Actualmente, dos países latinoamericanos encabezan la discusión sobre la gobernanza de la Red: Brasil y México. Sin embargo sus caminos van en sentidos opuestos. En México, la discusión de las leyes secundarias a la Reforma en Telecomunicaciones propuestas por el actual Presidente Enrique Peña Nieto provocó la movilización de los ciudadanos en las calles porque –consideran– violenta los derechos humanos y marca un retroceso a la libertad de expresión. En cambio, el gobierno de Brasil, encabezado por Dilma Rousseff, puso el ejemplo con la aprobación del Marco Civil de Internet, una especie de Constitución de la Red que amplía las libertades y la cobertura en el uso de la Red y las protege como un derecho humano. Con esto, Rousseff se ha convertido en la líder de un movimiento internacional para regular Internet formado por países del espacio del Mercosur, la Unasur, el Brics, la Celac y algunos países africanos.
Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).– El pasado 24 de marzo de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto propuso su iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema de Radiodifusión de México, para reformar, derogar y adicionar las disposiciones en materia de telecomunicaciones. Esta iniciativa, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil que se pronuncian por defender los derechos de los usuarios de la Red, promueve la censura y coarta las libertades de los ciudadanos.
Aunque la legislación está en proceso de discusión y se pospuso hasta junio de 2014, diversas organizaciones y especialistas en comunicaciones criticaron la iniciativa propuesta por el Jefe del Ejecutivo federal y la consideraron como un retroceso social que se debe a la propia voluntad de los gobernantes y políticos.
En contraste, mientras en México los ciudadanos salían a manifestarse en las calles contra las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, apresuró la normatividad tras el escándalo del espionaje de Estados Unidos a ciudadanos, empresas y otros gobernantes revelado por las filtraciones de Edward Snowden, pues argumentó que “para que la Internet sea más democrática, necesita más presencia de los países en desarrollo”.
“Queremos proteger la Internet como espacio democrático, de todos, como un bien común, un patrimonio de la humanidad. La Internet que queremos sólo será posible en un escenario de respeto por los derechos humanos, en particular el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión”, afirmó la Presidenta brasileñ en la aprobación del Marco Civil.
El Congreso de Brasil aprobó el pasado 22 de abril la Ley que establece la neutralidad en la Red, así como la protección de privacidad de los usuarios que navegan en Internet.
El proyecto denominado Marco Civil de Internet fue propuesto desde 2009. Sin embargo, luego de conocerse el caso de espionaje realizado por la Agencia de Seguridad estadounidense NSA retomó mayor fuerza hasta entrar en vigor el 23 del mes pasado como “Constitución Internet”, tras una campaña intensa que se gestó en las redes sociales.
Organizaciones y legisladores de Brasil levantaron el debate en el Congreso y en Twitter se colocaron de inmediato los hashtags #MarcoCivil y #EuQueroMarcoCivil (quiero Marco Civil, en portugués), hasta lograr la regulación en el uso de Internet, lo que garantiza la protección y los derechos de los usuarios de la Red.
En tanto, según las organizaciones civiles, lo presentado por el Presidente Peña Nieto se traduce en :
La iniciativa permite la censura por derechos de autor.
El contenido del que hagan uso los usuarios puede ser restringido, ya que se otorga a juicio de los proveedores, es decir, de las empresas de comunicaciones.
Proveedores de los servicios de telecomunicación pueden exigir un pago por trato referencial, es decir, incluso por velocidad o banda ancha.
Almacenamiento de datos de los usuarios sin ninguna orden judicial, lo que viola totalmente la privacidad de los internautas.
Instituciones de gobierno pueden inhibir o anular la señal al momento que lo deseen.
RETROCESO TOTAL
Antonio Martínez Velázquez, especialista en comunicaciones e integrante de Artículo 19, detalló que con la iniciativa planteada en México “nos enfrentamos a un sistema político que no lo permite por defecto [establecer un marco legal que garantice los derechos de los usuarios] porque los legisladores no dependen del electorado, dependen de las cúpulas de los partidos y los acuerdos que llegue con ellos, de manera que no tienen razón para escuchar al elector si de éste no dependen las decisiones. No hay un vínculo entre el ciudadano y el representante, y el representante tiene que quedar bien con los partidos. El problema tiene que ver con el sistema político que tenemos y el comportamiento de éste a través de los años”.
Martínez Velázquez advirtió que “después de 12 años de PAN [Partido Acción Nacional] y 71 de PRI [Partido Revolucionario Institucional] difícilmente se ha generado –o está generándose– un sistema donde la sociedad civil tenga un contrapeso que pueda influir de manera clara en las decisiones de los políticos”.
El también integrante de la asociación civil Internet Para Todos consideró que la Reforma planteada en materia de Telecomunicaciones “es un retroceso en el sentido sustantivo, en lo que tiene que ver con la iniciativa, es decir, habrá mayor restricción a los derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión. Es una iniciativa que no está configurada para ser compatible con los derechos consagrados en la Constitución […] parte de la Reforma del Artículo 1º constitucional de 2011 dice que todas las leyes hacia el futuro tendrían que seguir los principios de progresividad; es decir, que cada vez tengamos más derechos y no menos, en ese sentido es un retroceso”, reiteró.
El activista añadió que “en términos políticos también es un retroceso el hecho que en un nuevo contexto, los políticos se sigan comportando como en el pasado y que no hagan discusiones abiertas, deliberaciones públicas sobre leyes tan importantes que afectan a muchísimas personas”.
Por su parte, Luis Miguel Martínez Cercvantes, coordinador del Programa de Convergencia Digital de la Universidad Iberoamericana, dijo que “en México, el operador, no necesariamente es el Estado, con la iniciativa de EPN se le están dando ciertas facultades al concesionario para regular el canal, y más que regular, controlar, esa es la diferencia [entre la ley en Brasil y la de México en materia de Telecomunicaciones]”.
“Se está hablando de un retroceso, justamente cuando la regulación de las telecomunicaciones pasó de una entidad autónoma a un Estado de control, es un retroceso, sin duda” declaró, y dijo que “el poder de organización de las personas a través del internet (lo que pasó en Egipto y Siria) son manifestaciones de la capacidad de organización, que surgen a través de un canal que no era de importancia para los Estados[…] La mayoría de los Estados piensan en los problemas de seguridad que pueden llegar a surgir a partir de la organización de personas, el cual, rebasa las capacidades de vigilancia del Estado], abundó.
Mientras tanto, las principales ventajas de la ley de Comunicaciones en Brasil son:
Las compañías que ofrecen el servicio de internet no podrán limitar el acceso a los usuarios a determinados contenidos, ni podrán cobrar precios diferentes por cada servicio que se ofrece (conocido como neutralidad de red).
Los proveedores de Internet tendrán la obligación de almacenar los registros de conexión por seis meses y ponerlos a disposición de las autoridades previa orden judicial. (Este punto ha sido polémico, ya que algunos señalan que debilita la protección de la privacidad).
Las denuncias de usuarios en contra de empresas extranjeras de internet, serán resueltas en tribunales de Brasil y no en Estados Unidos.
Con la ley se busca impedir el control que el gobierno de Estados Unidos ejerce sobre la red, aunque especialistas afirman que es difícil de conseguir.
Compañías deben informar de forma clara sobre el uso y almacenamiento de sus datos.
Sin embargo, Martínez Cervantes consideró que el Marco Civil de Internet impuesto en Brasil se trata de “una posición antagónica totalmente […] se tiene un discurso para la apertura a los valores de la libertad, y por otro lado existe un control del gobierno[…] sea para bien o para mal”, y reconoció que la legislación en ese país “es más explícita, los términos en que se redactó su ley es más explícita y tiene menos variante legales, es una gran diferencia [a la iniciativa presentada en México], y se asume el papel del estado en un ‘doble juego’ entre protector de la libertad, pero controlador del canal”.
Así, el especialista en comunicaciones de la Universidad Iberoamericana consideró que “debemos de mantenernos firmes en nuestras convicciones como sociedad, y respetar la libertad que es uno de los valores que están garantizados en nuestra Constitución y que el gobierno nos garantice que lo que hacemos en la red –mientras no sea un acto criminal– se respete la privacidad”.
NEUTRALIDAD DE LA RED
La ley aprobada en Brasil logró librar la polémica que ocasionaron las empresas de comunicaciones quienes fueron las primeras en oponerse al Proyecto Marco Civil que las dejó inhabilitadas de querer imponer costos altos por los servicios de banda ancha.
A nivel global, la neutralidad de la red es el principal tema por lo que los usuarios luchan garantizar. En Bruselas fue aprobada así como en la Unión Europea, mientras que en Holanda se aprobó desde dos años, lo mismo en Chile y Túnez. Sin embargo, en Estados Unidos no fue admitida por su Congreso.
Por su parte, activistas integrados en el colectivo Internet Para Todos, en México, demandó al Congreso de la Unión que se tomen en cuenta las propuestas que hicieron desde que se anunciaron las leyes secundarias a la Ley de Telecomunicaciones, que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha querido incorporar, cuestión que merma la libertad y el derecho a la libertad de expresión además de ignorar las demandas de la ciudadanía.
El Colectivo –que reúne a organizaciones de la sociedad civil así como ciudadanos y usuarios de Internet– solicitó a EPN el derecho al acceso a Internet sin restricciones por parte de corporativos de telecomunicaciones, así como un acceso para todos, incluso en las comunidades más alejadas; neutralidad de la Red; garantías contra injerencias arbitrarias de la autoridades ante intervención en las telecomunicaciones y espionaje, así como la liberación de los espacios blancos para que el Estado pueda otorgar servicios gratuitos.
Al mismo tiempo, Marco Antonio Martínez, de Artículo 19, explicó en entrevista que en el tema de la neutralidad de la Red lo que hace la iniciativa del Presidente es “subsumir la neutralidad a la legalidad del contenido”, ya que “por principio en Internet ningún dato es discriminado por su origen, ni por su destino, ni por el tipo de contenido, sólo se traslada de un lado a otro sin importar un elemento previo.
En una Reforma como la plantea el Presidente, continuó, donde subsume al principio de la legalidad del contenido, la consecuencia que tiene esto es que el proveedor de servicios de Internet tiene que saber el contenido de los datos para entonces discriminar aquellos que no sean legales. “Es como si abrieran todas las cartas de la correspondencia física para saber si las comunicaciones que nos estamos mandando tienen o no algún sentido, el que sea, que sea contrario a la Red”, ejemplificó.
El experto en comunicaciones detalló que lo anterior “impone costos a las empresas para tener cierta tecnología para conocer el contenido de los datos. Se les impondría el costo de manera implícita y vulnera el principio a cómo funciona la red en cuanto a no discriminación de contenido, de manera que afecta la libertad de expresión y de acceso a la información, porque se promoverían acuerdos comerciales entre ciertas empresas”.
“El beneficio de la neutralidad de la red que todos tenemos es la libertad de lo que queremos ver y siempre lo vamos a ver a la misma velocidad y nadie está discriminando qué tipo de información ves mejor que otra”, reiteró Marco Antonio Martínez.
En tanto, Luis Miguel Martínez Cercvantes, coordinador del Programa de Convergencia Digital de la Universidad Iberoamericana, dijo que “en la reforma planteada por Peña Nieto encontramos el ‘permiso’ de la ley para que el operador discrimine los paquetes [de datos] una vez que estos entran a su infraestructura, es decir […] se otorga posibilidad al operador de examinar la información; básicamente le estoy dando ‘permiso’ para que me censure”.
También destacó que “el contenido debe ser regulado por los usuarios por el ser parte de los principios básicos de internet, y reiteró que con la nueva iniciativa el Ifetel no pretende regular el contenido, […] en la mayoría de las legislaciones en el mundo, no hay una legislación sobre el contenido, sin embargo, en la iniciativa presentada [por Peña Nieto] se le dan atribuciones a entidades como la Secretaría de Gobernación para regularlo”.
Recordó que Internet surgió de los usuarios, pues “nació por un acuerdo de libre voluntad entre usuarios que conectaron sus máquinas para intercambiar archivos, entonces se crearon unas estructuras de gobierno, la cual se conoce como gobernanza en internet, y tiene diferentes ámbitos, uno de ellos es el direccionamiento internacional, al igual que asociaciones, sin embargo, los gobiernos buscan “adoptar la gobernanza en Internet”.
“En el caso de Brasil hay una posición antagónica totalmente […] se tiene un discurso para la apertura a los valores de la libertad, y por otro lado existe un control del gobierno[…] sea para bien o para mal”, opinó el especialista de la Universidad Iberoamericana.
Al mismo tiempo, la organización que lleva como bandera #ContraElSilencioMx, donde el colectivo Libre Internet Para Todos también forma parte, ha salido a las calles a demandar claramente se respeten los derechos de los usuarios, así como la imposición a la censura que el gobierno mexicano ha querido imponer con la iniciativa que fue enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión.
