El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, en Ginebra, Suiza, calificó el arresto de Nestora Salgado como arbitrario y señaló que México no solo debería liberarla, sino compensarla por la violación de sus derechos humanos. La decisión fue comunicada hoy a los abogados de Salgado.
Por Gene Johnson
SEATTLE (AP).- Un panel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el arresto en 2013 de una líder de una policía comunitaria fue ilegal, así como su actual encarcelamiento, lo que ha aumentado la esperanza entre sus seguidores de que pueda ser liberada.
Nestora Salgado es una residente del área metropolitana de Seattle que regresó a su natal México y encabezó una fuerza policial comunitaria legal, la cual realizaba patrullajes para proteger a los habitantes del crimen organizado.
Salgado, quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense, fue arrestada en agosto de 2013 después de que gente detenida por su grupo argumentó que habían sido secuestrados. Un juez federal la absolvió de dichos cargos, pero un caso estatal relacionado la ha mantenido en prisión.
La Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Seattle llevó su caso ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, en Ginebra, Suiza. En una decisión alcanzada en diciembre pasado, y comunicada el martes a sus abogados, el panel de cinco miembros calificó el arresto como arbitrario y señaló que México no solo debería liberarla, sino compensarla por la violación de sus derechos humanos.
El grupo de Naciones Unidas encontró que Salgado fue arrestada por sus actividades en la policía comunitaria, que está amparada por las leyes mexicanas, y que las autoridades hicieron caso omiso de su pasaporte estadounidense. Se le negó contacto con sus abogados y familiares durante casi un año, reveló el panel, y durante su estadía en prisión se le ha negado atención médica adecuada y acceso a agua limpia.
“En primer lugar, no hay duda de que su arresto y detención sin cargos es ilegal, y por lo tanto arbitraria”, dijo el grupo de la ONU. “Además, es preocupante que el Ejército arreste civiles por supuestos crímenes, cuando no está en riesgo la seguridad nacional”.
La determinación carece de obligatoriedad en México, pero podría incrementar la presión para su liberación dijo Thomas Antkowiak, director de la clínica de leyes.
“Este es un canal muy importante para la presión política: Tenemos un panel imparcial e internacional que señala que fue detenida ilegalmente. Creo que es un paso importante”, argumentó. “Hemos estado en negociaciones con el gobierno de México, principalmente con el gobierno federal, y eso no nos ha llevado a ninguna parte. Esperamos que esto inyecte nueva vida a las negociaciones”.
La clínica también planea solicitar al Departamento de Estado que propugne por su liberación, señaló.
Un portavoz de la procuraduría del estado de Guerrero, en el sur de México, no estuvo disponible inmediatamente para tocar el tema. Las autoridades mexicanas generalmente no comentan sobre casos abiertos, aunque el gobernador de Guerrero solicitó su liberación el año pasado.
Salgado se crio en Olinalá, un pueblo serrano de granjeros y artesanos en Guerrero. Se mudó a Estados Unidos cuando tenía alrededor de 20 años, estableciéndose en el área de Seattle, donde trabajó como mesera y limpiando apartamentos. Eventualmente comenzó a hacer viajes de regreso a su población natal, y luego se involucró con la policía comunitaria, tras el asesinato de un taxista que se negó a pagar por protección a un cártel.
La ley permite que Olinalá y otras comunidades indígenas de Guerrero organicen sus propias fuerzas policiacas.
Salgado fue acusada de secuestro en conexión con el arresto de varias adolescentes, que eran sospechosas de traficar drogas, y de un funcionario de la localidad que supuestamente intentaba robar una vaca en la escena de un doble homicidio. El gobierno del estado de Guerrero informó tras el arresto que las autoridades habían recibido quejas de los familiares de las víctimas de seis secuestrados, incluyendo tres menores de edad, y que incluso se les había pedido dinero a cambio.
“Ha sufrido más de dos años de detención ilegal, sin evidencia ni un juicio en su contra”, dijo Antkowiak. “Es una presa política”.
