Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).- Las agresiones a la libertad de expresión durante el primer semestre del año se incrementaron más del 46% en comparación con el mismo periodo de 2012, reportó la organización Artículo 19, en su segundo informe trimestral de 2013 sobre el tema.
A las 100 agresiones a la libertad de expresión documentadas durante el segundo trimestre del año –del 1 de abril al 30 de junio-, se suman las 51 reportadas de enero a marzo, lo que arroja un total de 151 agresiones en seis meses. En los dos primeros trimestre de 2012, se tenían reportadas 103 agresiones.
Artículo 19 ha documentado que en la mayoría de las ocasiones el Estado mexicano ha incumplido con su obligación de garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y castigar a los agresores de este derecho, fomentando la impunidad y que las agresiones vayan en aumento.
Durante el segundo trimestre del año se documentaron 32 agresiones físicas en contra de periodistas; un asesinato; un ataque con granada; 16 amenazas verbales, dos de ellas de muerte; cinco privaciones ilegales de la libertad; seis intimidaciones y seis sanciones judiciales.
Además, 12 personas fueron sancionadas por autoridades luego de hacer uso de su derecho a manifestarse.
Las entidades más violentas para ejercer la libertad de expresión fueron: Tlaxcala con 17 casos, Veracruz con 12, Guerrero con 12, Chiapas con 10 y Coahuila con ocho. La información recabada por Artículo 19, revela que los principales perpetradores de las agresiones fueron servidores públicos y policías de los tres niveles de gobierno. A ellos se les vincula con 32 agresiones.
LOS CASOS
Entre los casos documentados por el organismo destacan las agresiones a instalaciones del Grupo Reforma, tanto en Monterrey como en Guadalajara.
La madrugada del miércoles 17 de abril una bomba molotov y una granada de fragmentación fueron arrojadas en las instalaciones del periódico Mural, en Zapopan, Jalisco. Fue la primera agresión al diario pero la séptima a Grupo Reforma, dueño de Mural, cuyas instalaciones en Nuevo León -en poco más de 2 años- han sido atacadas en seis ocasiones.
Apenas un día antes, Mural había publicado una nota en la que se informaba de la aparición en la ciudad de varios mensajes escritos en mantas, en los que se mencionaba que detrás de las guardias comunitarias surgidas en los límites de Michoacán y Jalisco, se encontraba una supuesta organización del narcotráfico.
“Seguimos firmes en continuar con nuestra labor informativa”, dijo Francisco Mercado, Gerente de Recursos de Humanos de Mural, cuando Artículo 19 le preguntó qué pensaban él y sus compañeros sobre la agresión a sus instalaciones.
A poco más de 2 meses de los hechos, las autoridades en Jalisco seguían sin ubicar a los responsables de las explosiones.
La mañana del domingo 7 de abril de 2013, Martín Ruiz Rodríguez, director del periódico digital e-consulta en Tlaxcala, fue detenido por policías ministeriales a solicitud del Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Ubaldo Velasco, quien lo acusó penalmente por el delito de difamación.
Tlaxcala es uno de los 12 estados en el país que castiga penalmente la difamación, aun cuando los tratados internacionales en libertad de expresión recomiendan fijar sanciones administrativas para estos casos.
La detención de Martín Ruiz fue vista por Rodolfo Ruiz, hermano del acusado y director de e-consulta en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz, como una “venganza” y un “madruguete” de las autoridades estatales por su línea editorial, pues faltaba poco menos de un mes para que su hermano acudiera a una “audiencia conciliatoria” con el demandante.
Martín Ruiz no es el único colaborador de e-consulta que enfrenta una demanda penal por difamación y en la que los acusadores son funcionarios públicos. Su hermano Rodolfo, así como los periodistas Gerardo Santillán, Roberto Nava Briones y el caricaturista Arturo Tecuatl, se encuentran en una situación similar. En los cinco casos los funcionarios que los demandan forman parte del círculo cercano del Gobernador Mariano González Zarur.
El asesinato de Daniel Alejandro Martínez, fotógrafo de sociales del periódico Vanguardia, de Saltillo, Coahuila, ocurrido el miércoles 24 de abril de 2013, es otro caso emblemático en el que la autoridad ha vulnerado los derechos de la víctima.
“Sin investigación ni pruebas de por medio”, las autoridades de Coahuila señalaron que el joven de 22 años de edad, mantenía vínculos con el crimen organizado, vulnerando con ello el derecho de acceso a la justicia y los correlativos deberes del Estado de investigar, esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y garantizar la reparación del daño.
Artículo 19 ha expresado en diversas ocasiones su preocupación por el contexto de violencia que viven los periodistas y comunicadores de Coahuila. En el trimestral anterior se documentaron ocho agresiones, de las cuales cinco fueron graves.
SIN DERECHO A PROTESTAR
Reprimir la protesta es otro ataque a la libertad de expresión que Artículo 19 documentó en este segundo trimestre de 2013. Se trata de una agresión que en informes trimestrales anteriores no se había manifestado con tanta frecuencia, pero que en este periodo tuvo un repunte significativo.
El viernes 3 de mayo en Puebla, Puebla, los jóvenes Néstor López, Eduardo Salazar e Iván Ismael Guizasola fueron detenidos ilegalmente por la Policía Ministerial del Estado y procesados penalmente por convocar, a través de redes sociales, a una manifestación contra el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, con motivo de su visita a la ciudad por los actos conmemorativos del 5 de Mayo.
Los tres jóvenes, tras el pago de fianzas tazadas entre los 19 mil y 28 mil pesos, obtuvieron su libertad, pero siguen con un proceso judicial en su contra por haberse resistido al arresto “practicado de manera ilegal”.
En León, Guanajuato, seis estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTEG) fueron suspendidos temporalmente por manifestarse, el 16 de mayo, en un acto público en el que estuvo presente Peña Nieto. A esos dos casos se suma la detención, por parte de policías de la Ciudad de México, de tres jóvenes pertenecientes al movimiento #YoSoy132, quienes el jueves 23 de mayo fueron remitidos ante un juez cívico por colgar una manta -en un puente peatonal- en la que hacían referencia al primer aniversario del movimiento.
“Pareciera que en la opinión pública se impone, desde el poder, una satanización a las protestas. Artículo 19 entiende que las protestas son una expresión válida y legal además de ser síntomas de fortaleza de una democracia plural en donde todos los discursos tienen cabida. Quienes intentan acallar las protestas y generar falsos consensos hacia cualquier tema, impiden que las voces del disenso sean escuchadas”, señala el informe.
Las organizaciones sociales, muchas de ellas vinculadas a movimientos magisteriales, tuvieron también una participación importante en cuanto al número de agresiones cometidas en contra de la prensa en este segundo trimestre.
Se les vincula con 20 ataques de abril a junio, superando los seis registrados de enero a marzo. Uno de los casos más emblemáticos documentados por Artículo 19, ocurrió el miércoles 1 de mayo en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, cuando un grupo de maestros presuntamente agredió física y verbalmente a 12 periodistas que cubrían una de sus manifestaciones.
Al término del incidente los maestros alegaron que los periodistas iniciaron la agresión, aun cuando existen imágenes que muestran a los docentes arrojando gas lacrimógeno a los comunicadores.
Los funcionarios públicos, y los miembros de los partidos políticos también han realizado diversas declaraciones con la finalidad de amedrentar el ejercicio de los periodistas: Carlos Montiel Saeb, candidato a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), declaró: “Dejen de estar chingando. Si yo quiero, muevo mis influencias y me chingo al Mañana”, refiriéndose al diario El Mañana.
Asimismo, el Diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Anaya Llamas, amenazó a un reportero durante una conferencia de prensa en Torreón, Coahuila, en la que participó el Senador Ernesto Cordero. Anaya le comentó al periodista: “A tí lo que te hace falta es que te den un levantón”.
EL ENEMIGO EN CASA
Las presiones para imponer una línea editorial acorde a los intereses económicos de la empresa periodística, “pero violatorias a la libertad de expresión de los periodistas”, es otra de las agresiones documentadas por la organización en el segundo trimestre de 2013.
Por los menos tres periodistas fueron despedidos o renunciaron a sus medios luego de denunciar “presiones” e “intimidaciones” editoriales por parte de sus directivos.
El viernes 5 de abril, en Mexicali, Baja California, el periodista Antonio Magaña, renunció a su noticiero radial porque -según informó públicamente- el director regional de Radiorama pretendía imponerle una agenda y obligarlo a realizar entrevistas pactadas comercialmente con la clase política de la región en un año electoral.
En Xalapa, Veracruz, donde también hay elecciones locales, Verónica Danell, directora editorial y conductora de Mega Noticias, fue despedida la primera semana de abril de Megacable por supuestas “presiones de la clase política” ante su línea editorial.
El lunes 8 de abril, en Delicias, Chihuahua, donde se celebrarán elecciones locales en este 2013, el periodista Cesar Alejandro Camacho hizo público su despido de la empresa Cablemas. El comunicador dijo que lo despidieron por trasmitir una entrevista del ex candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en la que criticaba a los políticos del estado.
El organismo aclaró que en el mes de abril, un informe publicado por el Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia (OPCPV), daba cuenta del cambio de dinámica en los medios respecto a la cobertura de la violencia. Según este informe, en los medios impresos del Distrito Federal, se redujo hasta 50% frente al último trimestre del sexenio de Calderón.
“Existen varias explicaciones para lo anterior, sin embargo el informe sugiere que se debe al cambio de estrategia de comunicación del gobierno federal. De ser esa la única explicación, los medios se encuentran ante un importante dilema ético pues, la violencia no ha bajado. En algunos rubros como la violencia contra la prensa ha subido de manera alarmante, cubrir o no cubrir, ese es el dilema”, finaliza.
