El 15 de noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de Artículo 19, organización que denunció una omisión legislativa del Congreso que no elaboró cuando debía una ley que regulara la publicidad oficial.
Fueron tres minutos de votación. Los representantes de esa organización y de Fundar, otro grupo que le ha dado seguimiento minucioso al tema, salieron con una sonrisa en el rostro pero con un temor en la mente que pronto externaron a los medios presentes: el paso siguiente sería vigilar el proceso y, en particular, el resultado.
A un mes de que se cumpla el plazo para tener una Ley, estas dos organizaciones plantearon que el proceso se convirtió en una simulación, ya que el PRI, el PVEM y Panal revivieron una Ley que se aferra a conservar las malas prácticas.
“El mensaje es que no les importa cambiar la relación de poder entre gobierno y medios, no les importa construir medios libres en México y están desperdiciando una gran oportunidad de dar debates de fondo”, dijo Justine Dupuy, coordinadora del programa de publicidad oficial de Fundar.
Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados discutirá y votará este 3 de abril un dictamen de Ley de Comunicación Social presionada por el fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el pasado noviembre y que señalaba que la ausencia de esa Ley se debía a una omisión legislativa.
Pero de acuerdo con las organizaciones que han llevado este proceso, Artículo 19 y Fundar, se entró en un proceso de simulación para sólo dar cumplimiento a los requisitos de la SCJN, ya que el documento que buscarán aprobar el día de mañana es una copia de los lineamientos ya vigentes en materia desde hace 10 años y con eso no se soluciona el principal problema, que es la publicidad oficial convertida en un mecanismo de control directo de líneas editoriales y en asignación discrecional de grandes cantidades de dinero.
Con cifras preliminares de 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, el gasto de publicidad se ubica en 44 mil 659 millones 659 mil 871 pesos.
De acuerdo con un estudio de Fundar, el Gobierno federal gastó entre 2013 y 2016 un monto de 37 mil 725 millones de pesos en publicidad oficial, y además esa cantidad superó en 15 mil 162 millones de pesos lo aprobado por el Congreso de la Unión. También se hizo caso omiso del recorte del 10 por ciento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decretó desde 2015, como parte del recorte al gasto público y de su política de austeridad.
En lo que respecta a 2017, de enero a noviembre se han gastado 4 mil 779 millones 640 mil 801 pesos, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Cada año se presenta este sobreejercicio. Fundar detectó que la práctica es constante y se traduce en un gasto 71.86 por ciento mayor al que el Congreso aprobó año con año en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Así, en 2013 las dependencias del Gobierno federal gastaron 48.74 por ciento más; en 2014, 35.03 por ciento más; en 2015 repuntó 80.50 por ciento y en 2016 el gasto fue de 133.58 por ciento extra. A esta administración federal se le permitió gastar 21 mil 097 millones en ese rubro, pero el monto se disparó a los 33 mil 261 millones de pesos.
En 2017, el monto gastado ya es de 6 mil 934 millones 276 mil 871 pesos con un sobreejercicio de 3 mil 369 millones 836 mil 871 pesos, que es casi la misma cantidad de dinero que se podía gastar ese año: 3 mil 564 millones 440 mil pesos.
“El predictamen no cumple con los mínimos necesarios. La mayoría del contenido del dictamen retoma los 'Lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal' que existen desde hace más de quince años sin lograr revertir las malas prácticas del uso de la publicidad oficial. En pocas palabras, esta propuesta es una simulación. Peor aún, el documento institucionaliza malas prácticas y atenta directamente contra un Estado democrático y de derecho pues las disposiciones previstas en él violan directamente la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte”, señaló el Colectivo #MediosLibres en un posicionamiento.
Si el día de mañana esa propuesta se vota y se aprueba se pasaría a Pleno. De ahí brincaría a la Cámara de Senadores para su aprobación; en caso de haber observaciones al dictamen, regresaría a la Cámara de Diputados.
UN DICTAMEN COPY PASTE
Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, dijo en entrevista con SinEmbargo, que el dictamen que se puso a discusión simula el cumplimiento y la regulación al Articulo 134 al ser una copia de los lineamientos de la Secretaría de Gobernación que han estado vigentes por más de 10 años.
“Lo preocupante es que regulariza las malas prácticas al promover a funcionarios públicos y ensalzar figuras públicas en la publicidad oficial y no garantiza que ésta sea de utilidad pública, es decir, que brinde información suficiente a los ciudadanos sobre lo que sucede en el gobierno, sobre sus derechos y obligaciones. Además este dictamen generaliza las malas prácticas porque se trata de una Ley General que va a impactar la manera en que se asigna y se distribuye la publicidad oficial en todos los estados de la República”, comentó.
Desde el colectivo #MediosLibres se propuso abrir el parlamento para generar una discusión y poder analizar las iniciativas presentadas por legisladores y recuperar las mejores prácticas que se vertían en éstas.
El pasado 7 de febrero, dicho colectivo presentó 10 lineamientos que la nueva regulación de la publicidad debe tener para ser una ley con los más altos estándares internacionales en materia y bajo un esquema de transparencia que permita darle seguimiento y contemple la participación de los actores involucrados:
–La publicidad oficial no debe desaparecer.
–Se requiere una Ley General que atienda a los tres niveles de gobierno.
–Definir criterios de asignación basados en la idoneidad.
–Máxima publicidad de las autoridades como de los medios de comunicación, para contar con una rendición de cuentas eficaz y controlar el uso de la publicidad oficial.
–Transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.
–Contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada.
–La publicidad oficial debe ser siempre identificable.
–Fomento a la pluralidad y a la diversidad.
–Mecanismos de control eficaces
–Uso racional de los recursos públicos.
“Lo que es preocupante es que una de las resoluciones de la sentencia de la Corte era la necesidad de que hubiera criterios claros y objetivos para la asignación de publicidad oficial y en esta iniciativa no viene ningún criterio. Vuelve a remitir a unos lineamientos y genera un círculo vicioso en el cual no habría ninguna solución y mantiene el problema.
Esta iniciativa no ataca el problema y por el contrario puede llegar a exacerbarlo porque generaliza las malas prácticas y genera otras”, agregó Ruelas.
BAJO UNO DE LOS PEORES ESCENARIOS
Justine Dupuy, Coordinadora del programa de publicidad oficial de Fundar, comentó al respecto que la esperanza de tener un buen proceso se va acabando.
“Lo que vemos es que se cierra cada vez más la puerta. Hay menos diálogo con sociedad civil y hay entre los mismos legisladores poco diálogo porque el copy paste es un documento presentado por el PRI, cuando hay más de 15 iniciativas que se presentaron al respecto”, comentó.
La discusión de mañana, agregó, está muy lejos de ser una discusión plural y abierta como habían prometido, “estamos en un caso de simulación de lo que se dijo sería un proceso abierto y plural”.
Ante este escenario, la investigadora consideró que sería incluso mejor posponer la reunión para que realmente se de la audiencia que se había prometido en la Cámara de Diputados, antes de votar el proyecto; que haya mesas de trabajo para que el predictamen sea una recopilación de lo mejor que aportaron las más de 15 distintas iniciativas y las propuestas de la sociedad civil.
Lo que sigue fijo es el plazo que tiene el Congreso para votar una ley antes del 30 de abril.
“Vemos un escenario cada vez más complicado porque hemos señalado desde diciembre es que hay poco tiempo y por eso se tenía que procurar un proceso transparente y participativo, con una ruta de trabajo. Ahora estamos bajo uno de los peores escenarios posibles […] las señales que envían es que el proceso se está cerrando y están buscando cumplir en forma y no en fondo. Estamos frente a un escenario que nos preocupa, porque si se aprueba el documento, no cambiaría nada”, sostuvo.
“El mensaje es que no les importa cambiar la relación de poder entre gobierno y medios, no les importa construir medios libres en México y están desperdiciando una gran oportunidad de dar debates de fondo”, concluyó.
