Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– Los 18 diputados de las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (Panal) en el Congreso de Quintana Roo se impusieron y, por primera vez en México, dieron paso a la Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo, llamada popularmente “Ley Antimarchas”.
Quintana Roo se convirtió así en el primer estado de la República Méxicana que oficialmente concreta una ley en contra de las protestas sociales en espacios públicos, y para las que los participantes en marchas y mitines tendrán que pedir permiso a las autoridades para ejercer un derecho que está consagrado en los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Mexicana.
También faculta a las autoridades para que, por cualquier tipo de queja o protesta, puedan disolver las concentraciones.
Sin embargo, los legisladores que ayer votaron a favor y cuya mayoría son priistas insistieron que con ella se garantiza sin excepción el ejercicio del derecho de las personas a manifestar o expresar sus ideas y el de los demás ciudadanos al libre tránsito.
Sólo se registraron tres votos en contra de esta ley: los de la Diputada panista Perla Tun, así como Jorge Carlos Aguilar Osorio, el único legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Hernán Villatoro Barrios, del Partido del Trabajo (PT).
Quienes no votaron, por estar ausentes de la sesión del Congreso, fueron los diputados Luis Roldán, del Movimiento Ciudadano, Trinidad García, del PAN, así como los priistas Martín de la Cruz Gómez y Arlet Molgora Glover.
En la 25 sesión ordinaria del Congreso del estado, el Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, presidente de la Comisión Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, sostuvo que se trata de una ley que fue construida con las observaciones realizadas por el Ejecutivo estatal a la ley anterior, además de que “se escucharon” recomendaciones del Alto Comisionado de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y de organizaciones como Artículo 19 y Amnistía Internacional (AI).
“Los cambios que realizamos son el resultado de una suma de voces, para concluir una ley con se ajusta estrictamente a todos los criterios internacionales y constitucionales”, dijo.
El Diputado Sergio Bolio Rosado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, quien también aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico, afirmó que ésta no invade esferas ni contrapone ninguna forma, pues guarda proporcionalidad entre el derecho de los manifestantes y el de terceros.
"Se regula el respeto a los participantes de las manifestaciones y también a los terceros que pueden ser afectados por la exaltación de los manifestantes", comentó.
UN OPOSITOR ÚNICO
Durante la discusión, el Diputado Hernán Villatoro Barrios subió a tribuna para manifestarse en contra del dictamen y de la ley, pues considera que no debe existir regulación del derecho de la manifestación y la libre expresión, por mínima que ésta sea.
El legislador afirmó que la ley contraviene los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Política y la llamó "una aberración jurídica" que pretende atacar la libertad de expresión, además de estar dirigida a futuras manifestaciones de maestros y taxistas.
La ley, que es considerada como “light”, luego de las observaciones realizadas por el Gobernador Roberto Borge Angulo, como respuesta a las críticas y presiones, será publicada en el periódico oficial para su inmediata entrada en vigor.
La nueva iniciativa fue presentada por los diputados Pedro José Flota Alcocer, Sergio Bolio Rosado, Remberto Estrada Barba, Emilio Jiménez Ancona y Luis Fernando Roldan Carrillo, coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, así como por José Luis Carrillo Soberanis, en su calidad de presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria.
En su exposición de motivos, la nueva ley ofrece “brindar medidas de prevención y protección” a los manifestantes y asegura que se busca evitar la “criminalización” de las protestas, aunque la “administración pública garantizará el orden, la paz y la tranquilidad pública y protegerá a las personas que realicen manifestaciones, marchas y plantones en espacios públicos”.
Además se advierte que la administración pública “tomara las medidas necesarias” si durante las manifestaciones, marchas o plantones “se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculiza la prestación de un servicio público o se produjeran actos de violencia”.
PERMISO PARA PROTESTAR
Sin embargo, se mantiene la prohibición de los bloqueos en la vía pública, como se advierte en el Artículo 21 de esta ley.
También se mantuvo el ordenamiento que indica que “quienes participen en una manifestación tienen derecho a dar aviso a la autoridad por escrito”, además se precisa que "no tienen la obligación de aceptar el cambio de derrotero u horario que les sugieran las autoridades para sus manifestaciones".
Así, la nueva ley otorga facultades al gobierno estatal y los municipales que, tras un aviso de una protesta “podrán invitar a los manifestantes a participar en mesas de atención o negociación”.
Se agrega que la Comisión de Derechos Humanos estatal tendrá la obligación de vigilar el respeto de los derechos humanos de los participantes en protestas y también que las autoridades deberán dar capacitación a los policías para el manejo adecuado de situaciones de protesta, además de contar con manuales que establezcan los protocolos operativos que deben observarse en esos casos.
Las multas para las infracciones a esta ley serán de 10 a 100 salarios mínimos, por lo que la sanción mayor será de aproximadamente 6 mil 400 pesos.
Los diputados que votaron a favor de la ley: José Luis Toledo Medina, Pedro Flota Alcocer, Maritza Medina Díaz, Juan Manuel Herrera, José Ángel Chacón Arcos, Filiberto Martínez Méndez, Mario Machuca Sánchez, Jesús Pool Moo, Berenice Polanco Córdova, Susana Hurtado Vallejo, Juan Carrillo Soberanis, Freyda Marybel Villegas Canché, Cora Amalia Castilla Madrid y Marcia Fernández Piña, del PRI; Remberto Estrada Barba y Pablo Fernández Lemmen Meyer, del PVEM; Emilio Jiménez Ancona, del Panal; y Sergio Bolio Rosado, del PAN.
–Con información de Luces del Siglo y PorEsto!
