En el texto que origina la controversia se relatan situaciones sexuales con menores de edad que involucran al obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda, y en las que habría estado presente el ex Gobernador del Estado de México.
Ciudad de México 1 de mayo (SinEmbargo).– El ex Gobernador priista Eruviel Ávila Villegas demandó por daño moral al periodista Humberto Padgett, a quien reclama 10 millones de pesos por las supuestas afectaciones sufridas a su reputación tras la publicación de un reportaje de perfil.
Ávila Villegas es el hombre que sucedió a Enrique Peña Nieto como Gobernador del Estado de México. Aunque no pertenece al círculo político cercano del Presidente de México, sí es un personaje poderoso dentro del Revolucionario Institucional (PRI) y en la vida pública.
En el texto que origina la controversia se relatan situaciones sexuales con menores de edad que involucran al obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda, y en las que habría estado presente el ex Gobernador del Estado de México. El reportaje fue publicado como un capítulo dentro del libro Los Suspirantes 2018, editado por Planeta y coordinado por Jorge Zepeda Patterson.
Padgett atribuye a cinco fuentes, todas abiertas, los detalles de fiestas de la clase política de Ecatepec en que habrían transcurrido los supuestos acercamientos y tocamientos a hombres con aspecto de ser menores de edad.
Eruviel, actualmente vicecoordinador de campaña del candidato presidencial del PRI, José Antonia Meade, radicó la queja en un juzgado civil situado en Ecatepec, municipio del que ha sido Alcalde en dos ocasiones y Diputado local otras dos.
La misma cantidad de dinero, 10 millones de pesos, también le es exigida a una de las fuentes informativa de Padgett, periodista que ha cubierto el Estado de México desde hace 20 años y sobre quien pesan amenazas de muerte por parte de narcotraficantes del sur de la Ciudad de México.
CARTA A ERUVIEL:
Eruviel Ávila Villegas,
ex Gobernador del Estado de México,
vicecoordinador de campaña de José Antonio Meade,
candidato plurinominal al Sena de la República por el PRI:
PRESENTE.–
En días pasados fui demandado por Usted y así pide a la justicia mexiquense que una de mis fuentes informativas y yo le paguemos, cada uno de los dos, 10 millones de pesos por los daños morales ocasionados por un reportaje biográfico publicado como un capítulo en libro “Los Suspirantes 2018”, un trabajo coordinado por Jorge Zepeda Patterson a propósito de las personalidades políticas mexicanas con posibilidades e intenciones de competir por la presidencia de México. Entiendo que se ha puesto furioso como pocas se le ha visto, pero como nunca se le vio, por ejemplo, cuando la madre de una niña violada y asesinada se quedó esperando su atención por décima ocasión afuera de su oficina, en el Palacio de Gobierno del Estado de México. El texto por el que Usted se dice enfadado recoge cinco testimonios abiertos, además del ofrecido por mi codemandado, Esteban Sánchez, en que se relatan fiestas de la clase política del Estado de México en que habría participado el ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, quien se habría ejercido una conducta sexual inapropiada con menores de edades, situaciones en las que Usted habría estado presente. El libro apreció a principios de junio de 2017 bajo el sello de la editorial Planeta y fue promocionado en medios de comunicación. Ni la una ni las otras poseen domicilio físico ni fiscal en Ecatepec, Estado de México, donde Ud. ostenta un poder considerable y donde radicó la demanda.
Aún como gobernador y en foros públicos, actuando como funcionario, Usted advirtió que me demandaría por el daño sufrido por su reputación, deterioro que no es posible observar ante el hecho de que concluyó su gubernatura operando la cuestionada elección por la que el PRI retuvo el Estado de México. Al poco tiempo fue designado líder de su partido en la Ciudad de México, cargo que dejó para convertirse en vicecoordinador de campaña de José Antonio Meade, aspirante priista a la presidencia de la República.
En algunos meses, Usted será senador por la vía plurinominal, el mecanismo implementado por los políticos mexicanos para acceder al congreso sin que se vote por ellos. Sin importar los múltiples cuestionamientos por su desempeño como gobernador, periodo caracterizado por el alza de los asesinatos, el incremento de los crímenes no denunciados —más del 96 por ciento del total— y de la persistente pobreza en su estado, será congresista y mantendrá sus relaciones con el poder entendido y ejercido en las condiciones que tienen a nuestro país en el miedo, la tristeza y la furia. Por esta inequidad de poderes en conflicto, es que hago pública esta carta. *** Reconozco la posibilidad de las personas para reclamar ante la ley el derecho a su reputación, pero, al mismo tiempo, observo con inquietud que ése instrumento jurídico podría devenir en una nueva forma de abuso de quienes ostentan el poder político en México en medio de un sistema de justicia endeble por su corrupción e ineficacia. Existen precedentes de funcionarios mexicanos acusados de actividades ilícitas y que han recurrido a tribunales para exigir silencio y compensación a periodistas. Un caso relevante es el de Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila señalado de estar vinculado con el Cártel de Los Zetas, quien ha acudido a los tribunales contra el investigador académico y articulista Sergio Aguayo. Si en México la justicia es a menudo un artículo de compraventa, la verdad jurídica se convierte en otra mercancía y, para el sistema político, un nuevo y peligroso medio de control para un periodismo ya agobiado por otras varias taras. México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico. Si bien los asesinatos de comunicadores, que en 20 años rebasan los 100 casos, son los casos más alarmantes, el país es escenario de otros mecanismos que de manera más o menos indirecta resultan en el empobrecimiento de la libertad de prensa. Sumemos a esta situación otra que está fuera del radar de cualquier análisis y reclamo: el peligro que corren las fuentes informativas. Aunque es un problema bastante viejo, es hasta ahora que organizaciones civiles y algunos medios informativos han elaborado y publicado reportes sobre la publicidad oficial y la discrecionalidad con que funcionarios del gobierno federal adquieren coberturas favorables y silencio. Sin oposición alguna, el uso del dinero público para comprar medios de comunicación también es permanente entre autoridades estatales y municipales. ¿Por qué los mexicanos no creen en su prensa? Una de las respuestas obedece a esta complicidad. Tan generalizado es el soborno específico de los políticos a los periodistas en México, que existe un término específico para referir su práctica: “chayote”.
A la vez, la mayor parte de los mexicanos se informan mediante los contenidos ofrecidos por ocho grupos empresariales, algunos con intereses más allá del negocio de las noticias, y mediante contenidos ofrecidos en televisión, cuya trasmisión de hace mediante canales concesionados por el mismo gobierno mexicano que, como dije antes, invierte, en esos mismos canales, sumas inusitadas del presupuesto erario en comparación con el resto de las democracias en el mundo. Otro aspecto menos considerado es el de las malas condiciones laborales de los periodistas. El promedio salarial para el sector es de 10 mil pesos mensuales. Esto significa que muchos reporteros y fotógrafos, generalmente en los estados, ganan 5 mil pesos o menos al mes. La mayoría labora sin seguridad social y suele complementar su ingreso percibiendo algún porcentaje de la publicidad que vende al área de gobierno bajo responsabilidad periodística. Es decir, la institución pública a la cual debe evaluar es, a la vez, su principal fuente informativa y su principal cliente, así como el de la empresa a la que envía su información.
En el país no existe un gremio periodístico, sino un conjunto de grupos con orígenes e intereses comunes que se mantienen en pugna por la influencia sobre el público y la venta de espacios publicitarios, primordialmente de origen oficial. En otro espectro hay conjuntos de comunicadores confrontados por la supuesta superioridad editorial y ética de cada uno en los que se insertan organizaciones sociales dedicadas a la defensa de la La baja profesionalización, la ausencia de capacitación y el escaso interés de las audiencias por contenidos complejos completan el boceto que pretendo hacer de la prensa mexicana. *** El 22 de agosto de 2017, mientras realizaba un trabajo encubierto con los vendedores de drogas que operaban al interior de Ciudad Universitaria, el principal campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, fui descubierto por algunos de los narcomenudistas. Me golpearon, encañonaron y me obligaron a entregar mi documento identidad con la advertencia de que me asesinarían a mí y a mi familia si los denunciaba.
Decidí denunciarlos. Es en estas circunstancias, el 30 de enero de 2018, es que Ud. presentó la demanda por daño moral reclamando a una de mis fuentes informativas, 10 millones de pesos a cada uno, el equivalente a mil sueldos mensuales promedio de los periodistas mexicanos. Ante el abuso de la herramienta jurídica, ¿se atreverían los modestos reporteros y editores de los estados a exhibir los vergonzantes gobiernos, como los de Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Tomás Yárrington, Eugenio Hernández y otros? Durante toda mi carrera profesional no he ganado la tercera parte de lo que pretende de mí, incluidos sueldos, honorarios, el valor económico de los 26 premios nacionales e internacionales que he recibido y las regalías por los ocho libros que he escrito. La acusación aparece luego de algunos precedentes periodísticos que considero relevante mencionar. He realizado trabajos periodísticos desde hace 20 años en el Estado de México, siempre denunciando la corrupción, la pobreza, las trampas electorales cometidas por el PRI y el funcionamiento del crimen organizado. El Estado de México es el más poblado, así que cuenta con la mayor dotación de dinero público y de votos y, en 89 años, sólo ha sido gobernado por el PRI. Estos son los libros que he escrito sobre el Estado de México seguidios de algunas reseñas y entrevistas que ofrecí al respecto:
• Jauría. La verdadera historia del secuestro en México, publicado en agosto de 2010 por Grijalbo y reeditado en versión de bolsillo, ambas de Random House Mondadori.
También menciono los premios periodísticos que he obtenido por trabajos de denuncia sobre las condiciones de corrupción y violencia en el Estado de México:
• Segundo lugar en el Premio de Periodismo Alemán Walter Reuter con el reportaje “Antorcha Campesina: la máquina de extorsión del PRI”.
Tras años de hacer periodismo sobre el Estado de México y ser demandado ahora, considero que su querella no es más que un manotazo en su escritorio, su grito disfrazado exigencia de silencio por mi trabajo de denuncia en uno de los lugares en que más y peor se ha arraigado la violencia, el miedo y la corrupción en México. *** Los gobernadores del Estado de México se han caracterizado por mantener relaciones poco éticas con los medios de comunicación. Para el caso suyo, Dr. Ávila Villegas, le recuerdo que rifó autos entre los reporteros responsables de cubrir el estado que gobernaba.
Que un gobernador compre autos con el erario y los obsequie como de su propiedad a los periodistas encargados de vigilar su actuar público, es un buen ejemplo de las prácticas de adquisición de conciencias en que el PRI ha ejercido el poder. La dependencia económica y política de los medios es una de las varias pertenencias que los políticos mexicanos hacen a favor de sus proyectos personales. Existiendo distintas irregularidades en la gestión de Ávila, incluido el ejercicio del gasto público, los diarios y estaciones mexiquenses guardaron silencio. Informes extensos y completos sobre hechos la mala administración.
En mayor o menor medida de un estado de la República a otro, ocurre esta colonización política del gobernador a los otros Poderes de Gobierno, el Legislativo y el Judicial. En el caso del Estado de México, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Javier Medina Peñaloza, fue nombrado durante la gubernatura y mediante la operación de Eruviel Ávila Villegas quien, antes de dejar el cargo, fue condecorado con el grado de doctor honoris causa por el mismo presidente del Tribunal Superior. El juez justificó la distinción en virtud de la mejora en las condiciones sociales, económicas y de seguridad de los mexiquenses, lo que fue rebatido en la prensa sin que la clase política mexicana y mexiquense, priista o de oposición, reclamasen la condecoración.
Medina Peñaloza es el jefe en mayor grado del juez que resolverá si yo he dañado su honor. Usted me ha demandado en un juzgado con sede en Ecatepec, el municipio más poblado y con mayor número de pobres en México, de donde ha sido alcalde en dos ocasiones y diputado local en otras dos antes de gobernar el Estado de México. Es en este lugar, el sitio en que los mexicanos se sienten más inseguros, donde es mayor la influencia Eruviel Ávila, futuro senador y actual vicecoordinador de campaña de José Antonio Meade, el aspirante priista a la presidencia. Aquí me pregunto nuevamente: ¿en dónde está el daño sufrido por Eruviel Ávila si en este país, definido por la impunidad política, ninguna consecuencia sufrió, no por mis publicaciones, sino por sus actos y omisiones que tanto dolor han traído a los millones de personas que ha gobernado? Las demandas de esta naturaleza colocan en contienda a dos individuos con influencias políticas y capacidades económicas sumamente desiguales. Una defensa capaz y comprometida cuesta algunos cientos de miles pesos, imposibles de pagar para la inmensa mayoría de periodistas. A un político, un gobernador, nada cuesta tomar a un periodista por el cuello y sentarlo en el banquillo de los acusados ante un juez que puede ser, como millones de mexiquenses y mexicanos lo hemos sufrido, un juez que no reflexiona sobre las leyes sino con la calculadora política. Pongo en su consideración, en la del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su titular Javier Medina Peñaloza, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que el Senador por el Estado de México Alejandro Encinas Rodríguez ha presentado un punto de acuerdo en que pide el desahogo del diferendo legal con imparcialidad y certeza. Es por lo anterior que, respetuosamente, le pido que pelee con limpieza, ¿o qué honor resarcirá ganando a la mala, desde el poder político, hoy sinónimo de corrupción e ignominia?
Atentamente,
Humberto Padgett León
reportero.
