Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo)-. La libertad de prensa sufre una severa crisis en México, y ahora se agregan nuevas preocupaciones legales, tal como las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dijo el Oficial del Programa para América Latina y el Caribe de Freedom House, Alexander Brockwehl.

Brockwehl indica que dicha legislación podría ser utilizada para socavar la libertad de expresión. Recuerda que en el reciente informe anual sobre las condiciones de la Libertad de Prensa, realizado por Freedom House, México fue calificado como “no libre” por quinto año consecutivo y recibió el puntaje más bajo en más de una década, en consecuencia de la citada Ley.

El Oficial de Freedom House dice además que la situación de los periodistas se ha deteriorado bajo la presente administración federal, “con ataques directos contra su integridad, con la impunidad de esos crímenes como norma”.

“Los medios de comunicación también han sufrido un aumento de los despidos de periodistas que revelan actos de corrupción de personajes de alto perfil, y existen represalias contra los que cuestionan las narrativas oficiales o exponen a los esfuerzos del gobierno para encubrir actos de violencia policial y militar”, dice.

El Oficial del Programa para América Latina y el Caribe de la organización recuerda que el 4 de mayo pasado, el periodista mexicano Armando Saldaña Morales fue encontrado muerto en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, en el estado de Oaxaca, con cuatro balas en la cabeza y marcas que cubren su cuerpo indicando tortura.

Tres días más tarde, Bernardo Javier Cano Torres fue secuestrado en la ciudad de Iguala, Guerrero, el mismo lugar donde 43 activistas estudiantiles fueron desaparecidos en septiembre de 2014, dice el ejecutivo de Freedom House.

“Los homicidios y desapariciones de periodistas y activistas han sido muy comunes en México durante la última década, sin embargo, el año pasado parece haber marcado un nueva puntuación baja para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión”, asegura.

Indica que el Gobierno de México emitió una respuesta oficial al informe de Freedom House, teniendo problemas con la evaluación de la nueva ley. Sin embargo, el argumento presentado, mismo que no mitigaron las preocupaciones de la organización, son similares a los antes expresadas por otros grupos internacionales y nacionales.

Brockwehl señala que el Artículo 190 de la referida Ley permite la suspensión de las telecomunicaciones por una “autoridad competente”, sin especificar las situaciones o los tipos de delitos con los que se aplicaría este poder.

La ley también, recuerda el oficial de Freedom House, autoriza el uso de la geolocalización y el seguimiento de los teléfonos móviles sin supervisión judicial, que no está en consonancia con las normas internacionales o si quiera con la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El amplio lenguaje de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, permite a una amplia gama de agentes de seguridad y al sector judicial, acceder a los registros de seguimiento de teléfonos móviles, incluidos los funcionarios locales que han sido implicados directamente en los ataques anteriores contra periodistas.

Aunque queda por ver, enfatiza Brockwehl, cómo funcionará la Ley en la práctica, ya que el contexto actual de la libertad de expresión en México corrobora la preocupación de Freedom House de que las disposiciones vagas de la legislación pueden ser utilizados para silenciar a los periodistas y medios de comunicación independientes.

UN ENTORNO CADA VEZ MÁS HÓSTIL

Dejando de lado la reforma de las telecomunicaciones, existe un hallazgo más importante en el informe de Freedom House dice el Oficial: La situación de los periodistas se ha deteriorado bajo la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

Los ataques a periodistas, que también eran comunes bajo la administración anterior (la del panista Felipe Calderón Hinojosa), han aumentado en los últimos dos años y medio. Además, asegura Brockwehl, la impunidad de esos crímenes sigue siendo la norma.

Los medios de comunicación también han sufrido un aumento de los despidos de periodistas que revelan actos de corrupción de personajes de alto perfil, y existen represalias contra los que cuestionan las narrativas oficiales o exponen a los esfuerzos del Gobierno para encubrir actos de violencia policial y militar.

De acuerdo con datos de Reporteros Sin Fronteras, tres periodistas fueron asesinados en relación directa con su trabajo durante el 2014, y otra docena fueron amenazados y atacados. De acuerdo con Artículo 19, un periodista fue agredido cada 26.7 horas en México el año pasado, casi el doble de la tasa reportada durante el Gobierno de Calderón.

Además, asegura Brockwhel, los eventos de este año sugieren hasta ahora que las condiciones son aún peores. En enero, en Veracruz, el periodista Moisés Sánchez Cerezo fue secuestrado y posteriormente encontrado decapitado, después de publicar constantemente artículos sobre la corrupción gubernamental, la mala gestión de los recursos, y del crimen organizado.

En marzo, dos periodistas en MVS Radio fueron despedidos, al parecer en relación con la presentación de informes sobre el escándalo de la casa blanca, que reveló que la esposa de Peña Nieto había comprado una mansión de varios millones de dólares de un contratista del gobierno favorecido.

Carmen Aristegui, la periodista que publicó la historia, fue despedida una semana más tarde después de exigir su reincorporación. Por su parte, MVS afirmó a los periodistas fueron despedidos por su participación en Mexicoleaks, una plataforma en línea que lucha contra la corrupción.

El Oficial para América Latina de Freedom House señala que los críticos sugieren que MVS fue presionado por los funcionarios del gobierno para despedirlos, debdio sus informes sobre el caso de corrupción de Peña Nieto. El gobierno ha negado cualquier intromisión.

PEÑA NIETO: A LA DEFENSIVA

Habiendo llegado al poder -prometiendo reformas políticas y económicas fundamentales-, el Gobierno de Peña Nieto no ha hecho más que difundir sus “ambiciosos objetivos” distintos de la realidad. En el último año, se ha sustituido su tono inicial de optimismo, por el pragmatismo y la ambición, esto con dejos de exasperación, impaciencia, y negación.

Sus respuestas a incidentes de alto perfil, reflejan una tendencia a negar cualquier papel del gobierno primero sobre las preguntas que realizan los medios independientes.

Peña Nieto ha defendido firmemente México frente a las críticas de los organismos internacionales que promueven los derechos humanos, recientemente, yendo tan lejos como para cuestionar la integridad del relator especial de la ONU sobre la tortura, a través una carta.

Después se encontró con que la tortura en México es una práctica “generalizada”, asegura Brockwhel.

Con los índices de aprobación del Presidente en sus mínimos históricos, el mandatario mexicano se enfrenta a un desafío crítico cerca del punto medio de su mandato. En algunas cuestiones, las reformas importantes que fueron ratificadas aún no se han implementado. En otros, las promesas del Gobierno de Peña han quedado sin cumplir en su totalidad.

Los ciudadanos aún esperan una acción significativa de su Presidente, dice El Oficial para América Latina de Freedom House.

Para hacer frente a la crisis de la libertad de expresión de la crisis, el Gobierno debería dedicar más recursos y apoyo técnico a la Fiscal especial federal para delitos contra la libertad de expresión, ya que de esta manera mejoraría su capacidad de investigación y su coordinación con las autoridades estatales y locales, dice el ejecutivo de la organización internacional.

También se debe seguir trabajando para apoyar el Mecanismo de Protección Federal para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, haciendo hincapié en la importancia de este mecanismo como parte de un esfuerzo más amplio para construir un sistema eficaz de protección para los periodistas.

El Gobierno de Peña Nieto debe demostrar que toma en serio los ataques mediante la capacitación de la policía y los militares para abordar mejor en la prevención sobre los riesgos potenciales para los periodistas, los reporteros ciudadanos y los activistas de derechos humanos, dice Blockwhel.

Pero antes de que pueda tomar estas medidas, el Gobierno de Peña Nieto tendrá que abandonar sus intentos reflexivos para “despedir retóricamente” los problemas que puedan surgir.

El actual enfoque de Peña Nieto indica un error de cálculo fundamental sobre la profundidad del descontento de la población mexicana. El Gobierno se enfrenta a una crisis de confianza entre sus ciudadanos, y periodista como Jorge Ramos le dicen a Peña Nieto que la situación no va a ser “tranquila”.