Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó por un total de 22 millones 959 mil 386 pesos a la empresa minera Buenavista del Cobre, por el derrame de 40 mil metros cúbicos de una solución de sulfato de cobre acidulada a los ríos Sonora y Bacanuchi y ordenó el levantamiento inmediato de las dos clausuras parciales temporales impuestas a sus instalaciones.
En conferencia de prensa, Guillermo Haro Bélchez, Procurador Federal de Protección al Ambiente, dijo que estas sanciones son el resultado de las 55 irregularidades en las que incurrió la mina propiedad de Grupo México, algunas de las cuales están asociadas al siniestro causado en agosto del año pasado.
Haro Bélchez indicó que éstas irregularidades “han quedado debidamente subsanadas” al cumplirse con las medidas ordenadas a la empresa y “al no existir ya un riesgo inminente para el medio ambiente o el equilibrio ecológico en la zona” ordenó el levantamiento inmediato de las dos clausuras parciales temporales impuestas a esas instalaciones.
El funcionario dijo que de manera independiente al Fideicomiso de 2 mil millones de pesos al que fue sometida la empresa, deberá cubrir las siguientes multas: 7 millones por el derrame de una solución de sulfato de cobre acidulada; 4 millones 065 mil 800 pesos en materia de atmósfera; 596 mil 551 pesos en materia de residuos peligrosos; 11 pesos 297 mil 035 pesos en materia de impacto ambiental.
Haro Bélchez informó que el área a remediar tras el derrame de cobre acidulado es en una primera etapa de 28 mil 183 m2, distribuida en 14 polígonos de trabajo, mientras que el volumen de suelos a remover, suma los 2 mil 818 m3.
Para ello, refirió, la empresa tendrá que llevar a cabo la remoción de suelos contaminados y su envío a disposición final en un sitio autorizado por la Semarnat, así como realizar en presencia de Profepa el muestreo de seguimiento parcial para dicha zona y el reporte de trabajos de la zona 1 a Semarnat, todo esto en un plazo no mayor de 8 semanas.
Recordó que desde el primero de septiembre del año pasado se impuso la clausura temporal parcial de las áreas de lixiviación que reconocen hacia el Bordo Poniente y el represo Tinajas 1 y del proyecto “Terreros de Lixiviados Tinajas”.
Ante ello, dijo, se presentó denuncia penal contra quien resulte responsable, el 18 de agosto de 2014 (de 1 a 9 años de cárcel) y se consiguió el sometimiento de la empresa en el que se obliga a la reparación de los daños y establece un fideicomiso por 2 mil millones de pesos iniciales.
Expresó que el derrame de sulfato de cobre acidulado alcanzó a los siguientes cuerpos de agua: Arroyo Tinajas (17.6 km); Río Bacanuchi (64 km); Río Sonora (190 km). En tanto que la Presa El Molinito, se mantiene cerrada precautoriamente sin que a la fecha se hayan presentado evidencias de contaminación.
