Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– El secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, mencionó el pasado jueves que “hay un contexto de grave crisis” en México.
Dijo que lo que es lamentable no sólo los hechos de Ayotzinapa, sino también los ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, y que son patrones que venían sucediendo antes. “Ésa es una de las señales que preocupa”, afirmó.
El Estado mexicano aún no ha superado lo sucedió el pasado 30 de junio, donde 15 civiles fueron ejecutados por soldados en un supuesto enfrentamiento que dejó otras siete personas muertas, cuando tiene en la mira un nuevo caso.
Ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que inició de oficio la investigación de los hechos ocurridos en la comunidad Cerro de la Culebra, en el municipio de Luvianos, Estado de México.
Explicó que según “información difundida en medios de comunicación, el 30 de octubre se suscitó un presunto enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y un grupo de personas, en el cual perdieron la vida seis civiles y se detuvo a cuatro más”.
El hecho ocurrió cuatro meses después de Tlatlaya. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó a la prensa que el supuesto enfrentamiento ocurrió cuando los militares localizaron un campamento en la parte sur del Cerro de la Culebra donde se encontraban presuntos criminales.
La dependencia precisó que al momento de acercarse a realizar una revisión, los sujetos que se encontraban en el campamento dispararon contra los soldados, acción que fue repelida y que desató un enfrentamiento en el que perdieron la vida cinco civiles.
La información refiere que cuatro personas fueron detenidas y junto a ellas fueron decomisadas armas largas y cortas, cartuchos útiles y droga que transportaban esas personas.
Se informó que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJE) acudieron al lugar para apoyar a los elementos del Ejército Mexicano e iniciar con las investigaciones correspondientes.
Luvianos está localizado en los límites geográficos con los estados de Guerrero y Michoacán. Se encuentra a 63 kilómetros del municipio de Tlatlaya.
INVESTIGACIÓN A FONDO
Apenas el miércoles pasado, el grupo plural para el caso Tlatlaya aprobó su plan de trabajo, informó la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, coordinadora de esta instancia legislativa.
Indicó que el objetivo es coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en ese municipio el 30 de junio de este año y en la actuación de las autoridades al respecto, así como ejercer las facultades de control e información sobre éstas últimas.
Ello, señaló, con una perspectiva independiente, profesional, incluyente, transparente, con apego a los más altos estándares de derechos humanos en términos del Artículo 1 de la Constitución.
Se plantea, dijo, que el grupo plural actúe bajo los principios derivados de la carta magna, los tratados internacionales de los que México es parte y las leyes para garantizar, respetar y proteger los derechos humanos, garantizando la máxima protección a las víctimas, testigos, y personas involucradas en los hechos.
Asimismo la buena fe, transparencia, rendición de cuentas, probidad, honradez y objetividad, en condiciones de seguridad y con la debida confidencialidad, agregó.
En cuanto a las actividades de documentación, indicó que se solicitará información en términos de ley a las instancias de seguridad pública, defensa, procuración de justicia y relaciones exteriores.
También a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a instancias internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil.
Insistió que la coadyuvancia en la investigación incluye visitas de trabajo y entrevistas con las autoridades implicadas en los hechos en su investigación, así como con víctimas y periodistas en la medida en que se les pueda dar una máxima protección.
La gestión e interlocución, subrayó, incluyen la solicitud de medidas de protección, los diálogos con diversas instituciones así como la invitación a los órganos internacionales en la materia para su observación de los hechos y su esclarecimiento.
En respuesta, el presidente de la CNDH, Raúl Pascencia Villanueva, ordenó iniciar la investigación de oficio de los hechos, por lo que visitadores adjuntos y peritos se trasladarán a esa comunidad y efectuarán trabajos de campo y periciales.
También recabarán testimonios y todas las acciones necesarias para allegarse de las demás evidencias para la debida integración del expediente y emitir la determinación que conforme a derecho corresponda, señaló el organismo público autónomo.
TLATLAYA, CASO PENDIENTE
Lo que sucedió aquel 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, aún está impune. A cuatro meses de la ejecución de 22 personas, entre ellas adolescentes, las autoridades no han entregado resultados para deslindar responsabilidades y los mexicanos deberán esperan más para saber si habrá una investigación que no ha ido a fondo, coincidieron activistas y expertos criminólogos.
“Hay interrogantes que no se han resuelto. Las investigaciones no han llegado a puerto seguro. La población y grupos sociales quieren saber de quién fue la responsabilidad; como autoridades estaban obligados a hacer cumplir la ley y no lo hicieron. Al Gobernador [Eruviel Ávila Villegas] le tomaron el pelo; creyó lo que le dijeron y yo creo que al sistema le ha costado reconocer su error. Todas las autoridades involucradas están en un predicamento para determinar quiénes son, con nombre y apellido, los responsables”, dijo el criminólogo Pablo Monzalvo Pérez.
Lo último que se supo sobre el caso fue que el 30 de septiembre (tres meses después del crimen). El Juzgado Sexto Militar dictó auto de formal prisión en contra de un teniente y siete soldados, al reconocer que dispararon a mansalva contra civiles, presuntamente delincuentes, que nunca fueron juzgados porque se trató de una ejecución sumaria.
El juez militar –con sede en el Campo Militar No. 1– determinó que existían pruebas suficientes para procesarlos por delitos previstos en el Código Militar relacionados con desobediencia e infracción de deberes. Días después, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que consignaría por homicidio calificado a tres de los ocho militares que participaron en un supuesto enfrentamiento en una bodega del poblado San Pedro El Limón, en el municipio de Tlatlaya.
El Procurador Jesús Murillo Karam expuso entonces que la acusación es independiente al proceso que les sigue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por desacato, fallas y desobediencia y precisó que aún se está analizando hasta dónde llegan las responsabilidades de los otros cinco militares detenidos. Agregó que después del enfrentamiento con los presuntos delincuentes, tres militares ingresaron a la bodega y realizaron una nueva secuencia de disparos, lo que, dijo, “no tiene justificación alguna”.
Pero a cuatro meses de aquellos hallazgos, aún no se conocen mayores resultados de las pesquisas de la PGR.
