Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– Los comités estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) en Quintana Roo denunciaron un clima de “terrorismo electoral” creado por el Gobernador del Estado Roberto Borge Angulo, para inhibir el voto en las elecciones del próximo 7 de julio.
Julio César Nava, presidente del Comité Estatal del PRD Quintana Roo, dijo que la violencia en la entidad en torno al proceso electoral se recrudeció durante los últimos meses a través de quema de automóviles de los candidatos de la alianza electoral PRD-PAN, amenazas e incluso ataques a las sedes estatales de ambos partidos.
El Presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, adelantó que el partido interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) para solicitar que se investiguen y castiguen los hechos en Quintana Roo.
Zambrano llamó a Peña Nieto a poner orden en la entidad y evitar que las próximas elecciones se vean enrarecidas por la violencia del gobernador priista Roberto Borge Angulo.
“Esto no puede ni debe seguirse dando. Exigimos a Peña Nieto para que controle a sus huestes, especialmente al salvaje que tiene, al pirómano que tiene como gobernador en Quintana Roo. Es una elemental actitud de responsabilidad política con lo que Peña Nieto firmó en el Adendum del Pacto por México y que allá no existe para el gobernador”, dijo Jesús Zambrano.
A la fecha son ocho vehículos incendiados de distintos funcionarios perredistas y candidatos, así como destrucción de 60% de la propaganda electoral de la candidata a la alcaldía del municipio de Benito Juárez (Cancún), Gabriela Saldaña.
César Nava informó que el 24 de mayo asaltaron la sede del Comité Estatal perredista e incendiaron la mayor parte del inmobiliario, mientras que el 3 de junio el objetivo fueron las oficinas del PAN.
“Tenemos informes de que el Gobernador del Estado pretende el día de la elección, reventarla. Pretende robar urnas, quemarlas, asaltar los Consejos Distritales. En Quintana Roo todavía se viven los viejos años de los priistas, con las viejas mañas, en Quintana Roo van a cambiar las cosas, ese es el gran temor, por eso ese asalto que hacen a la gente para ganar la elección”, dijo.
Eduardo Martínez Arcila, presidente del Comité Estatal de Quintana Roo, denunció que además del terrorismo electoral, en el estado se vive un clima de turismo electoral.
“Alrededor de siete mil ciudadanos de Campeche y Yucatán se empadronaron en Quintana Roo. Se detectaron de dos mil que aportaron documentación falsa y que tramitaron su credencial y alrededor de 200 son servidores públicos de municipios de Valladolid y otros gobernados por el PRI que son frontera con Quintana Roo”, explicó el panista.
Gabriela Saldaña, candidata a la alcaldía de Benito Juárez, alertó sobre la persecución que viven ella y sus colaboradores.
“Son perseguidos, hay quema de carros, han entrado a sus casas a robar computadoras, destruir material de las oficinas del PRD. Hay denuncias en Quintana Roo y no hay una respuesta. Hago un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto y que mire hacia Quintana Roo y ponga ojos en la conducta del gobernador, porque él se maneja solo”, indicó.
¿DESVÍOS MILLONARIOS?
El Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, junto con su secretario de Hacienda, Juan Pablo Guillermo Molina, y el tesorero del municipio de Solidaridad –el más boyante de los cinco que gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ese estado–, José Luis Toledo, han sido denunciados por triangular recursos a través de empresas fantasmas y proveedores ficticios para desviar cerca de 71 millones de pesos.
Una investigación de la revista Luces del Siglo plantea que, desde el inicio de su gubernatura, el 5 de abril de 2011, Borge Angulo impuso a los cinco presidentes municipales del PRI en Quintana Roo tesoreros “a modo”, entre los que destaca el propio Toledo –compadre del Gobernador– y Edwin Argüelles González, cuñado de Borge Angulo y tesorero del municipio de Cozumel.
La investigación realizada por la reportera Roxana Bermúdez Howard consigna, con documentos de las transacciones realizadas desde la Tesorería Municipal de Solidaridad, una estrategia financiera sobre la prestación de servicios públicos, donde los recursos salen de ese ayuntamiento con un destino incierto.
De acuerdo con las pruebas presentadas por la revista, el principal operador de esta maquinaria es el titular de Hacienda de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina, quien a través de su cuñado Víctor Vivas Cañedo, José Luis Cetina y Vicente Erosa, obtuvieron facturas y cheques con los que se triangularon los recursos a cuentas de particulares y a una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), propiedad de Álvaro Uribe, tío político del actual titular de Hacienda de la entidad.
OPERACIÓN TRIGOS
La mecánica de operación que describe Luces del Siglo es la siguiente: Víctor Vivas Cañedo, José Luis Zetina y Vicente Erosa contactan a diversas personas físicas y algunas empresas de reciente creación para que el municipio de Solidaridad les adjudique de forma directa diversas obras o servicios que son “simulados” para que posteriormente les sean finiquitadas, a través de depósitos en cuentas bancarias gestionadas por los propios funcionarios.
“Se trata de la misma forma de operar que la Auditoría Superior del estado le encontró al ex tesorero de Benito Juárez, Carlos Trigos Perdomo, acusado de peculado y actualmente preso por el desvió de casi 90 millones de pesos durante la administración de Gregorio Sánchez Martínez”, consigna la revista.
Entre los documentos en poder de Luces del Siglo está un catálogo de facturas procesadas en programa Excel, que dan cuenta de operaciones concretadas durante los periodos 2010, 2011 y 2012. La mayoría de los contratos hacen referencia la prestación de servicios y suministro de bienes genéricos de difícil comprobación o no auditables.
Se presentan facturas y cheques firmados en blanco que los operadores utilizan para recuperar los montos pagados a los supuestos proveedores, los cuales tienen sus domicilios en el vecino estado de Yucatán y, en la mayoría de los casos, se trata de jóvenes que no rebasan los 30 años de edad, según su número del Registro Federal de Causantes.
En el catálogo de facturas, bajo el régimen de personas físicas con actividad empresarial, sobresalen los siguientes “proveedores” por el número de contratos y los montos con que fueron “beneficiados”:
1. Gaspar Francisco Chim González, con domicilio en calle 74, número 205, Cecilio Chi, en la comunidad de Kanasin, Yucatán. A él se le otorgaron 21 contratos por un monto total de10 millones 815 mil 996 pesos. Nació el 4 de enero de 1988, es decir, tiene 25 años de edad.
2. Gilberto Irigoyen Basto, calle 44 C, número 485, por 31 A y 31 B, colonia Nuevo Yucatán, Mérida, Yucatán. Tiene en su haber 23 contratos por la cantidad de 10 millones 99 mil 119 pesos. Nació el 29 de octubre de 1939, tiene 73 años de edad.
3. Daniel Cornelio García, calle 25, número 137 E, entre 20 y 22, colonia Jardines de Chuburna, Mérida, Yucatán. Reporta 16 contratos por la cantidad de 7 millones 841 mil 191 pesos. Nació el 3 de mayo de 1989, tiene 24 años de edad.
4. Cleyver Ricardo Dzib Viera, calle 29 A, número 236, entre 16 y 18, colonia Polígono 108 CTM, CP 97143, Mérida Yucatán. Contabiliza 16 contratos por un monto de 7 millones 843 mil 764 pesos. Nació el 11 de septiembre de 1985, tiene 27 años de edad.
En el mismo catálogo, sólo figuran dos empresas con los siguientes datos:
1. Comercializadora Integral del Sureste, representada por Miguel Ángel Torres, con domicilio en calle 21, número 88, por 16 y 19, Cansahcab, Yucatán. Reporta 46 contratos por la cantidad de 18 millones 492 mil 486. Nació el 29 de septiembre de 1974, tiene 38 años de edad.
2. MC Construcciones, representada por Vilma Yameli Navedo Mejía, calle 85, número 495-A, por 56 y 58, colonia centro, Mérida, Yucatán. Se le contabilizan 34 facturas por un total de 16 millones 658 mil 337 pesos. Nació el 3 de mayo de 1989, tiene 22 años de edad.
“Este tipo de operaciones ya se realizaban desde el sexenio pasado con Félix González Canto como Gobernador. Los documentos en poder de este semanario tienen fechas que van del 5 de enero de 2010 al 11 de mayo de 2012, (fechas en las cuales Mauricio Góngora Escalante se desempeñó como tesorero municipal de Solidaridad y Juan Pablo Guillermo Molina, como director de Finanzas del mismo municipio)”, destaca la revista.
Los servicios que supuestamente prestaban estos proveedores era arrendamiento de maquinaria en general, pero sobresale la renta de volquetes para la recolección de basura en el municipio.
Sólo por arrendamiento de volquetes con capacidad de 14 metros cúbicos (m3), existen documentos relativos a un total de 108 contratos con duración de entre 6 y 15 días, para recolección de basura, deschatarrización y limpieza de playas por turnos de seis horas, por un monto global que asciende a la cantidad de 53 millones 526 mil 692 pesos.
De igual forma eran documentados contratos por el arrendamiento de retroexcavadoras, pipas de agua de 10 mil m3, tractores tipo oruga, motoconformadoras, aplanadoras y vibrocompactadoras, supuestamente destinadas a trabajos de jardinería, limpieza de playas, reacomodo del relleno sanitario y caminos de terracería, así como el suministro genérico de “materiales de construcción” y “materiales eléctricos”.
“Los procedimientos de adjudicación y elaboración de los contratos quedaban a cargo del propio municipio; sin embargo, eran los operadores del actual secretario de Hacienda, quienes los firmaban haciéndose pasar por los beneficiarios de la adjudicación”, expone la publicación.
La operación financiera se realizaba en algunos casos, a través de pago directo de los supuestos contratistas, y en otras, través de una SOFOM propiedad de Álvaro Uribe (tío político de Juan Pablo Guillermo Molina) y con quien el municipio de Solidaridad tiene un contrato de prestación de servicios de factoraje financiero.
El domicilio de la SOFOM se ubica en las oficinas en “Grupo Intelek”, en el despacho 303 del Tulum Trade Center, de Cancún.
“Cuando los pagos eran realizados a través de la SOFOM, el municipio de Solidaridad realizaba la transferencia por el pago consolidado de los servicios de factoraje financiero junto con la comisión por dicho servicio, por lo que las comprobaciones realizadas por la Tesorería Municipal de Solidaridad, quedaban amparadas con la factura que expedía la SOFOM”, se explica.
De acuerdo con testimonios expuestos a la revista por involucrados en este caso, la mecánica de los pagos, de manera directa era efectuar el depósito mediante cheque o transferencia electrónica a las cuentas de los beneficiarios de los contratos adjudicados de manera directa, en los cuales se retiraban los fondos ese mismo día, incluidos los correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.
La totalidad de estas cuentas fueron aperturadas en la ciudad de Mérida, Yucatán. “El monto que recibían estas personas equivalía a 1.5% para el titular de las facturas, 1% para los operadores financieros y el resto era entregado a Juan Pablo Guillermo Molina, quien trasladaba los fondos en un avión particular, aparentemente de su propiedad, para ser destinado a las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional en la zona norte del estado, incluyendo el ya documentado ‘turismo electoral’, así como el ‘Plan 1×100’, implementado por la ahora secretaria General del PRI y ex Gobernadora del estado de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco”, plantea Luces del Siglo.
