La PGR se encuentra en estos momento sin un titular e inmiscuida en las acusaciones contra Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero. Sin embargo, tiene una serie de pendientes con víctimas de desaparición forzada y violación a derechos humanos. Desde hace tiempo, reclaman familiares y ONGs, no procura justicia y, por el contrario, está manchada de la crisis de impunidad y corrupción que ha marcado este sexenio.
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Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- Víctimas y organizaciones de la sociedad civil lamentaron que la crisis por la que atraviesa la Procuraduría General de la República (PGR)– sin titular– perjudique directamente la búsqueda de miles de víctimas de desaparición forzada y viole los derechos humanos de los migrantes.
En un posicionamiento emitido este día, decenas de organizaciones civiles y activistas señalaron que la PGR se encuentra sumergida en una crisis que se ha agravado tras la falta de un titular– desde octubre de 2017–, así como por sus múltiples fallas en las investigaciones y «acuerdos publicados al vapor», sin consultar a las víctimas. El caso más claro, señalaron, es la ley General en materia de Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Forzada por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
«Vivimos una institución que no sólo vulnera los derechos humanos de víctimas y personas imputadas», sino que es deficiente, lamentaron las ONGs.
Resaltaron que será difícil revertir la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos, por lo que urgieron al Senado de la República y al Presidente Enrique Peña Nieto a reformar de manera integral la PGR en una Fiscalía autónoma, independiente y eficaz que investigue delitos y sancione a las personas responsables, en términos del Dictamen Ciudadano presentado ante el Congreso de la Unión y los partidos políticos.
«Se requiere una institución que dé respuesta a miles de víctimas y ciudadanos/as frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos», subrayaron.
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Entre las fallas de la PGR que destacan las organizaciones es la falta de acceso a expedientes, cierre de averiguaciones previas relacionadas con violaciones graves a derechos humanos, la desacreditación de pruebas independientes, la falta de espacios de diálogo, el incumplimiento con las sentencias de amparo y la emisión de acuerdos sobre investigación de casos de desaparición forzada sin que se tomara en cuenta familias y organizaciones.
Las organizaciones solicitaron que en tanto se realicen las reformas estructurales que son necesarias para combatir, a fondo y de raíz, la impunidad en México, y urgieron la pronta designación un Procurador independiente –bajo procedimientos acordes a estándares internacionales y con amplia participación ciudadana– que sea la persona más capaz para enfrentar en estos momentos la crisis de la PGR.
Por último, pidieron que se reformen los acuerdos publicados el 16 de febrero a partir de un diálogo con colectivos de familiares, organizaciones y agencias de Naciones Unidas que sirva como primer paso para atender todas las fallas que han generado la debacle de la PGR.
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