La Procuraduría General de Justicia de Coahuila concluyó que en el estado no hubo desvío de recursos ni daño al erario durante la administración de Humberto Moreira Valdés. El Subprocurador ministerial, Norberto Ontiveros Leza, declaró al diario El Siglo de Torreón que no parece ninguna transacción del Gobierno del Estado a un particular o a una tercera persona. Durante el sexenio del ex Gobernador, la deuda del estado pasó de 323 millones de pesos a 36 mil 509 millones de pesos, lo que representa un aumento de 11 mil 203 por ciento, de acuerdo con los indicadores de obligaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además de las acusaciones por desvío de recursos, a Moreira se le vincula con Los Zetas. Marciano Millán, integrante de ese cártel, declaró a una corte de Texas que el crimen organizado llegó a operar a sus anchas en esa entidad fronteriza en la gestión de Humberto.
Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– Tras “diversas investigaciones”, la Procuraduría General de Justicia en Coahuila (PGJ) estableció que no hubo desvío de recursos ni daño al erario durante la administración de Humberto Moreira Valdés, informaron medios locales citando fuentes oficiales.
Norberto Ontiveros Leza, Subprocurador ministerial, mencionó que lo único que logró acreditarse es la contratación ilegal de deuda a través de decretos irregulares.
En 2011 el Gobierno del estado informó que la deuda bancaria de Coahuila ascendía a más de 33 mil millones de pesos, 5 mil 200 contratados con documentos falsos y 18 mil más sin permiso del Congreso local.
Ontiveros dijo que derivado de ello la Auditoría Superior del Estado, la Secretaria de Fiscalización y el Congreso del Estado interpusieron denuncias, mismas que concluyeron en 2012 y 2015.
El Subprocurador declaró a El Siglo de Torreón que se logró establecer que no hubo desvío de recursos a través de peritajes.
“No aparece ninguna transacción del Gobierno del Estado a un particular o a una tercera persona. Ni tampoco hubo menoscabo patrimonial, de acuerdo con las indagatorias, como son los peritajes contables”, respondió Norberto Ontiveros.
“No tenemos ningún medio de prueba que acredite el desvío de recursos. Hay averiguaciones abiertas y otras que concluyeron, en ninguna se establece desvío”, añadió.
Humberto Moreira Valdés gobernó Coahuila de diciembre de 2005 a enero de 2011. Durante su sexenio, la deuda del estado pasó de 323 millones de pesos a 36 mil 509 millones de pesos, lo que representa un aumento de 11 mil 203 por ciento, de acuerdo con los indicadores de obligaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
También está el episodio de su encarcelamiento en España, el pasado 15 de enero, por motivos de esta misma investigación, a causa de transferencias de 200 mil euros. Además se le acusó de los delitos de blanqueo, malversación cometida durante su administración, cohecho y organización criminal. Sin embargo fue liberado el día 22 de ese mismo mes.
De hecho, en este momento, esa deuda de crecimiento galopante es parte de una investigación fincada en el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde esa contratación de deuda se catalogó como un ejemplo de corrupción de México.
En tanto, su hermano y actual Gobernador del estado, Rubén Moreira Valdez, quien ha administrado durante los últimos cuatro años y ocho meses el estado, ha realizado operaciones de refinanciamiento de ese capital. Pero en vez de que la deuda se reduzca, en el primer trimestre de este año ascendió a 37 mil 777 millones de pesos.
Derivado de la violencia y de un fuerte endeudamiento, Coahuila ha comenzado a padecer en la última década los problemas provocados por la pobreza, aunque las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) lo presentan como uno de los estados que menos pobres genera.
La danza de los millones:
• En 2015 la deuda de Coahuila llegaba a los 323 millones de pesos.
• 2011, al dejar Humberto la administración, la deuda ya alcanzaba 36 mil 600 millones de pesos.
• En este sexenio al mando de Rubén Moreira, el Gobierno del Estado ha abonado alrededor de 10 mil mdp al pago de la deuda.
• Son 2 mil millones de pesos por año.
• En la presente administración se han pagado de 2 mil millones de pesos a capital.
El pasado 27 de julio, Humberto Moreira fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado.
Antes, el también ex líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandó al investigador y articulista Sergio Aguayo Quezada por daño moral, reclamando una indemnización de 10 millones de pesos y una disculpa pública, pues Moreira Valdés dijo sentirse lesionado emocionalmente por un artículo en el que Aguayo lo señaló de “desprender el hedor corrupto”.
El texto fue publicado el 20 de enero en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón tras la detención del ex Gobernador en España, donde fue investigado por lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
Una semana después, Moreira Valdés fue liberado por falta de pruebas y el caso fue archivado por la Audiencia Nacional de ese país.
“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, escribió entonces Aguayo.
Ahora, Moreira reclama una indemnización de 10 millones de pesos al considerar que se vio afectado por las opiniones del articulista, quien “utilizando medios de comunicación impresos y electrónicos de difusión masiva, atentó en contra de mi honor, vida privada y mi propia imagen también lesionando mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás”, indica la demanda.
Más de 45 mil ciudadanos rechazan la demanda que Humberto Moreira interpuso contra Aguayo y acusan al ex Gobernador de tratar de intimidar al académico.
En una petición subida a la plataforma Change.org, los firmantes solicitaron al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, la garantía a la libertad de opinión y a la integridad personal de Sergio Aguayo y de quienes ejercen el periodismo.
“Exigimos respeto irrestricto a la libertad de opinión, de expresión y de prensa que deben prevalecer en un Estado de derecho que afirma constituirse con principios democráticos”, expusieron los firmantes.
SU CONEXIÓN CON LOS ZETAS
Marciano Millán, integrante de Los Zetas detenido en Estados Unidos, declaró empatado mes a una corte de Texas que el crimen organizado llegó a operar a sus anchas en Coahuila en la administración de Humberto Moreira, tanto que ese cártel estuvo involucrado en minería de carbón y tuvieron contratos gubernamentales para pintar y renovar escuelas y construir carreteras.
El líder criminal en Piedras Negras también reveló que propiedades de ex funcionarios de Coahuila en Texas y cuentas bancarias estarían ligadas a sobornos dirigidos al ex Gobernador a cambio de libertad para asesinar, traficar drogas, e incluso usar vehículos oficiales como helicópteros para escapar de la Marina.
El pasado 19 de julio, Marciano Millán Vázquez fue declarado culpable de los diez cargos que se le imputaban en Estados Unidos, entre ellos, diferentes homicidios y tráfico de drogas.
Por primera vez un testigo federal conectó públicamente a Los Zetas con el ex Gobernador de Coahuila, cuyo nombre está en una investigación vigente por presunto lavado de dinero en Estados Unidos.
Humberto Moreira Valdés ha negado las acusaciones, pero sus oponentes políticos en México han utilizado el testimonio de San Antonio a intensificar su crítica de él y la administración actual del estado.
El juicio en Estados Unidos reveló el funcionamiento interno de Los Zetas y arrojó dudas sobre una versión de los hechos ofrecida por los fiscales del Estado de Coahuila de lo que ocurrió durante el régimen del cártel en Piedras Negras.
La semana pasada, Jacobo Dayán, un consultor profesor y los derechos humanos, miembro de la organización Violencia y Paz, dijo al diario San Antonio Express, que el Gobierno mexicano ha puesto trabas a los activistas de derechos humanos tratando de averiguar acerca de matanzas de cártel y los obliga a depender de la información que se escurre en medios de comunicación y en los tribunales de Estados Unidos.
