Diversas asociaciones expresaron su «rechazo a la campaña de desprestigio y descalificación» en contra de Icaza y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estudia la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
México, 1 abr (EFE).- Organizaciones defensoras de derechos humanos en México pidieron hoy el «cese al hostigamiento» al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, denunciado por malversación de fondos públicos en la investigación del caso Ayotzinapa.
En una rueda de prensa celebrada en la capital, diversas asociaciones expresaron su «rechazo a la campaña de desprestigio y descalificación» en contra de Icaza y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estudia la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
México abrió una investigación previa a raíz de una denuncia penal presentada contra el secretario ejecutivo hace dos semanas por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega Sánchez.
Se trata de una denuncia por una supuesta malversación de los fondos públicos entregados al GIEI, que -según Ortega- estuvieron destinados a realizar actividades no vinculadas a su investigación sobre lo que ocurrido en septiembre de 2014 con los 43 jóvenes, que fueron asesinados e incinerados por un cártel, según la fiscalía.
El GIEI concluyó, a partir de un peritaje realizado por el experto en incendios José Torero, que no había evidencias científicas que confirmaran que los 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero.
Un peritaje realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) coincidió en que dicha incineración no se pudo producir, tras constatar una falta de consistencia «entre la evidencia científica y testimonial».
Las organizaciones civiles señalaron hoy que las querellas judiciales o el inicio de investigaciones «sin fundamentos» contra defensores de los derechos humanos pueden ser utilizados «como una forma de venganza hacia su labor o como una herramienta para amedrentarlos y paralizar su trabajo».
Pidieron que el Gobierno reconozca el trabajo del GIEI y que «asuma con responsabilidad las recomendaciones de instancias internacionales sobre derechos humanos», subrayó Aidé García, de Católicas por el Derecho a Decidir.
Asimismo, las asociaciones exigieron que se adopten las medidas necesarias para garantizar la labor segura de los defensores de derechos humanos en el país, ante la «alarmante situación» que viven por las agresiones, amenazas y hostigamientos.
Tras la denuncia presentada en su contra, Icaza dijo que México «se está poniendo en una regresión autoritaria», y que no hay precedentes de investigación previa sobre el secretariado ejecutivo de la CIDH, «ni en el Perú de (Alberto) Fujimori, ni en la Venezuela de (Hugo) Chávez». EFE
