Ithaca, Nueva York, Estados Unidos, 1 de octubre (SinEmbargo).— Es una fresca noche de inicios de septiembre y en el salón de un restaurante en la zona central de la ciudad un inusual evento se lleva a cabo. Es excepcional porque ahí están congregados varios de los actores clave en la lucha para conseguir que en el estado de Nueva York se prohibiera la fractura hidráulica de gran volumen, el llamado fracking.
Se trata del segundo estado de Estados Unidos que consigue parar esta polémica práctica de extracción de gas del subsuelo, que ha sido señalada por sus impactos al ambiente y la salud humana. Quienes se oponen a esta técnica –que consiste en extraer gas tras taladrar varios kilómetros en el subsuelo e inyectar una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a gran presión para extraer el hidrocarburo– afirman que es un proceso que contamina cuerpos de agua, libera metano (uno de los gases que provocan efecto invernadero) y puede incluso generar temblores.
Vermont y Nueva York son los dos únicos estados en los que la técnica del fracking ha sido prohibida, pero hay otros en los que se han promovido moratorias (suspensiones temporales). Materializado en diciembre del año pasado, el caso de Nueva York es hoy por hoy el paradigma para otros estados y municipalidades donde grupos opositores a este método libran sus propias luchas antifracking.
Hasta este salón en Ithaca, donde hay personajes como el académico de la Universidad Cornell, Anthony Ingraffea, quien ha estudiado los impactos del fracking, han llegado también integrantes de organizaciones civiles de varias partes del mundo, con el fin de conocer más sobre la experiencia de la fractura hidráulica en Estados Unidos e intentar aterrizarla en sus países, en los que la amenaza del fracking es latente.
Toca el turno de hablar a Renee Vogelsang, quien forma parte del equipo de Frack Action, organización no gubernamental que trabaja promoviendo la prohibición del fracking. Entusiasta al hablar, Vogelsang repasa las acciones que Frack Action impulsó para llamar al interés ciudadano mientras muestra imágenes de protestas antifracking; habla del apoyo de personajes clave como Yoko Ono en la lucha antifracking; cuenta cómo la imagen del agua saliendo del grifo a la que se le prende fuego, famosa a partir del documental Gasland, se volvió icónica del movimiento antifracking; habla de cómo los manifestantes antifracking siguieron al gobernador del estado, Andrew Cuomo, en varios eventos para hacerse visibles… En suma, de cómo se organizó una campaña desde la sociedad civil organizada para lograr la prohibición del fracking.
Quizá para un país como México hablar de este tipo de acciones suene lejano, pero en el vecino del norte la preocupación porque avance la práctica de fracking ha impulsado la lucha. Se trata de una batalla con muchas caras, en las que lo mismo hay quienes impulsan moratorias en los ámbitos locales argumentando el riesgo que esta práctica implica a la salud humana y al ambiente, que quienes han encontrado su método de lucha en combatir legalmente las violaciones a usos de suelo que las compañías de hidrocarburos llevan a cabo.
Sin embargo, quienes impulsaron la prohibición en Nueva York saben que la batalla no ha terminado, pues se trata de una prohibición que podría revertir el siguiente gobernador, cuando el periodo de Cuomo termine.
Además, pese a que la prohibición aplica para todo el territorio de Nueva York, no lo es para el vecino estado de Pensylvania, donde el fracking es una práctica extendida, por lo que hay riesgo de que una eventual contaminación de cuerpos de agua en Pensylvania perjudique a los de Nueva York.
Pero al menos por esta noche los promotores de la prohibición se concentran en lo positivo y destacan los dos factores clave de la lucha antifracking, que podrían servir para otros países: la presión social y la evidencia que ya existe de sus impactos negativos.
De lo primero, Vogelsangs ha dado cátedra frente a un interesado público. De la evidencia, hablan Sandra Steingraber y Carmi Orenstein, de la Concerned Health Professionals of New York, presentes también en la reunión en Ithaca. Adelantan que en las siguientes semanas se publicará la más reciente edición de un compendio de estudios sobre impactos del fracking en la salud. Es la tercera vez que la organización hace el ejercicio de compendiar los trabajos de investigación científicos y periodísticos sobre los impactos del fracking, de la mano del grupo Physicians for Social Responsibility.
El Compendio de hallazgos científicos, médicos y periodísticos que demuestran riesgos y daños del fracking (extracción de petróleo y gas no convencional) concluye varias cosas a partir de la evidencia encontrada. De ello dan cuenta Orenstein y Steingraber.
Una es que estudios revelan que hay riesgos inherentes al proceso de extracción de gas, como fallas en los pozos, que pueden contaminar el aire con agentes tóxicos o cancerígenos, o el proceso que ocurre en el subsuelo, que simplemente no se puede controlar. Ante ello, la conclusión es que la regulación de esta técnica no es suficiente para prevenir los daños.
Hay evidencia también de que los cuerpos de agua se han contaminado por acciones de perforación de pozos y extracción de gas. Algunos de esos casos los ha documentado la propia Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, por su sigla en inglés), referentes a contaminación por fugas del fluido que se inyecta y por el agua de desecho; las descargas de desechos que se hacen en ríos y afluentes, y el paso no registrado de químicos, incluido el gas, en los pozos de agua. Otras investigaciones encontraron en Texas 19 contaminantes relacionados con el fracking en muestras de un acuífero cercano a un sitio de perforación para extracción de gas; mientras que en Pensylvania un solvente usado en el fluido para inyección fue encontrado en pozos de agua cercanos a un sitio de operaciones de fracking.
Otro hallazgo reportado es el del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, que determinó que la fractura hidráulica podía incrementar los niveles de ozono en las zonas de estado donde sopla el viento.
Asimismo hay evidencia de problemas de salud asociados a la práctica del fracking, incluidos los laborales y de seguridad. El Instituto Nacional de Seguridad Laboral y Salud, por ejemplo, señaló a los trabajadores de la industria de extracción de hidrocarburos entre aquéllos en riesgo de padecer siliconas, una enfermedad de los pulmones incurable causada por la exposición al polvo de sílica, de la arena de sílice que se usa ampliamente en la fractura hidráulica.
También se documentó que el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente de lo que se pensaba. Otro de los factores que documenta el Compendio es que la perforación y fractura puede traer de forma natural elementos radioactivos a la superficie, poniendo en riesgo a pobladores y trabajadores, o que las personas que viven cerca de estaciones compresoras de gas están en riesgo, pues contaminan el aire 24 horas al día.
A estos impactos se suman otros de carácter social, pues el arribo de actividades de fracking a las comunidades ha traído consigo incrementos en la criminalidad, como prostitución, violaciones, accidentes automovilísticos por consumo excesivo de alcohol, abuso de drogas y violencia.
LA CLAVE Y EL EJEMPLO
En 2010, Josh Fox sacó a la luz un documental llamado Gasland, en el que aborda los impactos que para entonces ya estaba dejando la práctica de la fractura hidráulica en el noreste de Estados Unidos. Las escenas más recordadas, por lo impactantes, eran las de las personas que mostraban cómo el agua que salía de sus grifos era flamable. Le prendían fuego al agua.
En la cena en Ithaca, Vogelsangs se refiere a esas escenas y cómo el impacto que causaban entre las personas volvieron esa imagen del agua flamable como icónica del movimiento antifracking. Una de las razones por las que se volvió famosa esa imagen, explica Vogelsangs, es porque sintetiza el riesgo que el fracking supone para algo que a la gente le importa, como es el agua.
Un día después de esa reunión, Julia Welsh, también miembro de Frack Action, se referirá nuevamente al asunto de cómo transmitir a las personas sobre los riesgos que hay en la práctica del fracking. Lo que Welsh planteará es hablar de aquello que a la gente le preocupe, como puede ser el agua o su salud. Ahí está la clave.
La preocupación sobre los efectos del fracking en la salud humana fue, precisamente, el sustento de la prohibición de esa técnica en Nueva York. En diciembre de 2014, el Departamento de Salud del estado de Nueva York publicó un documento sobre los impactos a la salud del fracking, que sirvió de base para su prohibición, anunciada por el Gobernador Andrew Cuomo el 17 de diciembre de 2014.
La conclusión de ese documento fue que la evidencia acumulada para la revisión demostraba que había “falta de certezas significativas sobre los resultados adversos a la salud que pueden estar asociados con altos volúmenes de fractura hidráulica, la probabilidad de la ocurrencia de resultados adversos a la salud, y la eficacia de algunas de las medidas de mitigación para reducir o prevenir impactos ambientales que pudieran afectar negativamente la salud pública”.
El documento proseguía: “Es claro de la literatura existente y la experiencia que las actividades de fractura hidráulica de grandes volúmenes han resultado en impactos ambientales que son potencialmente adversos a la salud pública”.
Y con base en estos argumentos, la fractura hidráulica fue prohibida en el estado de Nueva York “hasta que la ciencia ofrezca suficiente información para determinar el nivel de riesgo a la salud pública derivado de las actividades de fractura hidráulica de alto volumen y si los riesgos pueden ser adecuadamente manejados”.
El caso del estado de Nueva York no ha sido el único, aunque sí el más reciente, de un esfuerzo de prohibición. Otros estados y municipalidades también han emprendido esfuerzos para prohibir el fracking. Muchos de ellos han ocurrido en 2014.
En otros países también se han emprendido batallas para prohibir esta práctica. Francia, por ejemplo, la prohibió desde 2011, mientras que Bulgaria hizo lo mismo en 2012. Escocia impuso una moratoria al fracking, después de que un panel de expertos concluyó que se necesitaba más evidencia sobre los riesgos del procedimiento. Y en Rumania también se impuso una moratoria, pero ésta terminó en 2012 y no fue prorrogada por el gobierno.
Gales siguió el ejemplo en febrero pasado, cuando elgobierno declaró la moratoria del fracking “hasta que sea probadamente segura”.
La provincia de New Brunswick, en Canadá, declaró una moratoria similar el 26 de marzo pasado. El 29 de mayo, el estado de Maryland aprobó una moratoria de dos años y medio, basado en las preocupaciones por impactos en la salud.
El 10 de julio el gobierno alemán prohibió el fracking por 10 años en zonas donde investigaciones muestren que se desconocen los impactos. En 2012 ya había decidido detener temporalmente su implementación.
En España, las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja prohibieron el fracking, en 2012 y 2013, respectivamente. Valle de Mena, en Burgos, se declaró como municipio libre de fracking.
En Suiza se declaró una moratoria nacional, mientras que en Italia dos proyectos de explotación de hidrocarburos fueron detenidos, uno por el gobierno y otro por presión social.
En Australia y Nueva Zelanda también hay comunidades que se han declarado libres de esta tñecnica o han establecido moratorias o prohibiciones. En Canadá, la provincia de Quebec, prohibió el fracking desde 2011.
En Estados Unidos, además de Nueva York, Vermont ha prohibido el fracking en todo su territorio, mientras que Nueva Jersey prohibió el depósito de residuos procedentes de la extracción de hidrocarburos en su territorio, y otras ciudades y estados han declarado moratorias.
¿Y MÉXICO?
Pero, ¿toda esta experiencia internacional sirve de algo para impulsar una lucha antifracking en México?
Francisco Cravioto, especialista de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y como tal miembro de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, dice que sí y que las experiencias de lucha en Estados Unidos, tanto como las evidencias científicas que han mostrado los impactos negativos de esta práctica, son tomadas como ejemplo por las organizaciones que conforman la Alianza.
Sin embargo, matiza que hay diferencias importantes a tener en cuenta entre los marcos regulatorios de ambos países que impiden seguir las estrategias como si fueran recetas. Una, fundamental, es que en Estados Unidos la normatividad es más descentralizada que en México, que en el tema de la explotación de los recursos naturales centraliza la potestad de los permisos en el Gobierno federal.
Y eso lo cambia todo, porque mientras en Estados Unidos las prohibiciones o moratorias para la práctica del fracking se pueden lograr en los ámbitos locales –ya sea en las municipalidades o en los estados– en México tendría que existir una prohibición a nivel federal.
El esfuerzo se ha hecho, recuerda Cravioto, pues en abril del año pasado se impulsó una iniciativa de ley para prohibir la práctica del fracking. La propuesta fue llevada por legisladores de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Nueva Alianza y el Movimiento Ciudadano.
La nombrada Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica planteaba prohibir la práctica de fracking en todo el territorio nacional, fomentar el estudio y análisis de los impactos ambientales causados por la exploración y explotación por fracking, y fortalecer la transición energética hacia fuentes de energía renovables, que asegurasen la sostenibilidad energética social y ambiental, y redujera las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes.
Sin embargo, la iniciativa no prosperó.
Otra diferencia entre ambos países que incide en cómo se puede emprender una lucha antifracking es cómo se entiende la propiedad de la tierra. En Estados Unidos predomina el modelo de propiedad privada, de modo que cualquier persona que compre un terreno se convierte en dueño del subsuelo, aunque también hay casos en los que el gobierno es dueño del subsuelo pese a que el terreno es de un particular. En México, por el contrario, el estado es dueño de los recursos del subsuelo, pero al mismo tiempo la propiedad de la tierra no únicamente reconoce el modelo privado, sino que éste coexiste con regímenes como la propiedad ejidal y la comunal.
Estas diferencias no son el único obstáculo para una batalla legal antifracking en México. Los cambios legales que trajo consigo la llamada Reforma Energética también impactan en los mecanismos de litigio, Dice que en lo jurídico hay varias vías defensa, pero la reforma energética “hizo todo lo posible por debilitar estos puntos”.
Cravioto habla particularmente de la Ley de Hidrocarburos, que incorporó las figuras de servidumbre y ocupación temporal, además de considerar la extracción como una actividad prioritaria y de interés público. La misma ley también planteó que los municipios tienen que facilitar y garantizar la entrega de todos los permisos necesarios para la realización de actividades de explotación de hidrocarburos.
Todos estos preceptos, dice, son violatorios de las garantías protegidas constitucionalmente, de modo que considera que hay posibilidades de litigarlas.
Cravioto habla con insistencia de que, al menos por ahora, la lucha tiene que darse mediante la difusión de información sobre los riesgos e impactos negativos que el fracking conlleva, así como la generación de enlaces.
La Alianza ha puesto el ejemplo de ello. Las 40 organizaciones que la integran son activas difusoras de información, generadoras de foros, de documentos, integradoras de redes.
Dice que una lucha se ha dado en las grandes urbes, como el Distrito Federal, Monterrey, Xalapa. El objetivo por ahora es concientizar a la población, dar información que la gente conozca el tema, que se empiece a difundir. “En la medida en que se genere una opinión pública en contra de esta técnica, se genera una masa crítica que obliga a la clase política a reaccionar”.
La otra batalla es la de informar a la población en los sitios donde se están impulsando estos proyectos, explicando en qué consiste la técnica, cuáles son sus beneficios y sus consecuencias negativas.
Sobre la iniciativa de ley antifracking, dijo que aún no saben si es el momento político, tendrían que analizar la nueva correlación de fuerzas para ver qué legisladores podrían ser aliados. Reconoce que no existen en este momento las mayorías políticas necesarias para impulsar el tema.
La iniciativa planteada hace un año, sin embargo, pese a estas diferencias en los marcos regulatorios emuló el principio fundamental que ha sustentado prohibiciones como la de Nueva York: el de la precaución.
El principio precautorio, explicaron los diputados que promovieron la iniciativa en su exposición de motivos, no significa anticipar un daño futuro ni adopta acciones para anularlo, sino que parte del argumento de que al no existir la suficiente valoración real y científica de las consecuencias, positivas y negativas, para restringir cualquier alteración al medio ambiente.
Es decir, que mientras no exista la certeza de un beneficio o del no daño, se valida la posibilidad de que pueda existir un daño si no se adoptan medidas de precaución.
Cravioto concluye que aunque la Reforma Energética intentó cerrar las posibilidades de defensa, sí existen herramientas legales para proteger a las comunidades del fracking. Pero por ahora, insiste, lo importante es informar a la gente. Y eso, en Nueva York, México o cualquier otra parte del mundo, es la clave.
