Con al menos diez reporteros asesinados en 2017, observadores internacionales consideran que el país vive una seria crisis para la libertad de expresión. En México, además, los riesgos se multiplican para aquellos que trabajan sin editores, sin medios de comunicación que les respalden y sin la ayuda o el asesoramiento necesario si se encuentran en peligro.
Gumaro Pérez enviaba notas a varios portales e incluso abrió el suyo propio: La voz del Sur. En paralelo, hace unos años empezó a colaborar también con el Alcalde de Acayucan, Marco Antonio Martínez, para quien lo mismo hacía de chofer que de fotógrafo o asistente personal, aunque no estaba en la nómina del Ayuntamiento y no está claro cómo se le pagaba, explicó Jorge Morales, de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, un organismo gubernamental.
ADEMÁS
Ciudad de México, 1 de enero (AP).- Para unos, Gumaro Pérez era un experimentado reportero de trato amable, apodado “el hombre rojo” por su cobertura de temas policiacos en Acayucan, Veracruz, uno de los estados mexicanos más peligrosos tanto para la prensa como para la sociedad en general.
A ojos de la fiscalía del estado, sin embargo, era un presunto colaborador del crimen organizado que tuvo un final macabro: hombres armados, supuestamente de un grupo rival, irrumpieron el 19 de diciembre en la escuela de su hijo de 6 años, en plena fiesta navideña, y le dispararon a bocajarro.
En cualquiera de los casos, el brutal crimen cometido a plena luz del día dejó al descubierto el complejo escenario en el que se mueve la prensa en varios estados mexicanos, incluidas las zonas donde las organizaciones criminales controlan a autoridades corruptas, aterrorizan a la población y se sienten libres de amenazar y asesinar a periodistas con total impunidad.
Muchas veces, ser periodista en estos lugares supone escribir o subir fotografías en portales de internet muy rudimentarios o en una página de Facebook; en otras ocasiones, significa trabajar a tiempo parcial para pequeñas publicaciones con salarios insuficientes para vivir y que obligan a tener otros empleos. Algunos son taxistas o tienen pequeños negocios. Otros trabajan para gobiernos locales. Y no puede descartarse que alguno esté en nómina de los cárteles o de las autoridades corrompidas por el crimen, aunque sean una minoría.
Con al menos diez reporteros asesinados en 2017, observadores internacionales consideran que el país vive una seria crisis para la libertad de expresión. En México, además, los riesgos se multiplican para aquellos que trabajan sin editores, sin medios de comunicación que les respalden y sin la ayuda o el asesoramiento necesario si se encuentran en peligro.
“Está claro que eso les hace más vulnerables”, asegura Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York.
ADEMÁS
Y cita el caso de Moisés Sánchez, un reportero de Veracruz que con el dinero que sacaba como taxista imprimía su propio periódico. Fue decapitado y mutilado en enero de 2015 por motivos que -el CPJ confirmó- se debían a su labor informativa en un pequeño y violento pueblo de ese estado.
“No tenía ningún apoyo institucional así que cuando empezó a recibir amenazas de muerte, nadie le respaldó”, lamenta Hootsen.
El último reportero asesinado, Gumaro Pérez, de 34 años, empezó muy joven a trabajar para el Diario de Acayucan, en la localidad del mismo nombre, de menos de 100 mil habitantes. Ubicada en el sur del estado y cerca del Golfo de México, es una región rica en petróleo y corredor estratégico de tráficos ilegales que, según los expertos, actualmente se disputan los carteles de los Zetas y de Jalisco Nueva Generación.
“Entonces era un muchacho trabajador”, cuenta el subdirector del Diario de Acayucan, Cecilio Pérez, quien no tiene ninguna relación familiar con Gumaro. Después, asegura, le perdió la pista por mucho tiempo.
Gumaro Pérez enviaba notas a varios portales e incluso abrió el suyo propio: La voz del Sur. En paralelo, hace unos años empezó a colaborar también con el Alcalde de Acayucan, Marco Antonio Martínez, para quien lo mismo hacía de chofer que de fotógrafo o asistente personal, aunque no estaba en la nómina del Ayuntamiento y no está claro cómo se le pagaba, explicó Jorge Morales, de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, un organismo gubernamental.
El Alcalde no contestó a reiteradas solicitudes de entrevista para este artículo.
Y según varios periodistas locales entrevistados por The Associated Press, Gumaro Pérez, parecía tener un trabajo más: vigilar a sus colegas y coaccionarles para que publicaran o callaran información de acuerdo a los intereses del cartel de los Zetas.
Dos reporteros de Acayucan, que pidieron el anonimato por cuestiones de seguridad personal, dijeron a la AP haber recibido llamadas intimidantes de Gumaro.
En una de esas conversaciones, supuestamente pidió al reportero “bajar una nota” o en caso contrario pasaría su teléfono “a ya sabes quién y que se comuniquen contigo”. Esas palabras sonarían inofensivas en otros lugares, pero en zonas controladas por el crimen organizado pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte.
“Los periodistas de Acayucan vivían aterrorizados y en una angustia constante con ese sujeto”, dice Ignacio Carvajal, un veterano reportero que cubre la zona, y asegura que ese patrón se reproduce en otras partes del estado, donde prevalece la “narco-política”. Para él, “no es un caso aislado”.
La fiscalía de Veracruz lanzó su versión sobre los supuestos nexos de Gumaro con el crimen 24 horas después del homicidio. Hasta ahora no ha presentado pruebas y se limitó a decir que su versión se basa en conversaciones extraídas de su celular y registros de visitas a un líder criminal preso.
Sus allegados han negado cualquier implicación con la delincuencia. “Para mí y mi familia, mi hermano era una persona muy decente que caminaba con la frente en alto y al que muchos admiraban”, afirmó su hermana, Maribel Pérez, durante el velorio.
Fidel Pérez, un reportero que tampoco tiene vínculos familiares con Gumaro, dijo conocerle hace casi diez años y que era un hombre tranquilo, que vivía sin los lujos que se presuponen en alguien implicado con el narco. A su juicio, el señalamiento de la fiscalía fue “muy precipitado, muy aventurado”, sin haber investigado nada más.
La fiscalía no ha dado tampoco ningún dato que apunte a que su homicidio pudo ser consecuencia de alguna historia que publicó. Unas de sus últimas notas fueron sobre asuntos policiales enviadas al portal Golfo Pacífico en septiembre y octubre de 2017. Virgilio Reyes, director de la página, dijo que después de eso dejó de colaborar porque estaba ocupado con sus trabajos para el Alcalde.
En México, cuando matan a un periodista, es común que las autoridades intenten desvincular su labor informativa del móvil del crimen e incluso empañar la imagen de la víctima, lo que ha llevado a que muchos duden de las versiones oficiales.
Y aunque Carvajal es de los que cree que Gumaro Pérez hacía “lobby” para el crimen, también considera que el pronunciamiento de la fiscalía huele a querer apaciguar el golpe político de un asesinato brutal, en lugar de hacer una verdadera investigación que esclarezca la verdad. “Sean buenos o sean malos periodistas, lo que queda al final del día es impunidad”, sentenció.
Muchos analistas consideraban que la peor época para la prensa en Veracruz fue con el anterior Gobernador, Javier Duarte (2010-1016), actualmente preso bajo cargos de corrupción y lavado de dinero.
Sin embargo, la llegada de un nuevo Gobernador -de otro partido- no mejoró la situación: al menos tres periodistas veracruzanos han sido asesinados este año. Las muertes han ocurrido en medio de una oleada creciente de violencia en Veracruz y otros estados del país, no vista desde los peores años de guerra frontal contra el crimen organizado.
“En un estado como Veracruz, si la violencia ha crecido y la impunidad ha crecido, incluso si hay un cambio de administración, la situación para los periodistas no cambia de forma significativa”, dice Hootsen.
Y advierte que el peligro es que si no se investigan adecuadamente los asesinatos de informadores, “casos aislados podrían usarse para criminalizar y generar un ambiente más hostil” contra un gremio que ya se encuentra muy acosado.
El principio de la “descomposición” de Veracruz comenzó hace más de una década, explicó Jorge Morales, de la comisión estatal para periodistas, cuando el cártel de los Zetas penetró en las estructuras políticas y de seguridad y fracturó el estado de derecho. La creciente violencia que se vive hoy, añadió, es la “metástasis” de ese cáncer.
Los días posteriores al asesinato de Gumaro Pérez, Acayucan parecía estar en relativa calma y con los patrullajes policiales habituales. Sin embargo, pocos se atrevían a hablar y los que lo hacían aseguraban que la ciudad está al rojo vivo.
“Desde inicios de año es demasiado”, afirmó Lilia Domínguez, cuya casa está justo frente a la primaria donde se cometió el homicidio. “Matan aquí, matan allá…”
Uno de los reporteros que presuntamente fue víctima del acoso de Pérez asegura que no hay motivo para sentirse ahora más seguro. El crimen organizado sigue presente en la ciudad y dice que nunca se sabe qué posición asumirá la autoridad.
“Su muerte solo deja miedo”.
