Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– Organizaciones de la Sociedad Civil alertaron que de último minuto, sin el consentimiento de la ciudadanía, el Senado modificó la redacción original de la iniciativa para crear la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en algunos artículos, modificaciones que desde su punto de vista generarán áreas de opacidad porque amplían el catálogo de reservas que los sujetos obligados pueden recurrir para no publicar información.
El primero y más grave, coincidieron organizaciones agrupadas en el Colectivo por la Transparencia, es el cambio que permite al Gobierno federal reservar información con el argumento de que los datos pueden dañar la estabilidad económica del país.
“Nos parece una reserva muy abierta que puede dar lugar a que la información que es importante en el ejercicio de recursos públicos quede limitada”, aseveró Gabriela Morales de la organización México Infórmate.
“La estabilidad económica puede ser cualquier cosa, como podemos ver ahorita la fluctuación del peso es baja y es derivado de la corrupción, y escándalos de violaciones graves a derechos humanos y esta información no puede reservarse bajo ninguna consideración”, coincidió Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, en entrevista para SinEmbargo.
Organizaciones de la Sociedad Civil que redactaron el primer borrador que sirvió de base para la iniciativa en comento, advirtieron que la última parte del proceso de redacción corrió a cargo de senadores de las principales fuerzas políticas, quienes resolvieron los “temas sensibles” solo con sus equipos de trabajo, sin la presencia de los representantes ciudadanos.
En este sentido, rechazaron algunas disposiciones incluidas de “última hora”. Sin desmeritar otros avances que se lograrán con la nueva norma, como son sujetos obligados de transparentar recursos públicos a partidos políticos, sindicatos y fideicomisos, las organizaciones destacaron tres puntos relevantes que fueron cambiados sin previo aviso.
Por ejemplo, la redacción final establece en el artículo 113 como información reservada aquella que “pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, la cual se sumará a clasificaciones ya existentes como el “interés legítimo de la seguridad nacional”, “violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad” o información que “pueda causar un daño significativo a las negociaciones y relaciones internacionales”.
Sobre los riesgos de dejar de forma tan amplia el catálogo de información reservada, Guillermo Noriega, de la organización Sonora Ciudadana, recordó un caso específico. “En Sonora una vez se reservó el padrón de beneficiarios de una partida gubernamental, porque podría ocasionar un escándalo político y que a su vez generaría inestabilidad económica al estado. Ellos pueden reservar cualquier cosa y eso nos genera preocupación”, alertó.
Otro cambio que reprobaron es el que se encuentra en el artículo 208, en donde se lee:
“Será causa de sanción imputable a los servidores públicos de los organismos garantes revelar indebidamente datos confidenciales o información que afecte el cumplimiento de las funciones o pueda ocasionar daños o perjuicios a los Sujetos Obligados.”
Las organizaciones calificaron como preocupante el hecho de que se pueda sancionar a funcionarios de los órganos garantes cuando se pronuncien por revelar información de un catálogo muy amplio de información que pueda ser reservada.
“No preocupa de sobremanera que se inhiba a los funcionarios de los órganos garantes a proveer información que pueda afectar o generar daños uy perjuicios a los sujetos obligados, es decir se genera un nuevo nicho de opacidad para los sujetos obligados. Y esto es sumamente preocupante”, sostuvo Ana Cristina Ruelas.
Como tercer punto preocupante, las organizaciones destacaron que la iniciativa incluya siete puntos en el apartado de secretos bancarios, fiscales y fiduciarios, cuando se declaren confidenciales a pesar de que incluyan recursos públicos.
En otro tema, las organizaciones lamentaron que se haya retirado del borrador que pusieron a disposición de los senadores la posibilidad de reconocer que los funcionarios públicos tienen un doble estándar de privacidad, respecto a los ciudadanos individuales.
“No puede ser posible que se mida con la misma vara al Presidente de la República, a los senadores o a cualquier gobernador, respecto a cualquier ciudadano, el estándar de privacidad tiene que ser diferente y allí tenemos el caso de la Casa Blanca”, indicó Ana Cristina Ruelas.
A pregunta expresa, los representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil indicaron que la iniciativa puede ser calificada ciudadana y positiva, sólo si los senadores rectifican y vuelven a la redacción de la propuesta original.
“Creemos que el balance podría ser positivo si se retiran estas cosas que se integraron ayer, lo que estabilidad económica, lo de sanciones para funcionarios públicos de organismos garantes y una disposición sobre comités de información que habilitarían una salvaguarda
Además, recomendaron que este proceso de trabajo conjunto entre senadores y representantes de la sociedad civil se replique para la definición de iniciativas y leyes en otras materias, siempre y cuando permitan enriquecer los trabajos legislativos en beneficio de la ciudadanía.
