Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).– La Asociación Mexicana de Editores de Periódicos AC entregó esta tarde al Gobernador Javier Duarte de Ochoa un reconocimiento “a los esfuerzos que ha hecho Veracruz para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
El organismo también reconoció el “empeño” del mandatario estatal por “proteger” a los comunicadores con la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, lo que consideró “un marco legal inédito en el país y en el mundo”.
Ante el coordinador de Información de la Agencia de Noticias Amex, Ángel Nakamura López, y el gerente general de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, Julio Ernesto Bazán González, Duarte de Ochoa habló del “compromiso de los periodistas veracruzanos con un ejercicio honesto, libre e independiente”.
“Los editores y periodistas aquí reunidos han buscado siempre pugnar por la libertad de expresión, condenar toda acción contraria a este derecho, velar por la preservación de los valores fundamentales de la sociedad y ejercer un periodismo ético, íntegro, valiente y apasionado”, expuso el Gobernador.
El reconocimiento de la Amex “significa mucho para Veracruz y para mi gobierno”, porque “nos confirma que en la defensa y respeto de la libertad de expresión vamos por la ruta correcta y que en la protección a los periodistas respondimos con oportunidad y acciones concretas a un gran desafío que juntos estamos superando”, dijo Javier Duarte.
De acuerdo con el informe Doble asesinato: la prensa entre la violencia y la impunidad, presentado el 13 de marzo pasado por la oficina para México y Centroamérica de la organización internacional Artículo 19, los estados en los que se ejerció más violencia contra periodistas durante el 2012, fueron en primer lugar Veracruz, con 28, y el Distrito Federal con un número igual.
Entrevistado la tarde de hoy, Darío Ramírez, director del capítulo México de la organización de protección a periodistas, expresó:
“Es una evidencia más de lo mal que está el periodismo en México. En ningún lugar del mundo se premia a la autoridad por la labor que debe a hacer. Además la evidencia dice que Veracruz es el lugar más peligroso de América Latina para periodistas. Evidentemente este premio chayotero es una burla a todos los periodistas que han sido asesinados y desaparecidos en el estado”.
De acuerdo a la organización, en el lapso comprendido entre el 28 de abril y el 14 de junio de 2012 fueron asesinados 5 periodistas en las ciudades de Xalapa y Veracruz.
Artículo 19 documentó que de manera cada vez más recurrente, en estados como Tamaulipas y Veracruz los medios de comunicación tradicionales “dejan de difundir información sobre hechos violentos y operativos policiacos-militares en el marco de la política de combate al crimen organizado, así como otros asuntos relacionados con la seguridad pública”.
“Estas decisiones editoriales, a menudo son resultado de las presiones provenientes tanto de grupos del crimen organizado como de las mismas autoridades al encontrar en la prensa una vía para implementar y difundir sus propias estrategias de comunicación (y propaganda) con tácticas de amedrentamiento”, explicó.
El 31 de octubre de 2012, la organización protestó porque la Procuraduría General de Justicia de Veracruz dio “por esclarecido” el asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, cometido el 28 de abril pasado en la ciudad de Xalapa.
“El anuncio llega justo al cumplirse seis meses del crimen –dijo entonces–, tras un largo silencio oficial sobre el resultado de las investigaciones, los responsables materiales e intelectuales. Recientemente, el gobierno estatal ya había dado carpetazo a otros tres casos basado sólo en una supuesta confesión de personas que no habían sido sometidas a proceso”.
Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso, para la cual trabajaba la periodista, ha asumido con “total escepticismo” las conclusiones de la Procuraduría de Veracruz, pues aunque eran coadyuvantes en el caso fueron ajenos a la investigación de la cual quedaron apartados totalmente, lo mismo que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, citó Artículo 19.
El pasado 14 de marzo, el fotógrafo de Cuartoscuro Félix Márquez envió unas fotos de habitantes del predio “El Inglés”, de la localidad de Piedras Negras, en Tlalixcoyan, un municipio de Veracruz, en la que se apreciaba a diversas personas armadas con fusiles, ninguna de alto poder, y a otras más con palos.
Habían conformado una Guardia Civil de Autodefensa, debido a constantes robos e inseguridad en la zona.
Luego de la publicación de las imágenes en diversos medios electrónicos, el Gobierno del Estado de Veracruz, en voz de su secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, las descalificó diciendo que eran de archivo y que eran montadas.
El Gobernador Javier Duarte Ochoa declaró ante los reporteros que eso “es una vacilada”. Más tarde, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, manifestó que el fotógrafo responsable de las imágenes donde se observan hombres encapuchados y armados pagó a los ciudadanos para que posaran para él.
Artículo 19 pidió un día después al Gobierno del estado de Veracruz poner especial cuidado en materia de prevención y protección a periodistas, así como castigar a quienes propiciaron la salida del fotorreportero Félix Márquez, corresponsal de la Agencia fotográfica y editora Cuartoscuro, de la entidad.
Félix Márquez tuvo que abandonar el estado porque se sentía amenazado por el Gobernador y su equipo.
En ese comunicado, Artículo 19 reiteró “el deber del Estado de salvaguardar el ejercicio periodístico y más cuando se trata de cobertura de asuntos de interés público, por lo que las autoridades deben evitar violentar el derecho al secreto profesional y reserva de fuentes de los y las periodistas, a fin de evitar un efecto inhibidor o la materialización de nuevas amenazas o agresiones e inclusive la pérdida de credibilidad en el trabajo de los y las periodistas”.
A su vez, varios reporteros gráficos, por medio de la página change.org, iniciaron una campaña en apoyo a su compañero Félix Márquez.
En la petición titulada “Libertad de expresión”, y dirigida principalmente al Gobierno de Veracruz, se pretende recolectar firmas en apoyo a Márquez y a su labor informativa, pese a las descalificaciones por parte de las autoridades estatales.
Antes, el 3 de mayo del 2012, los reporteros gráficos Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez fueron asesinados y encontrados en un canal de aguas negras del municipio de Boca del Río, Veracruz. Los dos primeros habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares horas antes. El crimen ocurrió a menos de una semana del asesinato de Regina Martínez.
