Los casos de graves violaciones a los derechos humanos que pululan por diversas regiones del país, acompañadas de un alto índice de corrupción e impunidad, podrían llevar a México al colapso y a ser un verdadero Estado fallido, si no reacciona y recibe ayuda internacional a nivel institucional, dijeron el internacionalista Jorge Chabat y el especialista Sergio Aguayo Quesada, demandando por daño moral por el ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés justo cuando el investigador busca la verdad sobre lo que sucedió en las masacres de las familias de Allende y los migrantes de San Fernando.
Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- Crímenes como el de los 300 desaparecidos de Allende, Coahuila; los hornos crematorios de la cárcel de Piedras Negras utilizados por el crimen organizado para desaparecer a hombres, viejos, niños y mujeres; las desapariciones masivas de estudiantes como la ocurrida en Iguala, Guerrero; las fosas con cadáveres por todo el país y los migrantes acribillados en la ruta para conseguir el “sueño americano”, como los 72 de San Fernando, hablan de un Estado rebasado por el crimen y la corrupción, pero que aún está a tiempo de resolver sus problemas, coincidieron Sergio Aguayo Quesada y Jorge Chabat en entrevista con SinEmbargo.
“El Estado está rebasado, no tiene los recursos para investigar todos los delitos y procesarlos y, por otro lado hay corrupción. Pero quien tiene que investigar es el Estado, al menos en las condiciones en las que estamos, si se tuviera que recurrir a otra instancia, estamos hablando de una situación complicada. Lo que tiene que pasar es que debe haber mayor presión interna y externa para que haga su trabajo, porque para ayuda internacional tendrían que ser condiciones extraordinarias porque constitucionalmente el Estado es el que tiene que resolver”, dijo Jorge Chabat, doctor en Asuntos Internacionales por la Universidad de Miami e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Chabat se refiere a una intervención internacional, como ocurrió en Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para lo cual insistió, habría resistencia en diversos sectores de México debido a la concepción arraigada de soberanía, que aún pesa en la clase política, sin embargo, agregó, México sí puede recibir ayuda para la “arquitectura institucional” de otros países.
“En la medida que se prolongue una situación de deficiencia del Estado habrá más voces que estén pensando en ayuda internacional, porque la solución interna no está funcionando y los casos son recurrentes y cada vez hay un mayor cansancio de la sociedad”, indicó.
El investigador del CIDE agregó:
“Pero todavía no estamos en una situación a nivel nacional como la de Michoacán, en donde autoridades y el crimen es lo mismo y tuvo que llegar el Gobierno federal. No veo que a nivel federal esté esa situación, pero puede llegar a ocurrir. Ahora lo que debe hacerse es trabajar en la arquitectura de la instituciones mexicanas, es lo que se debe fortalecer y eso debería ser el aporte de la comunidad internacional”.
El jueves pasado el Obispo de Saltillo, Coahuila Raúl Vera López dijo en una de sus homilías que desde hace años tuvo conocimiento de lo que sucedía en Piedras Negras con los hornos crematorios que utilizó el crimen organizado para desaparecer los cuerpos de familias enteras y el viernes en entrevista con SinEmbargo el sacerdote que denunció la desaparición de 300 personas en Allende, aseguró que como sucedió en el pasado, también hoy la población está desprotegida ante una estrategia del Estado mexicano para despojarla de su territorio.
“La estrategia de la violencia del crimen organizado, unida a la del Ejército contra la población, es una estrategia política de control social y de territorio. Es para poner contra la pared a la población para hacer todas sus reformas estructurales”, dijo el Obispo de Saltillo.
El Obispo afirmó que “ todo lo que está pasando en Coahuila, en Tamaulipas, con la violencia del Ejército y del crimen organizado, es por la riqueza natural. Los desplazamientos forzados y los controles disque del Estado fallido, ¡mentiras! ¡Es una estrategia del Gobierno para despojarnos!”.
Jorge Chabat planteó que existe una diferencia entre la conducta de los funcionarios que ocupan un cargo público al aliarse con criminales para lastimar a la población y una decisión de Estado.
“El Estado es una estructura, no es algo independiente y hay personas que ocupan al Estado que se alían con criminales, pero no quiere decir que el Estado en sí sea criminal, pero sí que hay una persona que estando en el cargo abusa de lo ciudadanos, comete delitos. Pero otra vez, el problema es que no hay más que el Estado, si el Estado no funciona, estaríamos hablando de un Estado penetrado y perseguido por el crimen. Una situación de colapso todavía no la tenemos, ¿puede ocurrir? Sí puede ocurrir, si todo el país llega a estar como Michoacán”, detalló.
El internacionalista explicó que México “no es un Estado fallido como un todo, sino que hay partes fallidas del territorio”, por lo que la presión de la comunidad internacional y nacional sobre el país, es “obvia”.
AYUDA INTERNACIONAL EN INVESTIGACIONES
Sergio Aguayo Quezada, investigador de El Colegio de México, reconoció que existe un sector del Estado mexicano y de las élites del poder que están “decididas a silenciar a las voces incómodas”, pero que hay otra parte de sociedad mexicanas que tiene “otra actitud”, por lo que una fórmula que ha dado resultados es el apoyo de instituciones extrajeras a institutos e investigadores mexicanos.
Aguayo, quien enfrenta una demanda por 10 millones de pesos, acusado de daño moral por el ex Gobernador de Coahuila y ex Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Humberto Moreira Valdés, aseguró en entrevista con este medio digital que aún y con la persecución a cuestas, “hay que dar la batalla”.
La hipótesis que Aguayo se planteó en un principio, que podría explicar la demanda millonaria, fue que Moreira buscaba obstaculizar la entrega de expedientes solicitados al Gobierno sobre la masacre de Allende, en donde fueron asesinadas y desaparecidas decenas personas.
“Yo establecí como una primera hipótesis de trabajo que podía ser por la investigación que estoy conduciendo desde El Colegio de México con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre la matanza de Allende en 2010 y 2011. Estoy a la espera de una conversación con el Gobernador de Coahuila [Rubén Moreira] para hoy por la tarde o mañana más temprano. Cuando hable con el Gobernador podré decir si esa hipótesis es correcta o no”, dijo hace unos días.
La investigación a la que se refiere Aguayo busca hacer un comparativo sobre las masacres de San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila. Se trata de un trabajo de largo plazo pera establecer “con mayor precisión cuáles son los resortes de las matanzas y tragedias y cuál es el papel que juega el Estado, la sociedad y los perpetradores”, detalló.
Por la importancia de los casos para Estados Unidos se firmarán convenios con la Universidad de Texas sede Valle del Río Grande y el National Security Archivo de la Universidad George Washington, adelantó.
“Es posible que esa demanda busque torpedear la posible apertura de expedientes que nos prometió a El Colegio de México el Gobierno de Coahuila, no nos han abierto los expedientes. Esa es una situación peculiar; la CEAV es una institución de Estado y está pidiendo a la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] , PGR [Procuraduría General de la República], Gobierno de Tamaulipas, de Coahuila. Estamos teniendo acceso a algunos expedientes. Si le puedo decir que la CNDH ha tenido gran apertura, pero hemos firmado un convenio de confidencialidad de no poder mostrar ni comentar estos documentos hasta que termine la investigación, pero sí es indispensable que nos den acceso en Coahuila, eso hablaré con el Gobernador”, explicó Aguayo Quezada.
La semana pasada el poeta y líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) Javier Sicilia Zardain el que las autoridades mexicanas no investiguen el caso de Allende y el de la prisión de Piedras Negras en Coahuila, se debe a que buscan “enterrar” la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos y en los crímenes atribuidos al crimen organizado, en complicidad con funcionarios públicos.
“Hay una impunidad dentro del Estado, una protección de aquellos que utilizan al Estado para servir al crimen organizado, por eso se permiten estos niveles de violencia. Y ahora quieren quitarnos la oportunidad de que el Estado tenga responsabilidad [al modificar la Ley de Víctimas], se trata de proteger al crimen”, dijo Javier Sicilia.
Sergio Aguayo coincidió con el poeta y agregó que México requiere de la ayuda de organismos internacionales, de la sociedad civil, las universidades y hasta de las iglesias, para resolver los casos graves de violaciones a los derechos humanos y los crímenes de los cárteles en contra de la población.
“Yo coincido con Javier en que es imposible saber exactamente porqué han pasado las masacres y que las investigaciones que hace el Estado no llegan a la raíz del problema, no profundiza. Lo he constatado investigando diferentes atrocidades en el pasado y actualmente, pero la fórmula no es invitar a extranjeros, sino que instituciones mexicanas, apoyadas en organismos internacionales hagan estas investigaciones. México tiene talento, capital humano bien formado y esos sectores, las universidades, las instituciones de investigación se están empezando a involucrar. Yo creo que universidades, organismos de la sociedad civil, iglesias, con instituciones internacionales pueden juntos. Estoy convencido de lo virtuoso de esa combinación y sí podemos esclarecer lo que sucedió en masacres tan horrendas como la de Allende, San Fernando y tantas otras”, explicó.
Aguayo Quezada recordó el caso de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014, en donde México recibió la ayuda del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero también la colaboración de investigadores nacionales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la misma PGR.
“La comunidad internacional hizo un aporte importante, pero también instituciones nacionales. Hay que reconocer los soportes de la información que se obtuvo, aceptando de entrada que todavía no logramos ir a fondo de las masacres, del porqué suceden y cuál es la responsabilidad de tal o cual actor. En eso sí nos falta, pero estamos avanzando. El avance se dará más fácil y mejor con la mezcla de mexicanos y comunidad internacional. La investigación que hizo Open Society sobre atrocidades innegables, incluyendo Coahuila, es un aporte a lo que estamos haciendo en El Colegio de México que estamos investigando la masacre de San Fernando y Allende; son acercamientos a la verdad que nos permiten tener una mejor compresión de lo que pasa”, dijo.
El investigador reveló que a pesar de la demanda de Moreira Valdés en su contra, en el caso de la investigación que lidera para El Colegio de México y que tiene como Consejo Asesor a Mariclaire Acosta, Rubén Aguilar, Javier Sicilia y Juan Villoro, la información ha fluido.
“Estamos teniendo acceso a parte de la información. Yo desagregaría al Estado mexicano, pero hay instituciones, personas, funcionarios que sí están compartiendo la información. Me parece que las investigaciones que yo he hecho, incluida sobre el 68, no las hubiera podido hacer sin el aporte de la sociedad mexicana. No es blanco y negro, pero dentro de eso, a la fecha, no hemos logrado tener una compresión como se debe de los problemas”, indicó.
