Por Juan Carlos Domínguez, especial para SinEmbargo
Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo/Zeta).– La calma de las últimas semanas en el Valle de San Quintín podría durar hasta los primeros días de julio, cuando los voceros de la Alianza de Organizaciones reclamen personalmente a las autoridades federales el haberlos hecho firmar una minuta modificada que echa por tierra las prestaciones ganadas.
Cinco de los trece voceros del movimiento se trasladaron a Ensenada y reunieron a los medios de comunicación, primero, para aclarar que no están divididos, y segundo, para aceptar que cometieron un error al firmar un documento donde se acepta el “salario base integrado”.
El pasado 4 de junio ante el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, solamente uno de los jornaleros –Justino Herrera— se negó a firmar la última minuta de acuerdos, y ya no se quedó con el resto de los compañeros para anunciar los logros obtenidos.
La transcripción por parte de ZETA de las declaraciones y los motivos narrados por Herrera respecto a su distinto proceder con el resto de sus compañeros, fueron tomados por la Alianza como una sugerencia del medio, y no del vocero, de que entre ellos ya había división.
“Hoy venimos para desmentir que hay fracturas, estamos más fortalecidos que nunca, queremos continuar dando esta lucha a favor de los trabajadores”, dijo de entrada el profesor Fermín Salazar, uno de los voceros.
Lo que reiteró Bonifacio Martínez: “La Alianza sigue más fuerte que nunca, hemos visto algunas notas que la Alianza se vendió. La Alianza no tiene precio, no tenemos el signo de pesos en la frente”.
“La Alianza en ningún momento se ha fracturado ni se va a fracturar”, externó contundentemente Fidel Sánchez, “los voceros en ningún momento nos vamos a pelear”. Después de aceptar del desliz de haber firmado un punto poco favorable añadió: “Pero no se vale que aprovechándose de la circunstancia de este error se quiera hacer leña…”.
Por su parte Justino Herrera, firme, primero pidió perdón a Dios, y luego a sus compañeros, por ser como es, y por haber revelado el fallo: “Pero es mi deber hablar con honestidad, con la verdad y no esconder nada. Si a través de lo que dije en una entrevista con el compañero del semanario ZETA piensan los ciudadanos, o los medios, o el mismo gobierno, que estamos distanciados, no lo estamos”.
Se sostuvo en lo dicho y volvió a pedir disculpas a sus compañeros: “Nunca voy a decir algo que no sea lo que es, y tal como es, y cómo pasan las cosas. Lo que dije lo sostengo”.
Ante una decena de reporteros Justino Herrera volvió a explicar lo sucedido la tarde del 4 de junio cuando al momento de presentársele la última minuta redactada se encontró con la palabra de salario “integrado”, “que astutamente el abogado de los empresarios o del gobierno aumentaron”. Precisó que aunque ni él ni el resto de los voceros pueden ponerle nombre ni apellido ni cargo a quien hizo la trampa “porque desgraciadamente la minuta se redactó en una mesa aparte, no sé cómo la hicieron, pero el caso es que la hicieron y nos la llevaron”.
Que el resto de sus compañeros no se negarán a firmar esa minuta que invalidaba los acuerdos anteriores lo atribuye ahora a un descuido: “Creo que no se dieron cuenta de la palabra, como todos habíamos acordado firmar la segunda minuta, pensamos que era la misma que se habían llevado”.
“Efectivamente, eso es lo que pasó”, justificó Fermín Salazar. “Somos seres humanos y fue un pequeño descuido”. Explicó que cuando se fueron a imprimir y sacarle copias al documento, al regresar debió haber venido con esa alteración que solamente Justino advirtió:
“Sí escuché que decía ‘yo no lo firmo’, pero me quedé pensando ‘por qué cambia de opinión’, y nosotros desafortunadamente lo firmamos y no vamos a decir que no”. “Sí, se cometió un error, y un error gravísimo”, aceptó de forma más contundente Lucila Hernández, vocera de las mujeres jornaleras dentro de la Alianza de Organizaciones. Dijo que “integrado” es tan sólo una palabrita pero con ella sola “se violaron los derechos de nuestros compañeros, son las prestaciones de Ley, está en la Constitución”. Concluyó principalmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero también Derechos Humanos y Gobernación “tienen que realizar una revisión profunda y retirar esa palabra ‘integrado’”.
“… y esa palabra que está en la minuta, vamos a pelear juntos los voceros para que se modifique, se quite o se cambie, para sentirnos cómodos todos”, sentenció por su parte Fidel Sánchez.
Él como el resto de los voceros, no desean aseverar que el gobierno federal actuó de mala fe, o como se dice coloquialmente, que los ‘chamaqueron’ al alterar de último momento la minuta:
“Independientemente que haya sido intencional o no, de todas maneras vamos a pelear para quitar esa palabra que está causando mucho daño a nuestros compañeros que depositaron su confianza en la Alianza. Y no nada más los jornaleros de San Quintín, esa confianza fue depositada a nivel nacional e internacional, los más de 5 millones de jornaleros en el país, su esperanza está en el movimiento de San Quintin”.
Pero el engaño del salario “integrado” que invalida las prestaciones que ya se habían ganado en abril y que se revalidaron en la maratónica jornada del 13 y 14 de mayo será solo el principal del resto de los reclamos en el próximo encuentro entre la Alianza de Jornaleros y el gobierno federal, pues resulta que la mayoría de los compromisos signados por el subsecretario de Gobernación Miranda Nava no se han cumplido.
No se ha iniciado con la revisión para categorizar a las empresas, no se ha liberado a los 14 encarcelados por los disturbios del 9 de mayo, no se ha iniciado la afiliación al Seguro Social ni la construcción del hospital de especialidades para la mujer, tampoco ha auxiliado para reparar los daños de los comerciantes afectados en la primer revuelta, incluso y la autoridad federal tampoco ha confirmado el nuevo encuentro ni puesto cita para próximo encuentro.
Por lo tanto la lucha continúa y los reclamos para el gobierno federal se mantienen por la sencilla razón que no han resuelto: “Con lo que conocemos en el campo nos basta y sobra para demostrar que están violando la ley, y si las empresas tienen buenos abogados y asesores, saben perfectamente que están violando la ley”, resumió Justino Herrera.
