Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– Pobladores del municipio de General Cepeda, Coahuila, acusaron a Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria del Medio Ambiente en el estado, a su hijo, el Diputado electo por el IV Distrito de Coahuila, Armando Luna Canales y al ex Gobernador Rogelio Montemayor Seguy, de estar detrás del proyecto para construir un confinamiento de residuos tóxicos en ese lugar.
En el marco de las acciones que mantienen los ejidatarios para informar a la sociedad acerca de los daños a la salud que ocasionaría la obra que la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, S.A., pretende realizar, el pasado 28 de julio los habitantes de la comunidad de Noria de la Sabina, acompañados por el sacerdote Pedro Pantoja Arreola y el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ofrecieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México.
“Hay grandes intereses políticos y económicos en ese gobierno [de Coahuila], actualmente tres personas están apoyando esta obra: el Diputado Armando Luna Canales, la señora Eglantina Canales y el ex Gobernador Rogelio Montemayor”, señaló José Villareal, uno de los ejidatarios en el evento.
Aseguró que existen fotografías en donde Luna Canales es apoyado por el dueño de la empresa y aseguró que hace 20 años también trataron de poner un basurero de residuos tóxicos en General Cepeda con el apoyo del entonces Gobernador Rogelio Montemayor, “quien hoy está detrás de este proyecto”.
Los afectados señalaron que fueron engañados por el empresario Daniel Calvert Ramírez para que les vendiera las tierras a bajo costo y denunciaron hostigamiento por parte de la empresa por oponerse a la construcción del confinamiento.
El proyecto de instalación del Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (CIMARI) se dio a conocer en octubre del año pasado. La obra se construirá en un predio de 500 hectáreas en el ejido de Noria de la Sabina, en el municipio de General Cepeda.
Noria de la Sabina es una comunidad de unos 100 habitantes que se dedican al tallado de la lechuguilla, la extracción de cera de candelilla y la recolección de orégano, especies que consideran se verán amenazadas con el proyecto.
Los pobladores presentaron esta semana una carta dirigida al Presidente para que ordene la cancelación inmediata y definitiva del basurero.
“Se solicita la cancelación del Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales en el ejido Noria de la Sabina, los que suscribimos, ciudadanos mexicanos, residentes en el municipio de General Cepeda, acudimos a usted señor Presidente de la República Enrique Peña Nieto, en demanda del respeto a nuestros derechos humanos (…) Pedimos que no se ponga en riesgo el desenvolvimiento de trabajo, estudio y esparcimiento de las personas”, dice un extracto de la misiva que compartió a SinEmbargo José Luis García Valero, habitante de la comunidad de Noria de la Sabina, y que fue entregada oficialmente el pasado jueves.
UNO DE LOS MUNICIPIOS MÁS POBRES DE COAHUILA
El obispo Raúl Vera reclamó a las autoridades por permitir que algunas familias se enriquezcan a costa de la calidad de vida humana y denunció que el señor Calvert en complicidad con algunos funcionarios pretenden imponer la construcción del basurero tóxico en uno de los municipios más pobres de Coahuila.
“Ya estuvo bueno que en este país para que unas cuantas personas llenen sus bolsas de dinero tengan que morir tantas personas como está pasando en el río Sonora, donde los que están presos son los de la Tribu Yaqui y el señor de Grupo México sigue haciendo barbaridades en México, en Perú y en todos lados”, refirió el religioso.
Los ejidatarios advirtieron que los medios de comunicación en Coahuila no difunden información acerca del rechazo de los habitantes de General Cepeda al CIMARI porque están “comprados” por la empresa y dijeron sentirse “desamparados”.
Durante la conferencia, que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, irrumpió el ambientalista Carlos Álvarez Flores acompañado por un grupo de personas. El también director de la organización México Comunicación y Ambiente y uno de los promotores del confinamiento acusó a los ponentes de no ser ejidatarios, “son unos farsantes, si son ecologistas demuéstrenlo”, dijo.
En entrevista para SinEmbargo, José Luis García, aseguró que Álvarez Flores ha estado presentándose en distintos eventos con la misma actitud provocadora. “El señor dijo que yo era panista, pero la parte grave es que señaló a un compañero campesino, Eduardo Alonso, de ser responsable de ordeñar ductos de Pemex, eso ya es una calumnia muy grave”, indicó.
De acuerdo con los pobladores, Sociedad Ecológica Mexicana del Norte -filial de Grupo Ecolimpio–, cuenta con accidentes industriales en su historial, por ejemplo, tiene un confinamiento en el municipio de Arteaga, Coahuila, que aseguran, “tiene asolado a todos los habitantes del lugar porque no cuenta con las mínimas normas de seguridad”.
Los habitantes de Arteaga que viven pegados a la orilla de la carretera antigua del municipio conviven desde hace 12 años con un olor penetrante y nauseabundo. En una nota publicada por el diario Vanguardia, los vecinos describieron esa fetidez como “un hedor viscoso a basura descompuesta que viaja a kilómetros de distancia, entra por la nariz, se mete en el cuerpo, se embarra a la ropa y se cuela por las hendiduras de las puertas y ventanas cerradas de las casas de la Privada Buenos Aires, la colonia 4 de Octubre y El Llano, tres sectores aledaños a la peste de la planta, cuyo olor nada tiene que ver con su nombre comercial: Ecolimpio”.
José Luis García detalló que con el apoyo de la Diócesis de Saltillo los pobladores seguirán haciendo brigadas informativas en diferentes municipios de Coahuila.
“Nos mantendremos tranquilos dando información y buscando enlaces en otras instancias, para nosotros el brazo fuerte son las personas y los periodistas, tenemos que llegar a más gente a través de las redes sociales para hacer llegar nuestra causa a círculos más amplios de la sociedad”, sostuvo.
EL PROCESO LEGAL
En 2011, los representantes de la empresa ofrecieron a los campesinos que instalarían una maquiladora de ropa o una granja de pollos para generarles empleos, para ello necesitaban que les vendieran un derecho de paso entre la carretera federal número 40 que une Saltillo con Torreón, a lo cual accedieron.
La comunidad ignoraba que los terrenos serían usados para crear un confinamiento de residuos tóxicos.
La ley en materia ambiental establece que para poder realizar una obra como los confinamientos, es necesario promover una consulta pública, para ello, el resumen del proyecto debe publicarse en un periódico de gran difusión para que la gente se entere del tema, situación que no ocurrió en Noria de la Sabina.
El proyecto presentado por Sociedad Ecológica Mexicana del Norte señala que no existen poblaciones en un radio de 30 kilómetros a la redonda. No obstante, en el intermedio se localizan los ejidos de La Rosa, Tanque San Vicente, Hipólito y apenas a 5 kilómetros Noria de la Sabina.
Ante estas irregularidades la comunidad no sólo emprendió una lucha a través de brigadas informativas para alertar a la sociedad acerca del confinamiento de residuos tóxicos que pretenden construir en General Cepeda, también lo hizo vía legal.
Jesús González Schmal, abogado de los ejidatarios de Noria de la Sabina, explicó en entrevista para este medio digital que en enero interpusieron un recurso de denuncia popular ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero la dependencia negó la procedencia de la argumentando que todavía no se había materializado la obra.
El recurso de denuncia popular se le concede a una colectividad que se opone al otorgamiento de un permiso de instalación como el que se pretende establecer en General Cepeda.
Ante la respuesta de la Semarnat, recurrieron a una segunda estancia, ahora en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual les admitió el recurso.
“Actualmente se está revisando la procedencia de la autorización que concedió la Semarnat, el problema ha sido que como todavía no se inician los trabajos en el lugar señalado por la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) la Profepa no ha podido tomar acciones para detener el avance del proyecto y hacer la inspección para determinar si el sitio tiene o no las condiciones”, subrayó González Schmal.
Adelantó que desde el pasado 11 de julio, Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, S.A., tiene vencida la autorización que le otorgó la Semarnat para construir el confinamiento.
“No sabemos si la empresa haya gestionado una prórroga, pero si no va a tener que reponer todo el procedimiento”, expuso.
Añadió que no sólo está vencido el permiso, además es irregular porque por una parte la empresa dice que los terrenos son parte del ejido y por otra que son propiedad privada, de modo que se tendría que determinar de qué origen son esas tierras.
El abogado de los ejidatarios afirmó que en estos momentos la empresa está en un transe, “si empieza a construir y después logramos la revocación del permiso, va a tener que perder lo que pudo haber invertido, también va a tener que indemnizar al ejido, por eso no saben qué hacer”.
Otro de los aspectos fundamentales con el que asegura se anularía el permiso para el confinamiento, es que no se contempla el uso del acarreo de la basura tóxica.
“Primero, si van a traer la basura de Ramos Arizpe, Coahuila o de Nuevo León, es un absurdo recorrer 120 kilómetros para enterrarla en otro sitio, la contaminación del acarreo está penada. Segundo, si la basura la van a a traer de los Estados Unidos, como es una de las sospechas, también es un trayecto muy largo”, planteó Jesús González.
