Ciudad de México, 2 de feb (SinEmbargo).– La firma del Pacto por México puso de nuevo en la mesa la discusión sobre la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que en 2008, la controversia en torno a la Reforma Energética generara argumentos similares a los que se han planteado durante los últimas semanas y se concluyera con modificaciones a la Ley que permitieron a la paraestatal otorgar contratos a empresas privadas para exploración y detección de mantos petroleros a través de licitación pública, así como para la distribución de gasolinas.
Cinco años después, una segunda reforma energética va por más. Busca la coinversión entre la paraestatal y la Iniciativa Privada (IP) para la refinación de los hidrocarburos, aseguró Raymundo Tenorio Aguilar, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
Es decir, para el investigador el que las refinerías que prometió el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa estén inconclusas y sólo se avanzara con la construcción de las bardas perimetrales, se debe principalmente a que ya se “cocinaba” esta reforma que buscará que sean las empresas privadas las que inviertan en refinación y no Pemex.
La apreciación del economista tiene sentido en medio del debate que se ha generado últimamente entre los partidos políticos.
Como las opiniones encontradas que sostuvieron ayer, en el noticiero Noticias MVS Primera Emisión, Manuel Bartlett, senador del Partido del Trabajo (PT), el panista Juan Bueno Torio, ex director de Pemex Refinación y el ex senador priista Francisco Labastida Ochoa.
El primero afirmó que la próxima reforma energética se trata de la privatización de Pemex y la conclusión de un plan que se urdió desde 2008 con la primera, mientras que Bueno Torio y Labastida Ochoa rechazaron esta tesis y defendieron la participación de contratistas en las operaciones de Pemex.
Así como tiene sentido que Trinidad Morales Vargas, legislador perredista, asegurará durante la plenaria del PRD en Ixtapa de la Sal, que la bancada defenderá en el pleno de San Lázaro que no se realicen reformas constitucionales en una nueva reforma energética.
Tenorio Aguilar descartó que el Ejecutivo presente una propuesta con reformas al artículo 27 de la Constitución, y apoyó la tesis de que se tratará sólo de modificaciones a la Ley de Pemex, sin embargo, publicaciones de la asociación civil Observatorio Ciudadano de Energía alertan sobre una derecha que buscará ser más agresiva que en 2008 para acabar con la “exclusividad del Estado en la industria petrolera para que avancen los mercados y se desarrolle la competencia entre firmas públicas, privadas y mixtas”, por lo que las “propuestas contendrán modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna”.
Pemex, que produce 2.57 millones de barriles diarios de crudo, genera para el Estado mexicano cerca del 40% de sus ingresos, y sus operaciones están directamente ligadas a los resultados del presupuesto nacional. Nació el 7 de junio de 1938, poco después de que el Gobierno encabezado por el Presidente Lázaro Cárdenas decretara, el 18 de marzo de ese año, la expropiación de los bienes de diecisiete compañías petroleras que operaban en el país.
Sus cuadros directivos, tanto del grupo como de sus subsidiarias, son nombrados por el Presidente de turno, y la estrecha relación que mantiene con las autoridades representa una de las cortapisas para que pueda desarrollarse con criterios empresariales. Los vínculos que mantiene con el Gobierno hacen que las operaciones de Pemex, y sus resultados, estén estrechamente vinculados con las necesidades financieras del Estado, porque el 70% de sus ingresos van a parar al fisco.
Ello ha generado un fuerte rezago en la empresa pública, que ha perdido las oportunidades que tienen otras firmas petroleras del continente, como la brasileña Petrobras, ya que sólo puede destinar el 9% de sus ingresos para invertir en la compañía.
Además, teniendo en cuenta que tiene el monopolio de la extracción de crudo y de gas y de la distribución de las gasolinas, por mandato constitucional, la empresa continuamente es objeto de polémicas políticas por los inmensos recursos que emplea.
Para Miriam Grunstein, catedrática del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la privatización tiene varias connotaciones y no queda claro a qué se refieren los actores políticos cuando discute el tema de Pemex.
“Cuando se habla de privatización en México se puede hablar desde la mera participación de la iniciativa privada en cualquier segmento de la cadena productiva industrial del PEMEX, que sería la acepción más amplia o de plano la acepción más restringida, permitir que haya concesionarios que se apropien del recurso en la boca del pozo. No se aclara que quiere decir privatización”, explicó.
La especialista detalló que tanto el Pacto por México, como la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, no dicen nada, y sólo son aspiraciones sin sustento ni esencia.
“Cinco años después de la Reforma Energética no hemos entendido nada y sólo se evita la verdadera discusión que no es privatización o no privatización, sino qué modelo vamos a seguir si lo mantenemos bajo control estatal y qué modelo si permitimos la entrada a privados, hasta qué grado y cómo los vamos a regular”.
Raymundo Tenorio destacó que discusión es clara y tanto en el Pacto por México, como en la propuesta de Cárdenas avalada por el PRD existe un discurso. Uno encaminado a la apertura de Pemex a la inversión de la IP y el otro al control y autonomía del Estado sobre la paraestatal.
¿AGENDA DOBLE?
Ayer, el diario británico Financial Times publicó un editorial donde dice que el accidente de ayer en la Torre de Pemex puede acelerar la Reforma Energética. Y lgo similar dijo un extenso análisis realizado por la agencia española EFE.
El texto de John Paul Rathbone decía que la tragedia tiene consecuencias humanas terribles, y que estos estos accidentes también traen consecuencias políticas. Señaló: “Pemex, la compañía petrolera, ha sido durante mucho tiempo sinónimo en México para la ineficiencia, la corrupción y la sobrecontratación en su sindicato. Por ejemplo, entre 2008 y 2009, la gestión de Pemex les dio casi 500 millones de pesos para gastos de viaje, celebraciones y un desfile en mayo. Los intereses creados y la Constitución mexicana, han frustrado los intentos anteriores de reforma. Pero ahora, el señor Peña Nieto puede señalar el declive en la producción petrolera y la explosión como evidencias de que la cuarta mayor compañía petrolera del mundo está en declive”.
Los accidentes ocurren, agrega, “y América Latina ha sufrido dos accidentes graves de la semana pasada: el primero, en un club nocturno en Brasil el domingo por la mañana; el segundo, una explosión en la sede de Pemex en la Ciudad de México, el jueves por la tarde. Muchas personas inocentes murieron en ambos; esas son las consecuencias humanas terribles. Pero los accidentes tienen consecuencias políticas también. Aunque puede sonar insensible, estos pueden ayudar a acelerar los programas de reformas de Dilma Rousseff, Presidenta brasileño, y Enrique Peña Nieto, su homólogo mexicano”.
