“Desde la sociedad civil, hay una alta expectativa puesta en los poderes judiciales, para seguir avanzando en dirección del fortalecimiento del acceso a la justicia de personas migrantes y sujetas de protección internacional.”

Nancy Pérez García

Las personas en movilidad internacional están expuestas a distintos procedimientos judiciales y administrativos que tienen implicaciones directas sobre la garantía y el ejercicio de sus derechos humanos, es frecuente que esta clase de procedimientos se distingan por contar con un alto grado de arbitrariedad estatal, frente a la cual la población tiene un margen de respuesta nulo y en el mejor de los casos mínimo. A menudo estos procedimientos tienen múltiples obstáculos, tanto de iure como de facto, que impiden un goce de derechos en un plano de igualdad con los nacionales.

El pasado 19 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebró el Tercer Foro Regional con el tema de la Justicia en la agenda de migración y protección internacional. Iniciativa impulsada en conjunto con Sin Fronteras que busca generar un mayor interés en los impartidores de justicia por la aplicación de las normas y estándares de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados para mejorar la protección de estas poblaciones.

Este foro sirvió de plataforma para hacer de conocimiento a quienes participan en el funcionamiento de los sistemas judiciales, herramientas de consulta que permitan avanzar en la observancia de los estándares más protectores de origen nacional y regional; en el conocimiento de las particularidades de estos grupos de población y propiciar un diálogo entre Cortes a través de la discusión de sentencias dónde se comparta, cómo se están protegiendo los derechos de estas personas en los poderes judiciales de la región.

LA SCJN sin duda ha impulsado y desarrollado una serie de herramientas e iniciativas en colaboración con diversas instituciones, encaminadas a favorecer que estos grupos de población, conozcan y ejerzan con plenitud, ante el sistema de justicia mexicano y de la región, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional y el internacional.

Dichas acciones toman hoy una especial relevancia, en el marco de las discusiones de los Pactos Globales sobre Migración y Refugiados, ya que son buenas prácticas MUY CONCRETAS a compartir con el mundo y un paso en la responsabilidad que tiene México al ser el principal país a escala mundial de origen de migrantes.

Desde la sociedad civil, hay una alta expectativa puesta en los poderes judiciales, para seguir avanzando en dirección del fortalecimiento del acceso a la justicia de personas migrantes y sujetas de protección internacional. En el caso particular de México, un paso de primer orden tiene que ver con el acceso de esta población al servicio de la defensoría pública, que incluya además de los deportados mexicanos, a los extranjeros que se encuentran en México.

Se necesita avanzar para que las resoluciones y acciones contribuyan a disminuir la distancia entre lo reconocido y la praxis judicial. Para que sea una realidad la obligación de los Estados a respetar y garantizar los derechos humanos de estos grupos de población, independientemente de su situación migratoria. Los impartidores de justicia tienen el poder y la responsabilidad en sus manos de humanizar la impartición de justicia. Por ello celebramos desde Sin Fronteras, a los ganadores del Premio Sentencias 2017.

@Sinfronteras_1

Nancy Pérez / Sin Fronteras

https://www.sinembargo.mx/author/nancysinfronteras/

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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