Joaquín Vargas, presidente de MVS Comunicaciones, demandó a Carmen Aristegui por daño moral. La acusa de dañar su imagen en el prólogo del libro sobre la “casa blanca” del presidente Enrique Peña Nieto, ya que hace afirmaciones sin sustento sobre su relación con el gobierno y la salida de la periodista y su equipo de trabajo de la empresa.
El empresario, como se ha dicho, tiene el derecho de demandar para cuidar su reputación, construida durante muchos años, pero igual que Peña Nieto quedará marcado por tomar una decisión polémica que difícilmente erradicará la percepción de que se trató de una reprimenda o censura en contra de la y los periodistas que participaron en la elaboracion del multipremiado reportaje que reveló el conflicto de interés del presidente con uno de los proveedores del gobierno.
El problema de imagen que tiene Vargas y la familia es más politico y comunicacional que jurídico. Aún ganando en tribunales, en la historia quedará registrado el inusitado hecho de que los autores de una las investigaciones periodísticas más reveladoras de los últimos años fueron despedidos por razones poco claras y bajo argumentos poco consistentes ante la opinión pública, como la explotación no autorizada de la marca Noticias MVS y otras incomprensibles razones.
En su diferendo, Joaquín Vargas no ha escatimado recursos: usó la estación de radio para transmitir mensajes por “abuso de confianza” de Aristegui y un equipo importante de abogados está a su servicio para anular el contrato con la periodista y ganar la millonaria demanda por la supuesta utilización ilegal de materiales generados en Noticias MVS en el portal Aristegui Noticias. Ahora suma la demanda por daño moral para incrementar su batalla jurídica. ¿Qué más sigue?
A su vez, Aristegui se ha defendido con el apoyo del prestigioso despacho de Javier Quijano y Xavier Cortina, pero no deja de ser una lucha desigual. Los recursos económicos y las relaciones de la familia Vargas con el poder político (incluido el grupo que ocupa actualmente la presidencia de México) son incomparables con las posibilidades económicas y las propias relaciones políticas de la periodista. Ante un desequilibrio así, cualquier periodista está en desventaja, en una vulnerabilidad enorme, por más credibilidad o imagen positiva que tenga. El impacto en el ejercicio periodístico es brutal porque se inhibe la independencia de los reporteros y la investigación de temas que pudiesen derivar en demandas por daño moral, emprendidas por políticos y empresarios a quienes lo que menos les importa es el dinero para “reparar” el daño, pero que pone en bancarrota a los periodistas demandados que pierden los juicios.
Lo que sucede con Aristegui no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de los retrocesos que ha vivido México en libertad de expresión y derecho a la información en los últimos años, tal como lo han documentado ampliamente organizaciones como Artículo 19, Fundar y la Amedi. Es un contexto que evidentemente no ignora la familia Vargas y que pese a sus recursos jurídicos poco ayudará a su causa. Por eso, por más que defiendan la posición que se trata sólo de un caso entre particulares y no de censura, al final del día prevalecerá la interpretación política.
En la interpretación de que la empresa pudo haber actuado bajo consigna o presión, queda también el registro de la política editorial en sus noticiarios, luego de la salida de Aristegui. Muy lejos parece el slogan “más libre que nunca” que identificara el espacio informativo estelar. Para alguien que personalmente vivió con intensidad esa apertura e independencia, la crítica a los abusos del poder, en Noticias MVS, es triste, decepcionante el cambio radical de MVS, sus directivos y ahora el acoso legal a una periodista.
