El Gobierno del priista Eruviel Ávila Villegas debe aclarar qué hizo con lo recursos federales que no le pudo comprobar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) transferidos en 2015, y también con los más de 2 mil millones de pesos con los que aumentó la deuda pública de esa entidad entre 2015 y 2016, debido a que son años electorales, exigieron miembros de la oposición y analistas.
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Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– El Gobierno del Estado de México aumentó su deuda pública en más 2 mil millones de pesos y no pudo comprobar el uso de recursos federales por mil 943 pesos en años electorales, por lo que debe aclarar en dónde quedó ese dinero, exigieron políticos de oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y especialistas consultados por SinEmbargo.
De acuerdo con el “Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federales, Municipios y sus Organismos” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre 2015 y al cierre del tercer trimestre de 2016 el Gobierno del priista Eruviel Ávila Villegas incrementó la deuda pública –que se había sostenido durante su sexenio– 2 mil 271.40 millones de pesos, respecto al cierre de 2014, lo que colocó a la entidad en el quinto lugar entre las más endeudadas a nivel nacional.
El lunes pasado, el periódico Reforma publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que el Gobierno del Estado de México no pudo comprobar el paradero de mil 943 millones de 10 mil 529 millones de pesos de fondos y programas federales recibidos durante 2015, y que de 20 observaciones realizadas, el Gobierno de Eruviel sólo contestó tres.
“La ASF audita cerca del 4 o 5 por ciento del total del recurso federal que son trasladadores a las entidades federativas; si hubiese auditado más hubiese encontrado más irregularidades. A mi juicio ahí hay un desvío de recursos públicos que debe ser investigado […], la Auditoría está facultada para iniciar denuncias de oficio ante la Procuraduría General de la República [PGR] en contra quien resulte responsable”, dijo Octavio Martínez Vargas, secretario electoral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Martínez Vargas explicó que el incremento de la deuda pública coincide con las elecciones de 2015 en la entidad en donde se eligieron 125 ayuntamientos y a los diputados de la actual legislatura del Congreso del Estado.
“En el tema de esos más de 2 mil millones de pesos, en 2015 hubo elecciones en el Edomex y hubo la utilización de programas y recursos públicos para favorecer al PRI [Partido Revolucionario Institucional] y a sus aliados y mantener el control de las alcaldías con mayor número de electores. Eso es evidente, no puede explicarse cómo se entregaron miles de pantallas, se pintaron miles de casas, se entregaron tarjetas monedero, vales canjeables. Es decir, es muy probable que ese recurso que está marcado en 2015 como deuda, haya sido utilizado para fondear a los candidatos del PRI, eso se tiene que esclarecer y sancionar”, explicó.
La Secretaría de Hacienda registra que ese endeudamiento se mantuvo hasta el tercer trimestre de 2016, pues en el cuarto trimestre del año pasado el Edomex tiene una deuda de 36 mil 836.8 millones de pesos, es decir 4 mil 941.90 millones de pesos menos que el trimestre anterior.
Sin embargo, de acuerdo con Raymundo Tenorio Aguilar, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, la disminución de la deuda en un trimestre no quiere decir que el Gobierno de Eruviel Ávila haya pagado esos casi 5 mil millones de pesos.
“El 60 por ciento de la deuda que los gobiernos estatales firman están garantizadas con transferencias desde la Federación. Cuando un Gobierno estatal, como lo que vemos ahí, baja la deuda, no es que haya tenido dinero para pagar esa parte de deuda, es que las transferencias que le corresponden en ese momento se las deducen de la deuda que tiene”, expuso Tenorio Aguilar.
En cuanto al incremento de deuda de 2016 puede explicarse por la toma de posesión de los nuevos ayuntamientos que encontraron problemas por mal uso de los recursos públicos y pasivos a proveedores de las administraciones pasadas, por lo que requirieron que el Gobierno estatal les inyectara dinero, agregó Martínez Vargas.
“Es increíble que el estado que tiene el presupuesto más grande del país, cerca de 271 mil millones de pesos al año, no pueda traducir eso en niveles de bienestar para los ciudadanos y sea de los más pobres […]. La Auditoría Superior debe llamar a responder ante la justicia a los servidores públicos y si gana cualquier partido de oposición la gubernatura debe llamar a cuentas a los gobiernos priistas, de lo contrario sería cómplice”, dijo.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) afirma, de acuerdo con su último estudio que data de 2014, que el 46.6 por ciento de la población en la entidad vive en situación de pobreza, es decir 8 millones 269 mil personas; mientras que 23.7 por ciento –4 millones más– de los mexiquenses son vulnerables por carencias sociales, y 9.3 por ciento –1 millón 554 mil personas– son vulnerables por el ingreso.
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RECURSOS PÚBLICOS PARA COMPRAR VOTOS
Martínez Vargas insistió que el Gobierno del Estado de México y el Gobierno federal mantienen una operación de la compra del voto de cara a las elecciones de junio, cuando se elegirá un nuevo Gobernador o Gobernadora para la entidad.
“Todos los días y en todas las calles están expidiendo recursos públicos para favorecer al candidato oficial [Alfredo Del Mazo Maza]. Hemos identificado que se están inscribiendo gente al programa de empleo temporal. Sólo en Ecatepec de 500 beneficiarios que había, ahora habrá 15 mil que recibirán un apoyo quincenal entre 2 mil y 5 mil pesos de aquí a junio”, reveló.
El Secretario Electoral del PRD denunció en diciembre pasado que el Gobierno federal aprovechaba la época decembrina para realizar “Ferias Comunitarias” en los municipios más pobres de la entidad y repartir despensas y monederos electrónicos que iban de los 2 mil 500 a los 5 mil pesos.
Las ferias eran encabezadas en ocasiones por Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Francisco Guzmán Ortiz, Jefe de la Oficina de Presidencia, acusó el perredista.
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Hace unos días Josefina Vázquez Mota, precandidata a la gubernatura del Estado de México por el Partido Acción Nacional (PAN), dijo en entrevista con SinEmbargo que de llegar al poder en la entidad mexiquense llamará cuentas y auditará a los gobiernos priistas.
“Sin duda. Yo no había tenido esta oportunidad de contender por una gubernatura, como en los próximos días todo indica que así será, pero sí he tenido la responsabilidad de estar en cargos en el Gobierno federal y en la Cámara de Diputados y está esto que llama una entrega-recepción: las cuentas se revisan puntualmente, se hace un corte de caja para saber y dar a conocer a todos los ciudadanos las condiciones en las que estamos recibiendo el estado. Se hará como la Ley lo manda, y como debe ser el procedimiento correcto para saber qué se ha hecho, qué estamos recibiendo e informarlo a la ciudadanía”, afirmó.
Este diario digital solicitó a Delfina Gómez Álvarez, precandidata a la gubernatura por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), una opinión sobre los hallazgos encontrados por la ASF y el incremento de la deuda en el Edomex, pero se informó que por motivos de agenda hasta hoy durante el día podría dar una postura.
ERUVIEL DEBE DAR LA CARA
Mauricio Merino Huerta, profesor-investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que el hallazgo de la ASF es grave, debido a que no se cumple con el ciclo presupuestario y “cabe la posibilidad de que esos dineros hayan sido utilizados discrecionalmente para fines diversos a los que originalmente estaban dirigidos”.
En cuanto a la deuda, aclaró que la gravedad no reside en el monto tal cual, sino que sea utilizada con ausencia de reglas, vigilancia, sin fiscalización y supervisión que permita dar cuenta del uso que se hace del recurso, así como de sus resultados.
“Es grave que la Auditoría llegue a estas conclusiones en cualquier caso, pero es mucho más grave que sigamos sin entender que la transparencia es un recursos estratégico para gobernar mejor, no es un recurso electoral para crear el siguiente escándalo de la semana”, consideró.
Pero el economista Raymundo Tenorio opinó que si el Gobierno de Eruviel Ávila no aclara el paradero de los recursos públicos, tanto de deuda como el dinero transferido del Gobierno federal, sin duda la opacidad impactará en los votos para el PRI.
“Si no transparenta más votos va a perder el partido en el poder, porque eso pesa en el sentir del votante, más aún si la oposición utiliza esa información para hacer ver que el dinero se lo están robando”, dijo.
