El ulular de las sirenas de las patrullas ha sido constante durante las últimas semanas en Tijuana. Julio apunta a convertirse en el mes con más ejecutados producto del narcotráfico y el crimen organizado. Todos los días asesinan a alguien. A veces cuatro al mismo tiempo. Las balaceras acechan en cualquier esquina, centro comercial, residencial de lujo o fraccionamiento.

Por supuesto que la violencia sangrienta no es privativa de Tijuana, aunque esta ciudad se encuentre entre las cinco que mayor número de homicidios dolosos presentan, ciudades como Culiacán, León, Ciudad Juárez, Guadalajara, Ciudad Victoria, padecen los estragos de la corrupción y la impunidad que han empoderado a los narcotraficantes.

Así como en México atravesamos por el sexenio más sangriento, con más de 131 mil hasta abril del 2018 y desde que inició el ahora disminuido sexenio de Enrique Peña Nieto, en Baja California estamos viviendo el sexenio más violento con Francisco Vega de Lamadrid como gobernador. Uno del PRI, el otro del PAN, igual de desinteresados en el narcotráfico, la inseguridad, la violencia, la impunidad o la corrupción, permitiendo con la inacción de policías e investigadores, que los criminales se autorregulen en el territorio con la premisa de sangre y plomo.

Al amparo de la ineficacia y la corrupción en la procuración de justicia en el País, los cárteles de la droga han hecho de México su territorio criminal. El cártel de Sinaloa ha sobrevivido de manera violenta a la captura y extradición de Joaquín Guzmán Loera, mientras el de Jalisco Nueva Generación goza de total impunidad, ambas las estructuras criminales más peligrosas y violentas actualmente.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, los homicidios dolosos producto de la guerra entre cárteles, han ido incrementando con el paso de los meses y los años. Si en el mes de diciembre de 2012 cuando tomó posesión del cargo de Presidente, se registraron mil 999 homicidios, para 2013 la cifra alcanzó los 23 mil 63 ejecutados, un año después en 2014 fueron 20 mil 10, y para 2015 20 mil 762. En 2016 se contabilizaron 24 mil 559 ejecuciones, y hace unos días el INEGI ajustó la cifra de homicidios dolosos ocurridos en 2017, solo para dar a conocer el año más sangriento en la historia contemporánea de México, con 31 mil 174 ejecutados en doce meses.

En enero de 2018 fueron 2 mil 549, febrero dejó 2 mil 389 ejecutados, marzo 2 mil 737, y abril de 2018 (último mes en el que ha registrado cifra el Secretariado Nacional de Seguridad Pública), 2 mil 720. En total en 65 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, se contabilizan oficialmente, 131 mil 962 ejecutados. Una cifra superior a los poco más de 103 mil muertos en la “guerra contra las drogas” del sexenio de Felipe calderón Hinojosa, y en el gobierno de Peña, aunque parezca que ya concluyó por la falta de compromiso, faltan por contar, los muertos de mayo, junio, julio, y los eventos que sucederán en agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Pero con un promedio de 2 mil 600 ejecutados por mes, Peña terminará el sexenio con aproximadamente 150 mil ejecutados.

Tijuana, una ciudad pujante, fronteriza, de mucha interacción con California, Estados Unidos, industria, valles vinícolas y un auge en la gastronomía, está ahora sumida en el horror. Ahí la han situado los malos oficios del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro (por cierto uno de los diputados que votó por la eliminación de la portación de arma de fuego como delito grave), la pésima coordinación y la ausencia de liderazgo del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ambos más situados en la sospecha de a corrupción, el endeudamiento y la ineficiencia gubernamental, que en el compromiso por enfrentar las batallas que la sociedad requiere para tener seguridad, tranquilidad y desarrollo.

En lo que va de este 2018 en la frontera ciudad se han contado mil 447 homicidios dolosos, producto de guerras entre células del narcotráfico. Particularmente de tres, las del cártel Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa y de lo que queda de los Arellano Félix.

Como en el ámbito nacional, la cifra de muertos ha ido en ascenso: 191 en enero, 177 en febrero, 184 para marzo y 212 en abril, 216 en mayo y 221 sucedieron en junio. Julio es el mes más sangriento del año, 246 ejecutados hasta las 8 de la mañana del 31 de julio cuando ya habían asesinado a un hombre en una concurrida plaza comercial, y colgado a otro en un puente de la marginada e insegura zona este de la ciudad.

Entre balaceras, tiradero de cuerpos, enfrentamientos, en siete días, del 19 al 25 de julio se vivió la peor semana; 67 asesinados. Sin embargo, tanta muerte y tanta sangre que corre, no han sido suficientes para que gobernador y alcalde reaccionen con un plan emergente de seguridad, o que la presidencia de la República, mínimo la secretaría de gobernación que encabeza ahora Alfonso Navarrete Prida, establezcan una coordinación especial ante la emergencia por la inseguridad, utilizando a las Fuerzas Armadas que en aquel estado están destacadas.

La realidad es que con la premisa de que se “matan entre ellos”, los gobernantes intentan transmitir seguridad y tranquilidad a los ciudadanos que trabajan, viven, estudian y se desarrollan sin tener ligas con la criminalidad organizadas. Lo cual parece que están esperando, a que –como sucedió en el pasado- la violencia escale de las células criminales a los sectores sociales y económicos, y afecte a los suyos, para emprender acción alguna.

Los discursos que sectorizan la inseguridad y la violencia no han funcionado en el pasado y no funcionan ahora. La criminalidad crece y se empodera porque hay corrupción y se provee de impunidad en la procuración y en la administración de la justicia.

Mientras los gobiernos, el federal, el estatal y el municipal sigan evadiendo su responsabilidad, sea por omisión, incapacidad, complicidad o corrupción, los miembros de los cárteles con impunidad seguirán matando en la conquista de territorios para delinquir.

Son muchas las muertes para ignorarlas, eso ya lo hacen los gobiernos mientras la sociedad sobrevive en condiciones de inseguridad, a la extinción a balazos en el sexenio más violento.

Adela Navarro Bello

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