Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Distrito Federal y el Estado de México, son las entidades donde se registra el mayor número de feminicidios, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
El pasado 28 de julio, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), encabezado por la Secretaría de Gobernación (Segob), aprobó por primera vez en su historia emitir la Alerta de Género en 11 municipios del Estado de México: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Chimalhuacán, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
La Alerta de Género fue en respuesta a cinco años de lucha jurídica de la sociedad civil organizada, y en respuesta a una solicitud que el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, hizo el pasado 9 de julio, luego de la presión que ejercieron organizaciones nacionales e internacionales y de varias notas periodísticas que advertían de la ola incontenible de asesinatos de mujeres en esa entidad.
De acuerdo con las organizaciones, el Gobernador priista del Edomex nunca quiso la Alerta de Género y denunciaron que el informe que presentó para la solicitud ante el SNPASEVM se omitió información como: los procesos, el número de sentencias, sanciones a los delincuentes sentenciados, modus operandi, formas de violencia, casos de feminicidio desde 2005. Sumado a ello se mezclaron cifras de delitos dolosos como abortos, suicidios, entre otros.
Eruviel Ávila no es el único Gobernador que intenta maquillar cifras para evitar una alerta de género en su estado, sus homólogos de Morelos, Sinaloa, Veracruz, Puebla, Chihuahua y Guanajuato, también lo hacen. La resistencia de las autoridades estatales para dar cifras sobre el problema se refleja en la falta de una base de datos sobre las agresiones y delitos que permita conocer la magnitud del feminicidio.
Las cifras revelan que en la mayoría de los casos el feminicidio no se investiga como tal, pese a que la mitad de las entidades cuenta con un protocolo de actuación e investigación para este delito.
Por ejemplo, el pasado 15 de abril, organizaciones sociales denunciaron que en los últimos 20 meses se han sumado 103 feminicidios en Morelos, sin que el Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu lance una alerta de género y tome medidas para combatir los crímenes.
En Oaxaca también denunciaron que el feminicidio se incrementó 216.6 por ciento durante el periodo enero-mayo de 2014, respecto al mismo periodo en 2013. En Puebla, las cifras estiman alrededor de 240 mujeres han sido asesinadas en el estado en lo que va de la administración del panista Rafael Moreno Valle.
En Veracruz, mientras el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa regatea la alerta de género a las organizaciones civiles que la están exigiendo, el panorama para las mujeres es cada vez es más adverso, ya que en los primeros seis meses del 2015 han asesinado a 50 de ellas.
De enero a julio de este año, 47 mujeres fueron asesinadas de manera brutal en el estado de Guanajuato, de acuerdo con el colectivo La Regla Rota. Esta cifra va en aumento, pues en el mismo periodo, en el año 2014, ocurrieron 28 asesinatos de mujeres y el año se cerró con 63 muertes femeninas.
El “Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México: causas y consecuencias 2012 y 2013”, refiere que de los 3 mil 892 homicidios de mujeres ocurridos en el país entre 2012 y 2013, tan solo 613 casos fueron investigados por las Procuradurías de Justicia en los estado como feminicidios, es decir, el 15.75 por ciento, de los cuales solo el 1.6 por ciento obtuvieron sentencia.
De los 613 casos investigados como feminicidios, el 46 por ciento de las mujeres asesinadas murieron por actos brutales que implican el uso excesivo de la fuerza física; 16 por ciento fueron asesinadas por arma de fuego y en el 38 por ciento la autoridad desconoce la causa de muerte; también señalaron que en el 80 por ciento de los casos, la autoridad desconoce al agresor, en el 27.7 por ciento se desconoce la edad y en el 65.4 por ciento de los casos se desconoce el lugar en donde ocurrió el homicidio.
