El gobierno de Enrique Peña Nieto descalificó las recomendaciones del Relator sobre Tortura de la Organización de Naciones Unidas Juan Méndez, quien en su informe del año pasado aseguró que se trataba de una “práctica generalizada” en México. Hoy los números reflejan que este practica criminal va en aumento. En tres años este delito aumentó más de mil por ciento, de acuerdo con datos oficiales. Especialistas indicaron que mientras el país se adhiere a los tratados internacionales para eliminar esta práctica, dentro de las fronteras nacionales las autoridades continúan perpetrando este delito durante su labor diaria. ¿Cómo cambió el mapa de la tortura?
Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Los delitos de tortura se dispararon con la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. El Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) denunció que el actual Gobierno apuesta por una imagen internacional a favor de los derechos humanos, mientras en casa este delito de lesa humanidad se perpetúa.
Datos de la Procuraduría General de la República (PGR), obtenidos a través de una solicitud de transparencia, muestran que 2015 reportó mil 119 por ciento más averiguaciones previas en el fuero federal por presumibles delitos de tortura en comparación con los datos de 2012. El registro anual de averiguaciones previas pasó de 266 en 2012 a 3 mil 244 en 2015.
Después de una visita a México en 2014 el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) para la Tortura, Juan Méndez, aseguró que se trataba de una “práctica generalizada” en el país.
Y el Gobierno federal, a través de su representante ante la ONU dijo que el trabajo del Relator carecía de sustento. Además, lo acusó de faltar al Código de Conducta de su cargo por hacer declaraciones cuyo propósito no era promover un diálogo constructivo.
“México gozó de la imagen de un país democrático, que señalaba violaciones de derechos humanos. Sin embargo, cada vez más se ha mostrado como violador de esos derechos”, dijo Raymundo Díaz, coordinador en Guerrero del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
Los números de este año no permiten mejores perspectivas. Entre enero y agosto de 2016 se registraron 2 mil 519 averiguaciones por presumibles actos de tortura; esto es, 77 por ciento de los reportadas el año pasado, pese a que aún faltan cuatro meses por ser sumados a esta cuenta.
¿Quién comete tortura? La ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, que data de 1991, considera que son aquellos servidores públicos que con motivo de sus atribuciones inflijan dolores o sufrimientos graves, “físicos o psíquicos”, a una persona.
“Entendemos la tortura como un mecanismo de control. Es una herramienta que está diseñada para ocasionar temor en el torturado. Y en los demás cuando se difunde el hecho”, dijo Díaz, quien crítico que se deba demostrar un sufrimiento «grave» para comprobar que existe la tortura. Un modificación que deberá actualizar la ley, consideró.
¿DÓNDE SE COMETE?
El mapa de la tortura se modificó en los últimos cuatro años, de acuerdo con datos obtenidos a través del Sistema de Información Estadística (SIIE) de la PGR.
En 2012 eran Nuevo León, Veracruz y Guerrero los estados que encabezaban la lista de averiguaciones previas por este delito.
Hoy, cuatro años después, son Tamaulipas, la Ciudad de México y el Estado de México quienes más sufren este fenómeno.
Estos cambios están relacionados con la falta de mecanismos institucionales para restringir supervisar a los servidores públicos y evitar estos abusos, coincidieron los entrevistados.
El 3 y 4 de mayo del 2006 más de 20 mujeres fueron detenidas en el Estado de México por las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno y torturadas sexualmente, en el también llamado «mayo rojo», en el que pobladores de Atenco se manifestaron en contra de la construcción de nuevo aeropuerto en la zona. Entonces Peña Nieto era Gobernador de la entidad.
A partir de esos hechos, 11 de ellas iniciaron un recorrido por las instancias de seguridad del país con el objetivo de pedir justicia.
Después de no encontrar respuesta por parte de las instancias de justicia nacionales acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una recomendación al Estado mexicano. La nueva desatención obligó a que el caso fuera presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
“El uso de la violencia sexual sigue siendo común en México, y la práctica de tortura sexual no ha sido erradicada dentro de las prácticas que realizan las corporaciones de seguridad en México”, dijo en su momento a SinEmbargo Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
¿Por qué no se investiga en México la tortura? Édgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD) dijo que la mayoría de los casos de investigación por presumibles delitos de tortura son registrados a petición de jueces que sospechan que ese ilícito fue cometido, y no de manera automática por las autoridades de las procuradurías de justicia.
“Los jueces están obligados a pasarlo [un caso de tortura] a un Ministerio Público, pero es un mecanismo nada más y puede que de ahí no avance en las instancias de procuración de justicia”, dijo Cortez.
Con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que los juicios pasarán a desahogarse de un sistema escrito a uno oral, esta situación sucederá cada vez más a menudo si las autoridades continúan torturando.
El investigador señaló que desde el 18 de junio los primeros jueces ante quienes son puestos a disposición las personas detenidas son los llamados Jueces de Control, cuya facultad es referir un presumible caso de tortura al Ministerio Público.
Otro problema para prevenir la comisión de tortura, dijo Cortez, es la falta de independencia dentro de los órganos internos de control de las procuradurías de justicia, que tienen por misión velar por el correcto desempeño de los servidores públicos que las integran. Lo que termina por hacer que estas unidades de las instituciones nieguen la existencia de la tortura.
SOLDADOS TORTURADORES
En abril un video donde aparecen dos militares, junto a un Policía Federal, torturando a una mujer fue difundido en la plataforma Youtube.
Después se sabría que los hechos ocurrieron el 4 de febrero del 2014 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Lo que valió que los militares fuesen detenidos y que el propio titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos ofreciera una disculpa pública.
“Son estos sucesos repugnantes que aunque aislados dañan de manera importante nuestra imagen y el prestigio que dignamente hemos ganado en más de cien años de lealtad”, dijo el funcionario en un evento público.
A raíz de la declaración de la guerra contra el narcotráfico en diciembre del 2006 por el otrora Presidente Felipe Calderón Hinojosa, los militares tomaron las calles.
Mas el choque frontal contra los grupos criminales también colocó a los soldados en situaciones de detención de civiles, para lo que no todos estaban capacitados, expuso Cortez. Entre el 2000 y el 2012 la Sedena fue señalada de perpetrar 75 torturas, de acuerdo con quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Un causante seguro es que las fuerzas armadas están haciendo labores de seguridad y de policía. Dado que no son órganos especializados en investigación de delitos hacen uso de la tortura como método para obtener una confesión”, dijo.
Entre el 2000 y el 2012, la CNDH apuntó que la Sedena fue señalada de cometer tratos crueles y degradantes en 3 mil 580 ocasiones, seguida por la PGR con 2 mil 26 eventos; y la Policía Federal, mil 38, de acuerdo con una solicitud de información pública hecha a la CNDH el 11 de octubre del 2012 .
“Creo que hay una mentalidad y cultura tanto en el Ejército, como en las policías, de pensar que la persona detenida va a quedar en libertad, y hay una falsa mentalidad justiciera que dice ‘como a lo mejor lo liberan, pues yo lo castigo’”, opinó Cortez.
