultivo de Profeco y ocupará ese asiento por al menos cuatro años, con la posibilidad de extender ese periodo por cuatro años más, si es que es reelegido.
El tema es grave, dicen activistas, ya que esa refresquera no sólo tiene presencia en el Consejo de la Procuraduría Federal del Consumidor, sino que también, a través de ConMéxico, integran ni más ni menos que al consejo del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, creado por la Secretaría de Salud federal, y que está encargado de evaluar la política pública contra la obesidad.
De acuerdo con la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente el mayor obstáculo para combatir la epidemia de obesidad en el mundo es el bloqueo de las políticas públicas –a través de diversas estrategias– por parte de la industria de bebidas y alimentos.
“No hay balance [en el Consejo de la Profeco]”, aseveró Calvillo Unna. “Ha sufrido en toda la administración del Presidente Peña Nieto de falta de continuidad […]. Hemos tenido cuatro procuradores de Profeco en el actual sexenio, en promedio uno al año” y “no han habido reuniones de trabajo”, añadió.
El activista no sólo tildó de “absurda” la entrada de Coca Cola al Consejo consultivo de la Profeco, sino que refirió que además de que “Coca Cola se ha opuesto a una regulación efectiva de la publicidad dirigida a niños”, “toda la política [de lucha contra la obesidad y la diabetes] está cooptada”.
MÉXICO, PAÍS DE GORDOS
México sufre de una epidemia de diabetes y obesidad: 11.4 millones de personas padecen diabetes, mientras que 7 de cada 10 adultos sufren de sobrepeso u obesidad, y 1 de cada 3 niños presentan dichas enfermedades.
Hace ya tres años, el 31 de octubre de 2013, el Presidente lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Sin embargo, de acuerdo con especialistas en la materia, no mostró efectividad alguna debido a la falta de integración de la Secretaría de Salud con otras dependencias federales y a la escasez de campañas y programas dirigidos a prevenir y tratar dichas enfermedades.
De acuerdo con las cifras más recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) el 42.6 por ciento de los hombres mayores de 20 años de edad viven con sobrepeso y el 26.8 por ciento con obesidad; en el caso de las mujeres, ambas enfermedades impactaron en 35.5 y 37.5 por ciento, respectivamente.
México tiene la segunda tasa de obesidad más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), después de Estados Unidos, y la tercera en América Latina, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.
Esta condición física tiene efectos en cadena: estéticos, psicológicos y en la salud física de las personas, ya que puede desembocar en diabetes mellitus tipo dos, enfermedades cardiovasculares, trastornos al aparato locomotor y algunos tipos de cáncer, es decir, algunas de las principales causas de muerte en el país.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la más reciente, detectó que 48.6 millones de personas tienen sobrepeso o obesidad en México [32 y 38 por ciento, respectivamente], sobre todo en el nivel socioeconómico alto, en zonas urbanas y en el norte del país. De 2000 a 2012, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en adultos aumentó 15.2 por ciento.
De acuerdo con estimaciones del McKinsey Global Institute, la obesidad a nivel mundial impone costos equivalentes a 2.8 por ciento del PIB global, comparable a lo que generan los conflictos armados y el tabaquismo.
Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) explicó en su reporte que es un efecto dominó. Cuando alguien tiene sobrepeso u obesidad, primero afecta a su salud. Eso impone costos elevados de tratamiento (tanto para la familia como para el gobierno) y también afecta su productividad. Al reducirse la productividad de los trabajadores, por su parte, las empresas se ven afectadas.
EPIDEMIA DE MUERTE
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El mes pasado, la organización El Poder del Consumidor alertó que México es el país con el mayor índice de muertes a causa de diabetes, con alrededor de 96 mil decesos al año, y aparece entre las naciones con más de 80 millones de habitantes.
A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la diabetes melitus fue la principal causa de muerte de los mexicanos durante el año 2014, pues de las más de 633 mil defunciones registradas las principales causas fueron las enfermedades crónicas degenerativas: la diabetes mellitus (14.8 por ciento), las enfermedades isquémicas del corazón (13.0 por ciento), las del hígado (5.4 por ciento) y las cerebrovasculares (5.2 por ciento), ocasionando en conjunto, 38.4 por ciento de los decesos totales.
La mayor parte se concentró en edades adultas, en las que el 63.8 por ciento aconteció en la población de 60 y más años, y 24.5 por ciento en adultos de 30 a 59 años.
El grupo civil recordó en un comunicado que la pandemia pasó de 46 mil muertes en 2000 a las 96 mil registradas el año pasado. Mientras, el número de nuevos casos de diabetes en el país se duplicó cada 10 años.
Además, alertó que, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, la tasa de mortalidad por diabetes mellitus en América es de 34 adultos por cada cien mil habitantes, mientras en los adultos mexicanos ésta se eleva a 90.
MÉXICO SUBESTIMA SU ENFERMEDAD
El 90 por ciento de los recursos recaudados por el impuesto a bebidas azucaradas y alimentos en alto contenido calórico no fue destinado a programas de prevención contra la diabetes y el sobrepeso, denunciaron el 3 de noviembre pasado las organizaciones sociales que integran la Alianza por la Salud Alimentaria.
En el análisis “Una epidemia sin vacuna: la discusión fiscal y presupuestaria del año 2016 y la prevención del sobrepeso y la obesidad en México”, presentado por la Alianza, se expuso que la recaudación de esos impuestos ha sido de 33 mil 619 millones de pesos en 2015, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero que ese dinero fue a dar a diferentes programas de salud, debido a que en la Ley de Egresos el recurso no fue etiquetado.
“La idea es que la recaudación de este impuesto se vaya a atender estas enfermedades, que cada año le cuestan al Estado 80 millones de pesos. Pero sólo le está invirtiendo a la prevención menos del 10 por ciento que son como mil 300 millones de pesos ¿A dónde se está yendo el 90 por ciento? Es insostenible lo que se está invirtiendo versus lo que se está gastando”, explicó Luis Manuel Encarnación, director de Fundación Mídete.
Las asociaciones que integran esta iniciativa explicaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el Estado invierta la misma cantidad de dinero en tratamiento y en prevención, por ello exigieron que en la Ley de Egreso de la Federación de 2016 se contemplara etiquetar los recursos para programas específicos de prevención, que contengan objetivos claros y que integre políticas públicas.
