Estudiantes, académicos, sociedad civil, ciudadanos, periodistas y organizaciones internacionales tienen meses presionando para que el Gobierno federal acepte que Veracruz se ha salido de control. Violencia, criminalidad, deuda, negligencia e incapacidad para administrar socialmente al estado resumen el rol de Javier Duarte de Ochoa en estos pocos años. Ahora, parece, hay señales de que esa demanda será atendida. El PRI y la administración Peña parecen haber comprendido el costo de mantener a su Gobernador más tiempo.
Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, vive una presión inédita para que deje su cargo, de acuerdo con fuentes consultadas por SinEmbargo. Ya no es sólo una exigencia desde la sociedad civil, sino también desde su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), y desde el Gobierno federal. Y las señales enviadas en los últimos días parecen así confirmarlo.
Duarte de Ochoa no fue recibido la semana pasada por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El dato, que pudiera ser un simple tema de agenda, se hizo público. Para algunos observadores ésta es la última señal que el Gobierno federal envía a Duarte. Pero no es la única.
“Hay muchas señales. Por ejemplo –explicó una fuente a SinEmbargo–, el hecho de que la Policía Federal [su Comisionado, Enrique Francisco Galindo Ceballos] y una Subsecretaría de Gobernación [el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián] hayan dicho que el caso Tierra Blanca no se resuelve con las declaraciones de los policías detenidos, tiene un significado. Los policías dijeron que los jóvenes fueron entregados a criminales, quienes los mataron y los incineraron. El Gobierno federal dice que esas declaraciones no resuelven el caso. Eso significa que se le perdió la confianza al gobierno local, y no hay contactos de calidad, de primeros niveles. El Gobierno federal sospecha que, en su urgencia por resolver alguna de las crisis abiertas, hayan torturado a esos policías para que se declararan culpables”.
Cinco jóvenes fueron secuestrados en Tierra Blanca, Veracruz, hace 51 días. Esto abrió la última gran crisis a la administración estatal.
Javier Duarte de Ochoa, de 42 años, no puede renunciar a su cargo; si decide irse, por “invitación” o por decisión propia, es necesario que solicite licencia porque ocupa un puesto de elección popular. Los partidos opositores Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron ayer formalmente a la Cámara de Diputados un “juicio político”, figura contemplada en las leyes mexicanas pero con poca efectividad, en los hechos, porque se ha utilizado pocas veces. El Artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos indica que “es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. Pero se requiere una votación mayoritaria en un órgano colegiado donde el PRI es mayoría.
Organizaciones civiles y miembros de la sociedad civil, activistas, académicos, periodistas, estudiantes y partidos de oposición han exigido que deje el puesto, desde hace al menos dos años. Pero la demanda se ha acentuado en las últimas semanas, con marchas y manifestaciones. Hay reclamos en el plano civil y en el político por la violencia en el estado, la participación de policías en la desaparición de hombres y mujeres, los asesinatos y secuestros de periodistas, el aumento de la deuda pública y un desorden en las finanzas reflejado en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El Gobierno de Veracruz tiene, ciertamente, un tiempo reglamentado para responder y solventar, es decir, explicar ante la ASF dónde están 14 mil 47 millones de pesos que se contabilizan como daño patrimonial.
Desde que Duarte de Ochoa llegó al poder, el 1 de diciembre de 2010, la ASF calcula daño patrimonial por 35 mil 421 millones de pesos en las finanzas estatales. La deuda pública ha crecido y se debe no sólo a proveedores, sino también a la Universidad Veracruzana, que reclama la entrega de al menos dos mil millones de pesos retenidos.
“No se ha empleado un solo peso fuera de las actividades propias de la gestión del gobierno. Tengo las manos limpias y vengo con la frente en alto a decirles a los veracruzanos lo que pasa”, dijo Duarte de Ochoa en una conferencia, hace dos días, en la explanada de Palacio de Gobierno. Apareció con su familia, con diputados locales y federales. Estuvo escoltado por policías estatales.
“No creo en la política del descrédito, de la confrontación estéril, ni de la condena oportunista. Tampoco obedezco a presiones electoreras”, agregó.
Para algunos observadores, esta conferencia fue la confirmación de que Duarte ha decidido confrontar a quienes le piden que se vaya.
Y esto es señal también de que va por su cuenta.
LA RUPTURA
Una fuente dijo a SinEmbargo que “hay una ruptura [de Duarte] con el primer círculo del Presidente”. Otra señaló ayer que incluso en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido hay malestar. “Se tomó distancia con él, primero, y ahora han empezado a soltar el descontento en ciertos círculos”.
En el periodo de Duarte de Ochoa, Veracruz se convirtió en la entidad más peligrosa de América Latina para ejercer el periodismo, y en una de las más mortales del mundo. Cuando empezaba su mandato, el 20 de septiembre de 2011, en Boca del Río, fueron arrojados 35 cuerpos de hombres y mujeres frente al edificio donde se realizaba el XI Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, y Procuradores y Fiscales Generales de Justicia. Allí estaba la Procuradora Marisela Morales Ibáñez.
El Gobernador sostiene en este momento un enfrentamiento con la Universidad Veracruzana, a la que le ha negado recursos por más de dos mil millones de pesos. Esto ha llevado a que miles salgan a las calles a protestar no sólo en la capital, Xalapa, sino en distintas ciudades.
Duarte ha dejado sin aclarar casos alarmantes, como el sucedido el viernes 28 de enero del 2012, cuando elementos de la Policía Federal de la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa detuvieron en el aeropuerto de Toluca a Said Zepeda y Miguel Morales con dos maletines de 25 millones de pesos en efectivo. Su entonces Secretario de Finanzas, Tomás Ruiz González, dijo que el dinero estaba destinado a “las festividades del Día de la Candelaria en Tlacotalpan”. Dos días después, Vicente Benítez González, el Tesorero estatal, dejó si cargo. Gustavo Madero, en ese momento dirigente nacional del PAN, dijo que ese dinero estaba destinado a financiar la campaña de Enrique Peña Nieto. “No me vengan con esas vaciladas de que eran para comprar tamales”, señaló.
Duarte de Ochoa dijo el 20 de noviembre de 2012 que tenía una invitación del entonces Presidente electo, Enrique Peña Nieto, para irse al Gobierno federal. “Se los digo puntualmente: yo recibí ya una invitación por parte del Presidente electo Enrique Peña Nieto para participar en su administración. Solamente que la invitación es para enero de 2017. A partir de ese día estaré yo integrado al Gobierno federal. Hasta ahora tendré que desarrollar con una gran emoción y un gran orgullo el cargo que tengo y que trato de honrar todos los días”, dijo a la prensa local.
Esas condiciones han cambiado, a juzgar por lo que dijo ayer Beatriz Pagés, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, al periódico Reforma. “El Gobernador debería renunciar. Ya debió haberlo hecho, no ayer ni antier, sino desde el año pasado. El Gobernador ha sido frívolo en su manera de operar y cada vez que se presenta una tragedia sale con una gracejada. La pregunta es: si el Gobernador es amigo o enemigo de los veracruzanos. Es enemigo de los estudiantes y también de los más pobres. ¡Eso no es un Gobierno!”.
Esa no es la única señal del PRI. El presidente nacional, Manlio Fabio Beltrones, viajó a Veracruz para apoyar la precampaña de Héctor Yunes Landa a la Gubernatura, y pidió no “enjuiciar el pasado” y considerar las propuestas para el presente. “Venimos a saludar a los veracruzanos de gran prosapia política para decirles que es el momento de reflexionar, de mejor manera, sobre el futuro de Veracruz. No se trata simplemente de hacer de esta elección un juicio del pasado, sino más bien proponer el futuro”, dijo en el café La Parroquia, corazón de la grilla veracruzana.
Pero antes, dijo:
“Javier Duarte deberá de estar presentando, obviamente, cuentas concretas y verdaderas a los veracruzanos. Al PRI nos ocupa mucho cualquier señalamiento que se pueda hacer de bueno o mal gobierno y actuamos en consecuencia. En lo bueno, insistimos, y en lo malo, lo sancionamos”.
–¿Ustedes van a seguir respaldando a Javier Duarte? –preguntó un reportero.
–Nosotros estamos respaldando a Héctor Yunes como candidato –dijo hace unos días.
Sus declaraciones aceleraron los rumores de que Duarte se iba. Beltrones agregó, en otra entrevista:
–Es un Gobernador postulado por el PRI, que contará siempre con la consideración y la exigencia de su partido de que deben hacerse las cosas bien, como en todo el país.
Pero el mensaje estaba enviado.
DE CONFLICTO EN CONFLICTO
TIERRA BLANCA: Cinco jóvenes, entre ellos una menor de 16 años, fueron detenidos y luego desaparecidos por policías municipales en Tierra Blanca cuando regresaban hacia su ciudad natal, Playa Vicente, el 11 de enero. De inmediato los padres se movilizaron y se plantaron frente a las oficinas de la Fiscalía de Veracruz en el municipio en el que sus hijos fueron vistos por última vez para exigir que las autoridades dieran con su paradero.
Por el caso, ocho policías han sido detenidos, entre ellos, el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, quien ha sido relacionado con más desapariciones en esa ciudad. Ayer, el subsecretario de de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer la declaración del último agente detenido. Quien aseveró que los jóvenes fueron “quemados, posteriormente fueron molidos, seguramente en un molino de caña, y fueron tirados a un pequeño río”.
Tierra Blanca, ahondó la herida abierta por el caso Iguala debido a la similitud entre ambos sucesos.
CONTRA LA UV: El pasado 29 de febrero, la recorta de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón Guevara, denunció que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, no sólo debe a la institución 2 mil 700 millones de pesos, tampoco ha otorgado los recursos presupuestados para 2016. Académicos han alertado que el Gobierno estatal está “asfixiando” y dando una “muerte lenta” a la casa de estudios.
Cientos de estudiantes han tomado las valles de diversos municipios, entre ellos Xalapa, Boca del Río y en Veracruz, en contra del Gobierno de Duarte de Ochoa, por la deuda que tiene con la Universidad, y en rechazo de la reducción del presupuesto universitario. A las protestas en defensa de UV, se han sumado profesores, investigadores, personas administrativos, pensionados y ciudadanos en general.
HOMICIDIOS: La cifra de homicidios dolosos se disparó durante el Gobierno de Javier Duarte, en comparación con el del también priista Fidel Herrera. Pues a cinco años y dos meses de Duarte en Veracruz, hasta enero de 2016, se acumulaban ya 3 mil 919 asesinatos, mientras durante el sexenio de Herrara se registraron unos 2 mil 755 homicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los asesinatos en Veracruz no han disminuido durante ningún año del Gobierno de Duarte frente a los de su antecesor. Por ejemplo, uno de los años en que la entidad registró un menor número de estos delitos durante los últimos once años, fue en 2009, con Fidel Herrera, cuando se contabilizaron 347. De ahí, sólo en 2014, Veracruz ha visto una disminución cuando hubo al menos 487 asesinatos. Durante enero de este año, ya se habían registrado 80.
DESAPARECIDOS: Colectivos de Veracruz dan cuenta de al menos 91 desaparecidos de 2010 a la fecha en esa entidad. Las características de las víctimas: mujeres de entre 14 y 24 años de edad, hombres entre los 14 y 35. En ese ambiente, los colectivos alertaron también que el número de desaparecidos se incrementa cada día sin que las autoridades implementen una búsqueda efectiva de los ausentes. Además acusan al gobierno de Duarte de Ochoa de “criminalizar a las víctimas” al cuestionar las razones de su desaparición.
PERIODISTAS ASESINADOS: Durante la gestión de Duarte, al menos 19 periodistas de Veracruz han sido asesinados, de acuerdo con datos de la organización internacional Artículo 19. Anabel Flores Salazar, reportera de El Sol de Orizaba, fue la última asesinada. La periodista fue sustraída de su domicilio y días después su cuerpo hallado en Puebla, con signos de tortura.
Al menos dos comunicadores permanecen en calidad de desaparecidos: Sergio Landa, desde 2011y Gabriel Fonseca, 2013.
Además, tan sólo en 2015 cuatro periodistas se vieron obligados a dejar la entidad y se registraron 66 agresiones contra comunicadores, según información dada a conocer por la asociación protectora de a libertad de expresión.
DESVÍOS: En su revisión, la Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades en la cuenta pública de 2014 de Veracruz, en todos los rubros del gasto federalizado –educación, salud, infraestructura y seguridad pública. Fueron más de 50 las auditorías practicadas a la Cuenta de Pública 2014 del gobierno de Javier Duarte, cuyo resultado más relevante es el presunto daño patrimonial por 10 mil 518 millones de pesos sólo para las dependencias que acumulan los quebrantos más importantes.
En su tabulador que denomina “monto de las acciones con impacto económico” en las que ha incurrido cada estado, Veracruz aparece en primer lugar, con 14 mil millones de pesos pendientes de solventar en 2014 y, desde 2011, 35 mil 421. El ente fiscalizador incluso reclamó al Gobierno de Veracruz la devolución de al menos 721.9 millones de pesos producto de presuntas irregularidades en el manejo de fondos federales para obras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014.
DEUDA: De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre de 2015, la deuda de Veracruz sumó 45 mil 879 millones de pesos, la tercera más alta del país, sólo por debajo de la de Ciudad de México y Nuevo León. Los pasivos de la entidad se incrementaron durante los primeros cinco años de Duarte en el Gobierno en 20 mil 703 millones de pesos.
Según los reportes dados a conocer por el Gobierno de Veracruz al cuarto trimestre de 2010, Javier Duarte recibió un adeudo de 21 mil 500 millones de pesos. Al cierre de 2015, la administración local reconoce que la deuda total se elevó a 42 mil 201,9 millones de pesos.
