Organizaciones, medios de comunicación independientes, periodistas y personas, unidas a través del colectivo #MediosLibres, acusan que el PRI, PVEM y nueva Alianza simulan discutir la Ley de Comunicación Social en busca de cumplir con un formalismo para no caer en el desacato ante la sentencia de la SCJN.
De aprobarse dicha ley, se legalizarían malas prácticas en la publicidad oficial que se reproducirían en control, corrupción y atentaría con la libertad de expresión, pues se retoman lineamientos ineficientes que existen a nivel federal desde hace tres sexenios.
De acuerdo con organizaciones como Fundar o Artículo 19, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha entregado miles de millones de pesos a 20 grandes medios mexicanos sobre los que ejerce control. Ahora, esta iniciativa, de aprobarse, enfatizará en el control. Y esto sucede en plena jornada electoral, cuando México decide a su próximo Presidente.
Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados revivió una iniciativa de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza con la que se busca pasar mañana una Ley de Comunicación Social que legalizará malas prácticas en la publicidad oficial y atentará contra la garantía a la libertad de expresión, acusaron organizaciones, medios de comunicación independientes, periodistas y personas, por medio del colectivo #MediosLibres.
De acuerdo con organizaciones como Fundar o Artículo 19, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha entregado miles de millones de pesos sobre todo a 20 grandes medios sobre los que ejerce control. Ahora, esta iniciativa, de aprobarse, enfatizará en ése control, advierte el colectivo. Y esto sucede en plena jornada electoral, cuando México decide al próximo Presidente de la República.
El colectivo acusa que el dictamen no atiende problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros.
“Estamos preocupados frente a la ausencia de apertura de la Comisión de Gobernación al diálogo con la sociedad civil y expertos en la materia. Además, el predictamen que se votará mañana en Comisión de Gobernación no retoma ninguna de las iniciativas propuestas por los demás partidos ni toma en cuenta el decálogo que presentó el colectivo #MediosLibres el pasado siete de febrero”, demandaron.
Los firmantes califican como “simulación” de ley y culpan que el predictamen no cumple con los mínimos necesarios ni retoma los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal que existentes desde hace más de quince años lo que impide revertir malas prácticas del uso de la publicidad oficial.
Afirman que el documento institucionaliza malas prácticas y atenta directamente contra un estado democrático y de derecho pues las disposiciones de esta violan la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.
Los firmantes demandan en cuatro puntos críticos que estarían en juego con el predictamen:
1.- El predictamen incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial: considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de los logros de los gobiernos obligando a las editoriales a su difusión. Además que la publicidad impactaría directamente en la equidad de la contienda electoral.
2.El predictamen sigue permitiendo la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos: el documento no prevé nada sobre el uso de recursos, situación que no cambia nada a la asignación discrecional y excesiva de este del gasto en publicidad.
Asimismo, la ley exenta de regulación de esta ley los pagos que se hagan a los medios de comunicación lo que abre la puerta a la corrupción y el desvío de recursos de uno a otro concepto.
Aunado, este dictamen no prevé ninguna disposición que busque revertirlos sobre ejercicios del gasto en publicidad oficial ni poner un tope a los gastos en publicidad oficial.
3. El predictamen centraliza más el control del gasto en publicidad oficial: No existe en el documento la elaboración de controles descentralizados para vigilar y fiscalizar el uso de la publicidad oficial, lo que generaría que se le otorgarán facultades potenciadas a la Secretaría de Gobernación., por poner un ejemplo.
4. Ausencia de fomento al pluralismo y la diversidad: La iniciativa no revé ninguna disposición que permita promocionar la diversidad y el pluralismo en el país.
5. El predictamen no propone transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating: o existen indicadores disponibles ni confiables sobre las audiencias, el rating, las visitas y la circulación de los distintos medios de comunicación.
El colectivo indica que la ausencia de un sistema de medición imparcial e independiente perjudica al monitoreo de los medios de comunicación.
De acuerdo con el más reciente informe de la organización internacional Artículo 19, dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran. “Un 68 por ciento de los periodistas mexicanos dijeron que se censuraban, no sólo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios”.
Y “aunque el medio recibe recursos millonarios del gobierno federal o los gobiernos locales, no tiene como efecto que quienes participan de éste tengan al menos la certeza de que sus notas serán pagadas o sus derechos laborales respetados. Basta señalar que, de acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el sueldo de un periodista oscila entre los 6,000 y 15,000 pesos mensuales, según el estado de la República donde labore (el promedio salarial nacional es de 12,000 pesos mensuales. Asimismo, a pesar del contexto de riesgo al que se enfrenta el ejercicio periodístico, son muy pocas las empresas de medios que se preocupan por garantizar seguridad social de sus reporteros y, en casos de agresión, incluso la vinculación de los medios con el gobierno puede llevar al despido, la censura o a la criminalización”.
Artículo 19 dice que esta práctica mantiene en estado de indefensión a aquellos que ejercen la libertad de información y expresión, peor aún, los mantiene dependientes y alineados con la línea editorial pagada directamente por el gobierno.
“Condicionar el ejercicio democrático de esta forma, impide la pluralidad y mantiene la discrecionalidad en un sinnúmero de proyectos de comunicación, pervirtiendo la información que consumen las audiencias”, dice el informe presentado en marzo por la organización.
“Las organizaciones, medios de comunicación, periodistas y personas que suscriben este comunicado hacen un enérgico llamado a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados a no aprobar este predictamen y a generar una discusión plural y abierta que genere una Ley de publicidad oficial que garantice la existencia de #MediosLibres”, dijo el colectivo en un comunicado.
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